Han pasado dos semanas desde las elecciones presidenciales y legislativas del pasado 6 de noviembre y los nicaragüenses siguen sin saber a ciencia cierta qué pasó con sus votos y cuál fue el verdadero resultado de la elección. Los observadores más experimentados sostienen que nunca se sabrá, porque además de que el FSLN contó a solas los votos en un porcentaje significativo de juntas (30% aproximadamente), el proceso de escrutinio fue “opaco” y la presentación de resultados “no permite ser verificada”, como admite la misión de Observadores de la Unión Europea.
Sin embargo, al menos tres preguntas están sobre el tapete: ¿Cuál fue la dimensión del fraude y cómo impactó en la elección presidencial y en el número de diputados que obtuvieron el FSLN y la alianza PLI? ¿Por qué el Consejo Supremo Electoral nunca publicó el resultado particular de cada una de las Juntas Receptoras de Votos, como obliga la ley? ¿Existe un patrón diferente de resultados, entre las Juntas en las que la oposición sí pudo ejercer fiscalización, y aquellas en las que el FSLN contó los votos a su gusto y antojo?
Hasta ahora existen claros indicios de que en Jinotega y Chontales, por ejemplo, el PLI obtuvo una mayoría de votos, pero el conteo oficial le da la ventaja al FSLN, despojando a la oposición de un diputado en cada departamento. Según las actas en poder del PLI en estos departamentos, el oficialismo “gana” la elección en aquellas juntas en las que el PLI no tuvo fiscales porque tiene resultados que duplica o triplica a los del PLI. No obstante, hasta ahora el PLI no ha presentado todas las evidencias que permitan proyectar de qué forma este patrón se reprodujo a nivel nacional, y cómo impactó en otros departamentos.
Sergio Álvarez es el fiscal nacional de la Alianza PLI y sobre sus hombros está el difícil trabajo de reunir la información que permita comprobar que el conteo de los votos depositados el 6 de noviembre fue amañado. En las oficinas de la Alianza se acumulan actas de escrutinio que fueron “rescatadas” por los fiscales electorales, y a partir de este cúmulo de información los analistas de esta organización opositora pretenden demostrar que en Nicaragua sí hubo fraude.
Álvarez sostiene que la Alianza PLI no pudo fiscalizar el conteo de votos en 40% de las JRV de todo el país, ya sea porque sus fiscales no fueron correctamente acreditados, se les impidió la entrada durante la conformación de las mesas electorales, o fueron expulsados a lo largo de la jornada. La Alianza, sin embargo, pudo fiscalizar el proceso en el 60% de las Juntas, por lo que la gran pregunta que muchos se hacen es si podrán demostrar, con estos datos, si hubo o no un conteo amañado tras la votación en el 40% de las Juntas restantes.
“El proceso de votación fue tan irregular que los resultados fueron plasmados de manera antojadiza por la falta de fiscalización”, dice Álvarez. “Nuestras estadísticas muestran que los resultados fueron totalmente invertidos: cuando la Alianza PLI le ganaba al Frente Sandinista sólo se le anteponía un número y de forma automática se revertía el resultado electoral de esa junta. ¿Cómo podés articular un proceso transparente cuando se dieron todas estas anomalías? En 2008 los datos se manipularon en los CED, ahora fue en la JRV donde se tergiversó la voluntad del pueblo”, agrega.
Jinotega: pruebas del despojo
En Jinotega hay descontento hacia el liderazgo liberal porque los votantes del PLI sienten que la Alianza no ha sido capaz de sostener un reclamo permanente por los resultados de la elección, a pesar de contar con pruebas.
Según los líderes locales del PLI las autoridades electorales les “robaron” un diputado. De acuerdo a los resultados oficiales publicados por el CSE, el FSLN obtuvo en este departamento el 50.19% de los votos, mientras que la Alianza PLI logró el 44.67%. Dados esos resultados, al FSLN le corresponden dos diputados, en este caso los excandidatos Gloria Montenegro y Juan Ramón Obregón. La alianza que encabeza Fabio Gadea sólo logra uno, José Augusto Rodríguez.
