El nuevo Congreso bien podría asignar mayor importancia a los asuntos hemisféricos que su predecesor. El presidente prospectivo del Comité de Asuntos Exteriores es Ileana Ros-Lehtinen (de origen cubano) de Florida del Sur y, a lo largo de los años, ha demostrado un interés continuo en América Latina más allá de Cuba. Ella reemplaza al liberal-demócrata Howard Berman de California, cuyos intereses radican principalmente en el Oriente Medio y Asia. Sería un error, sin embargo, pensar que ella y sus colegas republicanos serán capaces de redirigir las políticas de EE.UU. en América Latina. Aunque debilitado, el presidente seguirá teniendo la voz dominante en el ámbito internacional, y retiene una mayoría demócrata en el Senado y el poder de vetar la legislación.
Sin embargo, los republicanos no sólo tendrán una mayor capacidad tanto en el Senado como en la Cámara para obstaculizar las iniciativas de la Administración y bloquear los pocos y modetos cambios en la política que la Casa Blanca ha llevado a cabo, por ejemplo, en relación a Cuba. Ahora están en condiciones de dar forma a la agenda de temas para su consideración e influir en el contenido de los debates políticos. Como partido mayoritario, los republicanos determinarán la temática y el calendario de las audiencias e investigaciones del Congreso, e invitarán a la mayor parte de los testigos.
Los líderes republicanos, entre ellos los nuevos presidentes de los comités, tendrán una mayor visibilidad pública y un mayor acceso a los medios de comunicación. Por supuesto, sólo serán capaces de avanzar una legislación específica si están dispuestos a ceder y hacer concesiones. Pero ahora podrán plantear con fuerza sus puntos de vista sobre cualquier tema que elijan, poniéndo el centro de atención donde lo deseen, en la Venezuela de Hugo Chávez, por ejemplo, y obligar al gobierno a la defensiva.
Sin embargo, a pesar de sus amplias diferencias, la Casa Blanca y los republicanos en el Congreso deberían ser capaces de encontrar un terreno común sobre asuntos importantes. La largamente atrasada ratificación del Congreso de los acuerdos de libre comercio ya negociados con Colombia y Panamá ofrece una oportunidad para la cooperación. El presidente Obama ha dicho en repetidas ocasiones que quiere los tratados ratificados y ha reafirmado esa posición recientemente. Los Republicanos en las últimas dos décadas han sido mucho más favorables a los acuerdos de libre comercio que los demócratas. De los nueve tratados de libre comercio entre Estados Unidos y América Latina, siete fueron aprobados por un congreso de mayoría republicana.
Durante los últimos cuatro años, cuando los demócratas estaban a cargo de la Cámara, no se hizo nada respecto a los tratados de Colombia y Panamá. En contraste con su predecesor demócrata, el nuevo presidente del muy importante Comisión de Mediso y Arbitrios del Congreso , Dave Camp de Michigan, que debe decidir sobre toda la legislación sobre comercio, es una apuesta segura para apoyar los acuerdos de Colombia y Panamá (a pesar de que ha expresado preocupaciones sobre el pacto comercial entre Estados Unidos-Corea, reflejando la oposición de los fabricantes de automóviles de su estado). Y lo mismo el Portavoz de la Cámara John Boehner, quien determina si será llevado a votación.
El resultado, sin embargo, no está asegurado. Todavía hay algunas dudas sobre si el presidente Obama está dispuesto a invertir el capital político para aprobar los tratados, una decisión que va a decepcionar a muchos de sus partidarios más incondicionales. En general, los estadounidenses hoy están más o menos divididos sobre si el comercio internacional es bueno para el país, y la mayoría se opone a los acuerdos de libre comercio. Y nadie está seguro todavía de cuantos nuevos miembros del grupo del Tea Party, con su retórica decididamente populista, apoyarán los tratados.
Aunque la Administración Obama no ha ofrecido aún una propuesta concreta, es probable que trate de intensificar el apoyo de EE.UU. a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en México, América Central y el Caribe, todos ellos lugares donde la estabilidad del gobierno y el imperio de la la ley se ven amenazados por la violencia criminal. Considerables mayorías de republicanos y demócratas han apoyado la Iniciativa
Mérida, el programa actual de ayuda a México, y sus ramificaciones a otros países y, desde hace una década, han mantenido un generoso apoyo a Colombia para la lucha contra la guerrilla y los narcotraficantes.
