En cuanto a los múltiples casos de abuso sexual en el país actualmente, y la manera de que el sistema de (in)justicia defiende, protege, y favorece a los violadores, parece que el sistema tiene cara del Presidente de la República. Para citar un solo caso, entre los centenares de casos pendientes: Un predicador y ex-pastor de una iglesia en la comunidad campesina del Arenal, municipio Masatepe, fue capturado en noviembre, 2010 por violación agravada contra su hijastra de diez años . . .
El 10 de enero de este año, el Fiscal Erick Saldaña, en vez de defender a la niña violada, y contra todas las normas legales,* pidió a la Jueza Gladys González casa por cárcel para el violador, Fernando Méndez Ampié. La Jueza González accedió a la petición del Fiscal y . . . se huyó el violador. Cuando Méndez Ampié no apareció para la Audiencia de Juicio el 8 de marzo, el juez trató de simplemente programar una nueva fecha para la audiencia. La comunidad del Arenal se presentó con el Centro de Mujeres de Masaya, exigiendo que el juez dé orden de captura al violador Méndez Ampié. Al fin el juez, en una audiencia especial, ordenó la captura del violador. (La abuela de la niña violada tuvo que llevar la orden a la policía de Nandasmo y Masatepe porque el juez y fiscal se negaron a llevarlo.)
Aún con orden de captura, la policía se negó a capturar al violador. Frente a esta actitud de la policía, y con el temor que el violador iba a tratar de salir del país, la mamá y abuela de la niña, con el apoyo de la comunidad del Arenal, consiguió de parte de la Jueza Michelle Campos una orden de Retención Migratoria contra el violador el 4 de abril.
El 14 de abril, a pesar de la orden de Retención Migratoria, Migración le dejó salir a Méndez Ampié a Costa Rica, a través de San Carlos.
Frente a una situación en que los mejores amigos del violador Méndez Ampié son la Fiscalía—facilitando su huida; la Policía—negándose a capturarlo; y Migración—dejándolo escapar para Costa Rica, la familia y comunidad tienen ningún otro recurso sino buscar al violador por sí mismas, a través de amigas/amigos y grupos no-gubernamentales. Esta experiencia de la familia y comunidad del Arenal es una experiencia repetida en centenares de casos en todas partes del país. Una situación triste, vergonzosa, y imperdonable.
Parece que el sistema actual de (in)justicia en el país—que defiende, protege, y favorece a los violadores de niñas y mujeres—tiene cara del Presidente Ortega.
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*”A los judiciales se les ha explicado que los procesados por violencia intrafamiliar, violencia sexual . . . no deben ser favorecidos con arresto domiciliar” (Magistrada Alba Luz Ramos, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia).
Francisco López
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