Sin embargo, los líderes locales del PLI presentan otras cuentas para sustentar que el FSLN perdió la elección departamental. En Jinotega, afirman, tienen derecho a dos diputados, sumando a la lista al liberal Byron Chamorro. ¿Por qué lo afirman? Jinotega fue uno de los pocos departamentos en los que los líderes de la Alianza PLI literalmente pelearon por mantener a sus fiscales dentro de las 732 JRV distribuidas por la región. Datos de los líderes locales, muestran que esta alianza tuvo presencia de fiscalización en el 94.26% de las JRV, es decir, en 690 de ellas.
Con las actas de escrutinio recuperadas por los fiscales en las JRV donde tuvieron presencia, los líderes de PLI en Jinotega afirman que el resultado de la votación es inverso al presentado por las autoridades de facto del CSE: el 48% de los votantes se inclina por la Alianza PLI, mientras que 46.8% lo hizo por el FSLN.
Con la proyección de este resultado al 100% de las Juntas, la Alianza que encabeza Fabio Gadea se quedaba con los dos diputados que históricamente han sacado los partidos no sandinistas en ese departamento. Pero estas proyecciones cambiaron drásticamente en los resultados oficiales.
Sin publicar los resultados de cada una de las Juntas, en la página web del CSE se presenta como ganador de Jinotega al FSLN con el 50% de los votos. El PLI aparece en segundo lugar con 44.67%, despojándolo así de un segundo diputado. Para llegar a ese sorprendente resultado, el FSLN tuvo que obtener 7 de cada 10 votos disponibles en el 6% de las JRV en las que a la oposición se le impidió acreditar a sus fiscales.
Pero resulta que en la mayoría de esas Juntas en las que el FSLN contó a solas los votos, el partido oficial nunca había ganado en elecciones anteriores. Al PLI no le permitieron tener fiscales, por ejemplo, en la JRV 0201. Ahí los resultados en las municipales del 2008, fueron 151 votos para la oposición y 73 para el FSLN. Tampoco en la 0160, donde la oposición sacó 163 y el partido de gobierno 91.
Chontales: el mismo patrón
Otro ejemplo revelador es el de Chontales. Juan Carlos Bravo es el jefe departamental de campaña de la Alianza PLI en este departamento y maneja en detalle los datos que según él son los correctos sobre la votación del 6 de noviembre. Bravo explica que pudieron reunir las actas de escrutinio del 96.8% de las 788 JRV del departamento, a pesar que sus fiscales no tuvieron acceso al 30% de las juntas. Recuperaron las actas no sólo con esfuerzo propio, sino con ayuda de fiscales del PLC, explica Bravo.
Los resultados de esas actas de escrutinio arrojan una victoria para la Alianza PLI, con el 44.57% de los votos, seguida por el FSLN, con el 42.66%. Sin embargo, los datos publicados por el CSE, dan la victoria al Frente Sandinista con el 42% de los votos, y en segundo lugar el PLI con el 41.7%.
Hubo un 3.2% de las JRV en las que el PLI no pudo acceder a las actas de escrutinio. En esas mesas de votación el triunfo del FSLN tuvo que ser arrollador, al menos con una diferencia de 3 a 1, para que el CSE adjudicara la ventaja al oficialismo, contradiciendo la tendencia histórica de las votaciones en Chontales, que ha sido un bastión opositor, afirma Bravo.
¿Se puede probar tendencia nacional?
¿Son suficientes estas pruebas para demostrar ante los votantes y la comunidad internacional que hubo un fraude nacional en las pasadas elecciones? El fiscal nacional del PLI , Sergio Alvarez, sostiene que lo que ocurrió en Jinotega y Chontales se agravó a nivel nacional, donde la presencia de fiscales fue incluso menor. Pero aún no cuentan con las actas para documentar la dimensión del fraude y únicamente han reunido el 60% de las actas.
