Londres. AFP Amnistía Internacional denunció hoy las violaciones y otros abusos sexuales que miles de niñas y adolescentes sufren en silencio en Nicaragua y urgió al gobierno del país centroamericano a erradicar esta violencia generalizada.
En un informe elaborado a partir de testimonios de víctimas y publicado coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia de Género, la organización no gubernamental revela la estigmatización de las niñas y adolescentes que sufren este tipo de violencia y la escasa ayuda que reciben de las autoridades cuando la denuncian.
“Cada día niñas en Nicaragua sufren el horror de la violencia sexual en silencio por no arriesgarse al rechazo que muchas sufren cuando hablan”, dijo Esther Major, investigadora de Amnistía Internacional para Centroamérica.
“Ha llegado la hora de que las autoridades muestren el mismo valor que las valientes supervivientes que compartieron sus experiencias con nosotros y rompieron el silencio que rodea a los abusos sexuales”, agregó en un comunicado difundido en Londres.
Según Amnistía, que cita estadísticas policiales, entre 1998 y 2008 se denunciaron en Nicaragua más de 14.000 casos de violencia sexual, entre los que dos tercios de las víctimas eran menores de 17 años.
La organización de defensa de los derechos humanos denuncia que en la mayoría de los casos los autores de esta violencia son o bien familiares de las víctimas o bien personas que ocupan posiciones de poder.
“La casa es a menudo un lugar peligroso y muchas chicas que sufren abusos sexuales de familiares son presionadas para guardar silencio”, precisa.
Amnistía lamenta también la falta de programas para concienciar a la población sobre el problema de la violencia sexual, para cambiar las actitudes a las que deben hacer frente las víctimas que denuncian estos abusos.
“El gobierno debe enviar un mensaje claro de que la violencia sexual nunca es la culpa de la víctima de violación, que los autores serán procesados y que los supervivientes recibirán la ayuda necesaria para superarlo”, agregó Major.
El informe denuncia también que cuando de esta violencia resultan embarazos, ni se les permite abortar, porque el gobierno prohibió en el 2008 el aborto terapéutico, ni se les proporciona ayuda para cuidar del bebé y permitirles regresar a la escuela o al trabajo.
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