Crímenes

Sofía Montenegro

• Criminología

Dado que la criminología es la ciencia que se ocupa de estudiar los aspectos sociales, jurídicos y policiales de cualquier hecho delictivo, me parece que como ciudadanos estamos siendo obligados a convertirnos en expertos en el tema, a partir de la sucesión de hechos en contra de la ley que realizan las pretendidas autoridades de este país. Una vieja definición  de crimen dada por el sociólogo y anarquista español Agustín Hamon (1898) dice que el crimen es “todo acto consciente que lesiona la libertad de obrar de un individuo”. Un acto consciente es un acto en que el autor tiene conocimiento en el momento que lo comete. De manera que en esta categoría caen tanto el acto de un individuo que mata a otro, como alguien que viola, golpea o roba, pero también aquel individuo que abusa del poder que los ciudadanos le concedieron dentro de los límites de la ley o el que se apodera del poder contra la voluntad de la colectividad.  Así pues, todo individuo consciente de un acto-lesión es criminal, a causa de su conciencia. Podemos afirmar entonces que en Nicaragua el gran factor criminógeno –que favorece cualquier fenómeno criminal- es quien ejerce la presidencia del país, dado que su móvil (la permanencia en el poder por medios ilícitos e ilegales) ha llevado a otros poderes, autoridades y subordinados a ser “cooperadores necesarios” o cómplices de una serie de delitos. La evidencia,(certeza clara y tan perceptible de una cosa, que nadie puede racionalmente dudar de ella), puede encontrarse en todos los actos del gobierno. 

• Violación y asesinato de la Cn

El record de violaciones a la Constitución, la candidatura ilegal del presidente, los magistrados de facto, el fraude electoral y el ultimo re-nombramiento ilegal de la jefa de la Policía Nacional, así como la negación de los derechos ciudadanos, son en su conjunto crímenes de lesa humanidad,puesto que por su premeditación (es planificado anticipadamente), alevosía (con ventaja por el uso del poder) y saña (reiterada violación y múltiples puñaladas) es un verdadero asesinato contra la Carta Magna, hecho que nos injuria y elimina como ciudadanos.  Típicamente, estos crímenes son realizados por funcionarios estatales y miembros de la organización política en el poder y representan un ataque generalizado y sistemático, no militar, contra la ciudadanía y sus derechos. Es también un crimen de “lesa soberanía” dado que de acuerdo a la Constitución, la soberanía no reside en Daniel Ortega, sino en los ciudadanos, de conformidad a la Constitución y a las leyes.  Todos los funcionarios y apologistas de la violación y asesinato de la Cn, no pueden alegar ignorancia, fingir demencia o alegar “supremacía” de sus capacidades, todos están conscientes de que lesionan la libertad de los demás. Son pues cómplices del autor de estos crímenes.

• La desinstitucionalización de la Policía

Lo ocurrido con la “prórroga” de Aminta Granera como jefa de la Policía, es un síntoma grave de lo que sucede en el país y con esa institución, pues se trata a todas luces de un nuevo hecho de usurpación de funciones, puesto que ni Ortega está facultado por la Cn ni ley alguna para extenderle el período ni se lo permite la propia Ley 228 de la Policía.  El cuento de que es por los logros de la PN bajo la jefatura de Granera, no es ninguna justificación para violar la ley: antes otros jefes con idénticos o mayores méritos y logros, pasaron a retiro al cumplir su período. Indicaría además que no hay sustitutos competentes y que los susodichos logros no se deben a toda la institución, sino a una persona. Aparte de eso, estos se centran en operativos internacionales contra el narcotráfico, pero son pobres en relación a la seguridad ciudadana, si no pregúntenle a la gente en los barrios. El argumento de que “podría llegar otro peor o fanático orteguista” le hace un flaco favor a la Policía, pues revela que no hay profesionalismo y que los potenciales sustitutos de Granera provocan desconfianza y miedo. Resultó ridícula la puesta en escena de la entrega del bastón de mando y la posterior “devolución” que le hizo Ortega. La Comisionada Granera no tenía que ejercer “obediencia debida” a una propuesta corruptora e ilegal de parte de quien insistió en llamar “el comandante supremo” de la Policía.  Le tocaba haberse negado a usurpar funciones y no ser cómplice del delito, como la persona íntegra que aparentaba ser. Descanse en paz la institucionalidad de la Policía.

• El asesinato de la lógica

Pero no sólo ha caído la institucionalidad de la Policía, sino también su profesionalismo. El asesinato atroz del padre Marlon Pupiro dejó en evidencia de parte de la Policía una de las respuestas más confusas, chapuceras e inconsistentes que se le haya dado a un crimen de este tipo, puesto que la exposición de los hechos no tiene ninguna lógica y en vez de esclarecer el caso, lo ensombrece. La lógica, como se sabe, es el orden que ha de tener el entendimiento en su movimiento hacia la verdad. Más pareciera que hay una “racionalización”, es decir, un proceso no de percibir la realidad, sino de intentar hacer que la realidad se adapte a las propias necesidades. Si uno compara por ejemplo, como la Policía destapó de manera rápida, eficiente y con pruebas, el caso del fraude de la DGI y a Walter Porras y que significó la caída de Lenin Cerna, uno cae en cuenta que en las investigaciones policiales de ciertos escándalos y crímenes, hay un sesgo hacia los intereses del poder, más que de la verdad. En el caso del padre Pupiro parece estar funcionando una lógica oculta que hace incomprensible e inverosímil el relato policial, tanto para la opinión pública como para la arquidiócesis de Managua. ¿Cuál es la lógica oculta en la muerte de Pupiro?  ¿Su asesinato es un mensaje cifrado? Y si es así, ¿de quién, para quién y por qué?