El tiempo, sin embargo, se les agota. No sólo porque el CSE adelantó, violando sus propias disposiciones, la fecha para presentar recursos de revisión de los resultados electorales, sino porque el clima de indignación se va enfriando en el país, dado que muchos electores no saben a ciencia cierta si la oposición podrá demostrar que las elecciones fueron fraudulentas.
Álvarez está consciente del problema, y explica que continuarán reuniendo información y procesando datos. “La defensa del voto no es una defensa física ni una lucha a campo abierto entre los diferentes estratos políticos de la población. Tenemos la Ley como base fundamental de nuestros reclamos, y si la Ley está siendo violentada por instituciones del Estado y por partidos políticos, debemos tener recursos complementarios, que es la denuncia internacional”, afirma.
Sergio Álvarez, fiscal nacional Alianza PLI
¿Cómo documentar el fraude a nivel nacional?
*Con 60% de las actas, el PLI aún no cuenta con suficiente información para demostrar dónde están los votos
Todos los días llegan a la sede de la Alianza PLI denuncias de irregularidades en las votaciones del pasado 6 de noviembre. Un equipo de técnicos de la Alianza reúne y analiza documento por documento, denuncia por denuncia y acta por acta para conocer qué paso realmente tras las votaciones. Es un trabajo difícil, pero necesario para mantener la confianza de los electores que se decantaron por esta alianza y que, según las denuncias que escuchan a sus líderes, quieren saber qué pasó con sus votos.
Sergio Álvarez es el fiscal nacional del PLI y forma parte del equipo que tiene esta –no es exagerado el adjetivo– titánica labor. Álvarez asegura que hasta ahora, a pesar de haber contado con fiscales en el 60% de las JRV del país, no cuenta con la información suficiente para asegurar qué tipo de irregularidades se produjeron en el conteo de los votos. La información que tienen les permite especular de una ventaja frente al FSLN, pero será hasta dentro de un par de semanas, asegura, que podrían demostrar qué pasó de verdad con los votos de los nicaragüenses.
Ustedes pudieron mantener a sus fiscales en el 60% de las JRV del país. ¿Qué pasó en ese 60%? ¿Qué dice su conteo paralelo?
Son resultados completamente parecidos al conteo paralelo que teníamos a las siete de la noche (del día de la elección). Teníamos contabilizadas 300 JRV y los resultados nos favorecían con un 50%, y al FSLN con un 48%. ¿Cuál es el problema? Que para establecer un conteo paralelo se requiere una metodología estadística, y de alguna manera el fenómeno creado alrededor de las JRV impidió que los resultados fueran lo más fluido posible. Eso, obviamente conllevó a que nuestro conteo se estancara en determinado momento.
El proceso de votación fue tan irregular que los resultados fueron plasmados de manera antojadiza por la falta de fiscalización. El resultado de las JRV estuvo manipulado, debido a las dificultades en el ingreso de los fiscales, expulsando los fiscales, y todo el proceso de atemorizarlos durante la jornada electoral. Eso reforzado al tendido electoral que tuvo el FSLN en los centros de votación.
¿Qué pasó con los resultados de los conteos en las JRV en las que tuvieron fiscalización?
Nuestras estadísticas muestran que los resultados fueron totalmente invertidos: cuando la Alianza PLI le ganaba al Frente Sandinista, sólo se le anteponía un número y de forma automática se revertía el resultado electoral de esa junta. ¿Cómo podés articular un proceso transparente cuando se dieron todas estas anomalías? En 2008 los resultados se manipularon en los CED, ahora fue en las JRV que se tergiversó la voluntad del pueblo.
¿Cuántos votos consideran que le fueron robados o alterados?
Aproximadamente entre 450 mil y medio millón de votos.
