Se impuso el FMI

Por Néstor Avendaño

Director Ejecutivo de COPADES

5 de noviembre de 2010

En 2011 se dará una desaceleración del crecimiento económico y de la tasa de inflación en nuestro país y, además, estará vigente la extensión de un año más para el cuarto programa trienal suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), “Servicio de Crédito Ampliado” (SCA), que expiró el 4 de octubre recientemente pasado.

Para lograr la extensión temporal de ese programa, el Gobierno de Nicaragua se ha comprometido a reducir el déficit fiscal a 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) después del registro de las donaciones externas, el cual incluye el gasto electoral de 0.7% del PIB que no incorpora el reembolso a los partidos políticos equivalente a 0.2% del PIB.

Excluyendo el gasto electoral de 44 millones de dólares programado para el próximo año, el déficit de las finanzas gubernamentales se reduce contradictoriamente a casi 0.9% del PIB en un año en que teóricamente se robustece el ciclo económico-político con el fin de atraer la atención de los votantes. Esta contradicción del congelamiento del gasto no electoral ante la necesidad de conseguir más votos probablemente se elimine con la asistencia financiera venezolana de 2011, que será aproximadamente de 400 millones de dólares. Dicho sea de paso, la administración del Presidente Daniel Ortega cambió su posición mostrada este año frente al FMI, al registrar en el presupuesto para 2011 el monto anual del bono salarial equivalente a 43 millones de dólares y, además, se condicionó que la masa salarial seguirá ajustándose con el crecimiento del PIB Nominal, o sea con la suma de las tasas de crecimiento económico e inflación promedio anual, proyectada en el nivel de 9.5%.

Los negociadores nicaragüenses aceptaron que la meta del déficit fiscal se contaminara del riesgo político que afectó a las donaciones externas asignadas al apoyo presupuestario desde 2009. En este sentido, esa meta menor del 1% del PIB no es realista, más en un año electoral, porque además de premiar en 2012 con nuestros impuestos a los partidos políticos que ganan escaños en la Asamblea Nacional, hay que atender las necesidades básicas de la población afectada por las inundaciones y emprender la construcción de viviendas para reubicar a esa población, ¿o es que acaso continuarán refugiadas en los albergues a lo largo de 2011?

A lo anterior se suma la creciente carga del pago de la deuda interna del Gobierno Central interna equivalente a 244 millones de dólares, casi 3 veces el pago de la deuda externa del gobierno, por lo cual la nueva deuda que emitirá el Tesoro de la República por 130 millones de dólares –idénticamente igual a la de 2010- servirá sólo para pagar las amortizaciones a los acreedores internos del Estado de Nicaragua.

Hemos vuelto a caer en el círculo vicioso de endeudarnos con nuestros acreedores internos para pagarles las deudas pasadas, tal como aún lo hacemos para pagar anualmente 100 millones de dólares a nuestros acreedores externos. Con el mayor pragmatismo posible, diría que se anularon los beneficios provenientes de los Alivios HIPC y MDRI de la deuda externa de Nicaragua con la nueva carga de los pagos por Bonos de Pago por Indemnización (BPI), Bonos del Tesoro (que han aumentado por la suspensión de la donaciones del Grupo de Apoyo Presupuestario), Bonos Bancarios (por las liquidaciones de cuatro bancos en 2000 y 2001), y Bonos de Capitalización del Banco Central de Nicaragua (BCN), a lo cuales se agregan las deudas emitidas por el BCN en concepto de Letras Estandarizadas y Títulos Especiales de Inversión.

Sin duda alguna, para configurar un programa económico anual realista para 2011, el FMI no tuvo una sólida contraparte técnica nicaragüense. Reitero que el irrealismo de este programa temporal es la extrema reducción del déficit a pesar de todos los problemas que se deben enfrentar el próximo año, y podrían enfrentarse sólo a expensas de menores asignaciones a la educación y la salud pública.

De remate, el presidente del BCN dijo recientemente que Nicaragua no pedirá nuevos recursos al FMI para cumplir las condicionalidades suscritas para 2011, porque existen suficientes recursos en el sistema financiero nacional, a sabiendas que (i) el país no cuenta con los recursos para llevar a cabo las reformas estructurales del sector público –tales como fortalecer las auditorías de los ingresos tributarios y del gasto público, acelerar el pago de las devoluciones tributarias, analizar la administración presupuestaria de los cargos fijos y transitorios del Gobierno Central, y regular a las microfinancieras-; (ii) las reservas internacionales netas ajustadas tenderán a caer 40 millones de dólares el próximo año; y (iii) en un año electoral, cabe recordar que el valor mínimo esperado de la fuga de los depósitos en dólares es de 80 millones de dólares.

El nuevo acuerdo transitorio de Nicaragua con el FMI señala que el financiamiento externo seguirá basado fundamentalmente en recursos concesionales y sólo se espera un apoyo presupuestario en divisas líquidas de libre disponibilidad por 40 millones de dólares el próximo año. El FMI también insiste en desarrollar gradualmente el mercado de la deuda interna y reestructurar el saldo pendiente de la deuda externa en el marco de la Iniciativa HIPC.

Por último, por primera vez aparece un párrafo insólito en la introducción de las Revisiones IV y V del Programa “SCA”, que dice así (traducción informal del inglés al español): “Históricamente, las elecciones nicaragüenses han sido turbulentas y en 2011 implican riesgos similares. Se espera que el Presidente Ortega corra para un nuevo período (a pesar de los reclamos de la oposición que tal medida sería ilegal), mientras que no está claro si la oposición se pondrá de acuerdo sobre un candidato de consenso. Mientras tanto, las negociaciones entre los partidos gobernante y de oposición sobre los nombramientos de magistrados y oficiales de la Corte Suprema de Justicia y otras instituciones clave continúan. La reanudación del apoyo presupuestario de algunos donantes externos permanece condicionada al establecimiento de un proceso electoral creíble”

Con ese párrafo de carácter político y con las severas restricciones presupuestarias, creo que el FMI le ha pasado la factura a la administración pública de Nicaragua por el manejo de la asistencia financiera venezolana y el establecimiento, sin previo aviso, del bono salarial. Creo también que el FMI ha cambiado su conducta negociadora frente a Nicaragua, deja de ser sumiso y retoma su papel de policía financiero. Si hace dos años aseveré que el actual gobierno ha sido el mejor alumno del FMI, hoy podría afirmar que el FMI se está graduando summa cum laude en sus relaciones con Nicaragua.