Con los problemas que enfrenta México y el resto de la región empeorando, y quizás volviéndose cada vez más peligrosos para los EE.UU., un nuevo Congreso mayoritariamente bipartidista puede aprobar un paquete más amplio de apoyo a estos países. Con casi todos los republicanos y un creciente número de demócratas pidiendo recortes en el gasto federal, sin embargo, fondos adicionales para las medidas de seguridad en América Latina puede tener que salir del ya encogido presupuesto de ayuda exterior a la región. A diferencia de la posible aprobación de los acuerdos de libre comercio, sin embargo, la asistencia de seguridad a México y otras naciones amenazadas era probable que se produjese incluso sin la victoria electoral republicana.
Independientemente de los resultados electorales, las perspectivas para cualquier reforma significativa de las leyes y políticas de inmigración de los EE.UU. era remota (lo que, para más de una docena de países de América Latina, es el problema más acuciante en su relación bilateral con los EE.UU.). La reforma integral que la mayoría de los analistas creen necesaria para reconstruir el dañado sistema de inmigración de los Estados Unidos ya no es viable. Fue rechazada rotundamente en 2007, aun cuando el proyecto fue aprobado por el presidente Bush y con el apoyo de dos de los senadores más poderosos de Estados Unidos, el republicano John McCain y el demócrata Ted Kennedy.
A pesar de su creciente influencia política y de su expansión numérica en todo el país, los latinos de EE.UU. no han logrado el apoyo para una reforma migratoria integral, la cual apoyan en forma abrumadora. Republicanos y demócratas son conscientes de lo importante que el rápido crecimiento del voto latino es para el éxito futuro de su partido, sin embargo, no han logrado encontrar una fórmula para tratar el explosivo tema de la inmigración.
La mayoría de los estadounidenses, en parte debido a los reveses económicos del país, ahora está a favor de endurecer medidas y aplicar mano dura contra los inmigrantes ilegales. Quieren que Washington, y los gobiernos estatales y locales, hagan lo necesario para detener la entrada ilegal de inmigrantes a los EE.UU. e identificar, detener y deportar a los que están aquí ilegalmente. También se oponen enérgicamente a la expansión de la inmigración legal o a la concesión de oportunidades para que los residentes actualmente indocumentados obtengan estatus legal (comúnmente despreciada como “amnistía”).
soldados militaresLas posiciones extremas sobre la inmigración han provocado divisiones dentro de ambas partes, y podrán carecer del respaldo de una mayoría en cualquiera de las Cámaras, pero están ganando el apoyo del público. Son defendidas por la mayoría de los miembros del Tea Party y apoyadas por el representante Lamar Smith, que está en consonancia con el jefe del Comité Judicial, que tiene autoridad sobre las leyes de inmigración. Cada vez menos en el Congreso, independientemente de su partido, están hoy dispuestos a defender un punto de vista opuesto. Por otra parte, grandes victorias republicanas en las elecciones estatales y municipales del mes pasado probablemente darán lugar a la aprobación de más leyes al estilo de la de Arizona de estilo y a ordenanzas que permitan a las autoridades locales hacer cumplir las políticas nacionales de inmigración.
Aunque no hay prácticamente ninguna posibilidad de ganar la aprobación del Congreso (o incluso una votación en el Congreso) de algo parecido a una reforma sistémica de las políticas de inmigración de los EE.UU., algunas modestas pero importantes iniciativas aún son posibles. Entre las medidas más discutidas es la llamada Dream Act, que, en esencia, permitiría a hombres y mujeres jóvenes indocumentados, traídos ilegalmente cuando niños a los EE.UU. por sus padres u otros adultos, calificar para la ciudadanía mediante el cumplimiento de determinadas condiciones, quizá, por ejemplo, servir en las fuerzas armadas de los EE.UU. o terminar la universidad.
Obtener la aprobación del Dream Act sería un avance importante, ya que podría aplicarse a dos millones o más individuos. Al mismo tiempo, sin embargo, propuestas cada vez más draconianas contra los inmigrantes se están convirtiendo en parte del debate. Un ejemplo es la convocatoria de una enmienda constitucional que negaría la ciudadanía por nacimiento a los hijos nacidos de inmigrantes indocumentados.