¿Con el conteo que ustedes llevan, cuántos diputados le habrían correspondido a la Alianza PLI?
Con un escrutinio a conciencia podríamos tener entre 48 y 50 diputados, que es lo que tradicionalmente sacan las fuerzas opositoras al orteguismo en procesos electorales normales.
¿En qué departamentos hubo más irregularidades con la designación de diputados para la Alianza?
En todos los departamentos. Tenemos el caso claro de Rivas, donde según la ley el segundo diputado le corresponde a la Alianza PLI, pero de manera antojadiza los resultados benefician al Frente Sandinista. Teniendo la Ley en la mano interpretan de manera fría y calculada esa Ley. La Ley dice que cuando uno de los partidos asume el cociente electoral, el segundo le corresponde a la otra fuerza electoral, en el caso de dos diputaciones.
En el caso de Jinotega líderes locales aseguran que a ellos también les quitaron un diputado. ¿Ustedes pueden demostrar eso?
Nosotros tenemos un registro junta por junta, de cómo quedaron realmente las elecciones, no por centro de votación como lo presentó el CSE. Estos registros arrojan un 50% para nosotros y un poco más bajo el FSLN, por lo que al analizar los cocientes electorales, la asignación de diputados en ese departamento nos arroja que tenemos un diputado extra.
Simpatizantes del PLI en Jinotega están molestos con el liderazgo del partido. Dicen que no han sido capaces de sostener un reclamo permanente por los resultados de la elección.
Como Alianza PLI no podemos izar una bandera de anarquía sin antes tener las pruebas necesarias y decir ‘esto fue lo que pasó’. No es tan automático decir, ‘ok, vamos a la guerra’. Podemos decir que la Alianza PLI va a hacer todo lo necesario para que la voluntad del pueblo se respete tarde o temprano en este país.
En 2008 hubo fraude en 40 municipios, incluyendo Managua, ahora dicen que pudo haber sido con casi la mitad de los diputados electos, ¿cómo le explican a sus bases que no han sido capaces de defender sus votos?
La defensa del voto no es una defensa física ni una lucha a campo abierto entre los diferentes estratos políticos de la población. Tenemos como base fundamental de nuestros reclamos la ley, y si la Ley está siendo violentada por instituciones del Estado y por partidos políticos, debemos tener un recurso complementario, que es la denuncia internacional. Esto no es un capítulo cerrado, no todo está consumado. Tenemos una fuerza beligerante y un pueblo que apoya a la democracia. Alianza PLI, más temprano que tarde, va a sacar alguna estrategia que defina la defensa de los intereses de los nicaragüenses y de las personas que fueron a votar.
¿El hecho de contar con las actas de 60% de las JRV no les daba a ustedes suficiente material para interponer recursos de revisión o nulidad ante el CSE?
El CSE adelantó el Calendario Electoral en once días. Nosotros estamos conscientes de que los resultados que brinda el CSE no son los resultados de estas elecciones. A la Alianza PLI se la trató con un proceso totalmente discriminatorio.
¿Ustedes cómo le prueban a la gente que los apoya, que votó por ustedes, que sí hubo fraude?
Estamos dentro del proceso de reunión de las pruebas necesarias. Tenemos mucha cantidad de reportes de incidencias fraudulentas de personas que no están vinculadas de manera directa con ningún partido político y que están teniendo la valentía de denunciar junta por junta cómo fue el comportamiento anómalo en ese sentido.
¿Cuándo podrían presentar esas pruebas, decirle a sus electores ‘esto pasó en la elección según nuestra información’?
No podemos ser ligeros en agarrar pruebas y presentarlas de manera arbitraria, sin tomar consciencia de que esa prueba es valedera. Estamos en un proceso de recaudación y validación de información para ser críticos y justos en nuestras valoraciones.
La fecha para tomar iniciativas legales ya pasó. ¿Qué harán a partir de ahora?
Vamos a un proceso de denuncias permanentes de todas estas arbitrariedades.
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