La Coalición por la Corte Penal Internacional, CPI, demandó a los presidentes Daniel Ortega, de Nicaragua y Mauricio Funes, de El Salvador, que se “adhieran sin más demora al Estatuto de Roma, tratado fundacional de la Corte”, único tribunal con capacidad internacional permanente de juzgar a personas involucradas en crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
La Coalición, una red de 2,500 organizaciones con sedes en alrededor de 150 países del mundo, envió la correspondencia a los dos mandatarios centroamericanos, explicándoles “la importancia de la labor que desempeña la sociedad civil en ambos países, quienes, junto con otros actores claves, han continuado llevando a cabo esfuerzos para asegurar que los procesos de adhesión permanezcan dentro del debate nacional”.
Francesa Varda, Coordinadora para las Américas de la CCPI, apuntó que la no unión de ambas naciones se debe “al temor- infundado- de que la CPI pueda investigar los crímenes del pasado. Siempre se escuchan voces detractoras que intentan generar dudas, pero lo cierto es que esta es una Corte que mira hacia el futuro y sólo puede conocer de una situación ocurrida a partir del 1 de julio de 2002. Esa premisa básica no se puede cambiar”, arguyó.
Nicaragua y Estados Unidos son los únicos países miembros de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que han incluido una reserva a la declaración anual que emite la OEA sobre la promoción de la Corte Penal Internacional, detalló el comunicado.
El Salvador se ha mostrado más dispuesto a unirse a la CPI, pues envió una delegación oficial a la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma celebrada en Kampala, Uganda en junio de 2010, en calidad de observador, y organizando distintos foros desde Cancillería para tratar temas vinculados a la Corte.
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH, recomendó al mandatario Daniel Ortega, “mostrar un real compromiso con las víctimas de crímenes de lesa humanidad en todo el planeta, y promover la ratificación del Estatuto. Esta es una tarea urgente que no debería quedar pendiente ya que representa la mejor manera de mostrar un compromiso por la paz y la erradicación de la impunidad”, concluyó Núñez.
La Coalición por la CPI aboga por una Corte justa, efectiva e independiente. Y propone hacer que la justicia sea tanto visible como universal y fomentar la adopción de leyes nacionales más efectivas que le brinden justicia a las víctimas de los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
Actualmente 117 naciones forman parte de la CPI, de los cuales 27 se encuentran en las Américas. El principio de complementariedad es central para el cumplimiento del mandato de la Corte y sostiene que la Corte sólo podrá intervenir si los sistemas legales nacionales no son capaces o no tienen la intención de investigar y procesar a los presuntos responsables.
A la fecha, la CPI ha abierto investigaciones en seis países: la República Centroafricana, Darfur, Sudán, Uganda, la República Democrática del Congo, Kenia y Libia, y ha emitido públicamente 18 órdenes de arresto y 9 órdenes de comparencia.
Existen tres juicios en marcha, y el Fiscal de la CPI ha solicitado en junio autorización para iniciar una investigación en Costa de Marfil.
Asimismo, la Fiscalía de la CPI ha dicho públicamente estar examinando nueve situaciones en cuatro continentes: Afganistán, Colombia, Costa de Marfil, Georgia, Guinea, Honduras, Nigeria, Palestina y República de Corea.
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