Mucha gente sabía en Buenos Aires que el apoderado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, de 53 años, el hombre con gafas oscuras, siempre al lado de Hebe de Bonafini, andaba en avión privado, tenia un Ferrari e, incluso, paseaba en yate por el río de la Plata. También que el dinero que manejaba podía estar saliendo de los cuantiosos fondos públicos que entregaba el Gobierno a la asociación para realizar obras sociales. Mucha gente lo sabía, pero nadie hizo nada, hasta que el escándalo estalló con toda su fuerza y en pocos días alcanzó a la propia Hebe, presidenta de la asociación y el mejor exponente de los problemas que existen en Argentina con grupos de defensa de los derechos humanos, a los que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y buena parte de la sociedad, han considerado, hasta ahora, ajenos a cualquier control o crítica.
En el caso de las Madres, la organización más famosa y activa, dos diputadas de Coalición Cívica presentaron hace ya un año una solicitud para investigar el destino que se estaba dando a los cuantiosos fondos públicos que recibía, pero nadie se sintió con ánimo para abrir el caso y enfrentar a Hebe. Según ella, eran "pelotudeces". Hoy, esta mujer de 82 años, que encarnó como nadie la resistencia a la dictadura, tiene que explicar que no conocía los manejos corruptos de sus protegidos y defenderse alegando que es una mujer anciana, engañada y estafada. Arrastrada por el tumulto, De Bonafini reclama ahora que Sergio Schoklender y su hermano Pablo, que también trabaja en la fundación, sean castigados duramente. "Esos malditos tienen que ir a la cárcel para siempre", se despachó el viernes. Nadie le acusa a ella de haberse beneficiado del dinero sustraído, pero sí de haber permitido tanto descontrol. Claro que la acusación alcanza también, de lleno, a los ministerios de donde salió el dinero, incapaces de seguirle el rastro.
El escándalo Schoklender tiene todos los elementos para pasar por un folletín, pero es una tragedia. Una historia triste que sucede en una sociedad herida, que todavía no termina de arreglar sus cuentas con la brutal dictadura cívico-militar que padeció de 1976 a 1983. Treinta y cinco años después, el tema de los derechos humanos sigue siendo en Argentina, mucho más que en otro país latinoamericano, objeto de disputas y, lo peor, sigue formando parte de la lucha partidaria cotidiana. Para la oposición, gran parte de la responsabilidad recae en el fallecido presidente Néstor Kirchner, que reclamó la defensa de los derechos humanos como si fuera patrimonio exclusivo de su Gobierno, en lugar de un empeño nacional, y en algunos grupos sociales e intelectuales conformes con ese estado de cosas.
Hebe de Bonafini es un caso paradigmático. En febrero de 1977 fue secuestrado su hijo mayor, Jorge. Diez meses después desapareció su otro hijo, Raúl. Al año siguiente fue su nuera, la esposa de Jorge, la que fue capturada. "Yo era una mujer del montón, un ama de casa más. No sabía muchas cosas, no me interesaban. La cuestión económica, la situación política, me eran totalmente ajenas", explicó ella misma. Pero tuvo el suficiente coraje como para ayudar a fundar el grupo de madres de desaparecidos que rompió el silencio manifestándose, día tras día, ante la Casa Rosada, con pañuelos blancos que las identificaron para siempre. Con la llegada de la democracia, y a diferencia de algunas de sus compañeras, Hebe decidió asumir la ideología revolucionaria de sus hijos y acompañar sus reclamaciones por los derechos humanos con una activa propaganda antinorteamericana y anticapitalista. La batalla interna dentro de la organización finalizó con la salida de un grupo que pasó a llamarse "Línea Fundadora" y la creación de las Abuelas de Plaza de Mayo, que preside Estela de Carlotto, y que se concentra en la localización de los bebés secuestrados por la dictadura y dados ilegalmente en adopción.
Poco a poco, De Bonafini fue aumentando su participación en la vida pública y su agresividad: defendió a ETA, se alegró sinceramente por el atentado de las Torres Gemelas y arremetió con vehemencia contra quienes criticaran a Néstor y Cristina Kirchner, sus grandes protectores. Todo quedaba disculpado en la izquierda argentina. "Dura, exagerada, inclemente, extrema, caprichosa, injuriosa como solo sabe injuriar quien fue brutalmente dañado, todo eso ha sido la voz de Hebe", escribe el filósofo Ricardo Foster, cercano al oficialismo. "Pero también ha sido una voz de la memoria, de la recuperación de valores que fueron pisoteados por el odio de los poderosos", agrega.
En ese ambiente, y sin que nadie le ayudara a ponerse límites, Hebe de Bonafini fue creciendo y, con ella, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, que pasó a desarrollar diversas obras sociales, entre ellas la construcción de viviendas de bajo coste, y a disponer de una radio y una universidad. Por cosas misteriosas de la vida, esta madre despojada de sus hijos fue a caer en manos de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, que, cuando tenían 23 y 20 años respectivamente, asesinaron a golpes a sus padres, Mauricio, ingeniero y empresario, y Silvia, una mujer que se movía en la alta burguesía porteña. Hebe conoció a Sergio en la cárcel y rápidamente le ofreció trabajo para que pudieran disfrutar de libertad condicional. Nunca quedaron claros los motivos del doble parricidio. Se sabe que Sergio quiso asumir toda la responsabilidad y que su hermano Pablo, huido y finalmente condenado también, le escribió una carta conmovedora en la que expresaba su afecto y admiración.
El caso Schoklender, famosísimo en Argentina, tuvo un final feliz, se dijo, porque Sergio se hizo abogado y psicólogo en sus años de cárcel, y porque tanto él como su hermano decían haber encontrado la paz trabajando con De Bonafini, con quien mantenían una relación casi filial. Sergio se convirtió en un eficiente apoderado, empeñado aparentemente en desarrollar la Misión Sueños Imposibles y construir centenares de viviendas sociales. Tras las bambalinas, la realidad era mucho más amarga y los hermanos Schoklender pueden haber estado creando un entramado de empresas paralelas que actuaban de intermediario y cobraban de los fondos, unos 300 millones de dólares (210 millones de euros), que proporcionaba el Gobierno y cuyo rastro intentan seguir ahora jueces, fiscales y auditores. El final, en definitiva, no ha podido ser menos edificante: policías y funcionarios judiciales allanaron esta semana la sede de Madres de Plaza de Mayo, un lugar que hasta hace unos días inspiraba un respeto reverencial, en busca de documentos que den pistas sobre un posible lavado de dinero.
No hay comentarios:
Publicar un comentario