Las limitadas medidas de la Administración de Obama para deshacer las múltiples restricciones en las relaciones de EE.UU. con Cuba seguramente llegará a su fin. Con Ros-Lehtinen, a cargo del Comité de Relaciones Exteriores, no hay posibilidad de una flexibilización adicional de la política de EE.UU. hacia Cuba. Y sus puntos de vista se verán reforzados por los probables nombramientos de su compatriota el senador cubano-estadounidense Robert Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, y el archi-conservador congresista de la Florida, Connie Mack, congresista de presidir, respectivamente, los subcomités de Asuntos del Hemisferio Occidental del Senado y de la Cámara . Algunos republicanos orientados a los negocios han abogado por la ampliación del comercio con Cuba y un levantamiento gradual del embargo económico, pero que hasta ahora han demostrado muy poca influencia sobre la política o la legislación.
Hay que recordar que incluso durante los cuatro años que los demócratas gobernaron las dos cámaras del Congreso (de 2007 a 2010), ni una sola ley relacionada con Cuba llegó a votarse en cualquiera de las cámaras y ya nadie anticipa cambios en la política hacia Cuba en los próximos dos años. La Casa Blanca, casi independientemente de los acontecimientos en la isla, no tiene más remedio que suspender o incluso dar marcha atrás en sus esfuerzos por llegar a Cuba, o arriesgarse a chocar con Ros-Lehtinen y sus aliados y poner en peligro otras iniciativas de política exterior.
Si los republicanos del Congreso se aferran a sus prioridades de los últimos años, Venezuela será el elemento más importante en su agenda para el hemisferio. Es un asunto que el nuevo liderazgo de asuntos exteriores peseguirá sin duda agresivamente. Los republicanos conservadores han criticado largamente lo que consideran ha sido una excesiva tolerancia de Washington hacia la campaña anti-estadounidense del presidente Chávez y su permanente desprecio por la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
En el primer día de vuelta al trabajo después de las elecciones de mitad de período, Ros-Lehtinen lanzó un virulento ataque contra Venezuela y sus aliados bolivarianos (Bolivia, Ecuador y Nicaragua), dejando en claro que estaría presionando fuertemente a la Administración para reinar sobre Chávez . La Casa Blanca debería ser capaz de resistir a esta presión, pero sin duda será más difícil llevar a cabo su política actual (que fue heredada en gran parte de George Bush), de restar importancia a las fricciones con Venezuela y otros adversarios en la región mientras encuentra la manera de resolver conflictos y aliviar las tensiones.
La nueva presidente de Brasil, Dilma Rousseff, quien asume el cargo pocas semanas antes de que asuma el nuevo Congreso de EE.UU., puede encontrar a su país como objeto de un gran escrutinio también. La Administración Obama no ha tenido una relación fácil con Brasil. Los dos gobiernos se han enfrentado en una serie de cuestiones regionales y mundiales, incluidos los acuerdos de seguridad entre Estados Unidos y Colombia, la crisis política en Honduras 2009, y varios lazos entre Brasil e Irán, en particular, su continuo apoyo al programa nuclear de Irán.
Si, como se esperaba, el gobierno Rousseff, mantiene en gran medida la política exterior de su predecesor, Brasil podría ver su puesto su diplomacia examinada y criticada por el nuevo liderazgo republicano, que también podría presionar para una respuesta más robusta de la Casa Blanca y del Departamento de Estado. La Casa Blanca sin duda puede soportar esta presión, pero las relaciones Estados Unidos y Brasil podría llegar a ser más difíciles de manejar de lo que han sido en los últimos dos años
Los logros de la Administración de Obama en América Latina han sido modestos, en el mejor de los casos. Y será aún más difícil avanzar en la agenda de Washington en la región en el próximo período, con un presidente debilitado frente a un Congreso y una ciudadanía amargamente divididos, una economía débil, y poco interés público en los asuntos extranjeros. Hay, sin embargo, dos objetivos de alta prioridad en la política para los que el Congreso y el Presidente deben ser capaces de encontrar un terreno común.
Aunque por razones diferentes, tanto la aprobación definitiva de los acuerdos de libre comercio con Colombia y Panamá, como un apoyo a la mejora de los programas de seguridad para México, Centroamérica y el Caribe están a su alcance. Y los dos merecen especial atención, no sólo por su importancia para los EE.UU. y los demás países involucrados, sino porque pueden ser abordados con éxito incluso en la actual rencoroso ambiente político de Washington.
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