Fernando Bárcenas*
“El nacionalismo es una enfermedad infantil.
Es el sarampión de la humanidad”.
Albert Einstein
El diferendo actual con Costa Rica se reduce, técnicamente, a tomar las proyecciones cartográficas de Alexander, acordadas binacionalmente en tres años de trabajos de delimitación de fronteras, entre 1897 y 1900, e interpretarlas a coordenadas definitivas de posicionamiento satelital. Sobre todo, en el tramo en conflicto comprendido entre Punta Castilla y Río San Juan (bordeando el costado este de la laguna de Harbor Head).
El diferendo, solevado por Costa Rica, se reduce a un área de humedales de 3 km2 de extensión (conocida como Harbor Head en los laudos Alexander). Pero, cuya importancia radica en que allí se encuentra el caño, actualmente anegado por el sedimento, que en septiembre de 1897 sirvió para que Alexander, en su lado 1, trazara la línea de delimitación de la frontera. El dragado de este caño resulta decisivo para que el Río San Juan recupere su salida natural al mar y, con ello, el caudal necesario para que sea navegable todo el año, como mandan los tratados y los laudos correspondientes.
La boca o bahía del San Juan se ha visto obstruida por las cenizas y sedimentos provenientes de los fértiles suelos volcánicos de Costa Rica, aportados por el Río San Carlos, afluente del San Juan. De manera, que las aguas del San Juan, obstruidas en su desembocadura, fluyen obligadamente hacia el Río Colorado, ayudadas por el dragado que los costarricenses han hecho a este último río. La pérdida de caudal del San Juan genera una amplificación exponencial de la sedimentación que, a su vez, en un ciclo de realimentación regenerativa, incrementa la pérdida ulterior de caudal.
Por esta razón, de carácter física, los políticos costarricenses se niegan al amojonamiento, lo suficientemente denso como para dirimir los límites de la frontera con independencia a los cambios que pueda sufrir el curso del río, por efecto del sedimento.
Los gobernantes costarricenses esperan que el azolvamiento exponencial de la bahía derive en una extensión creciente de su territorio. Esta es una estrategia sostenida invariablemente por los políticos de Costa Rica durante 110 años de paciente obstrucción de la bahía, vinculada a la desviación de las aguas hacia Río Colorado y a la negativa de amojonar la frontera (a pesar que Alexander, desde su primer laudo, expresamente, refutara la lógica del desplazamiento dinámico de la frontera con el avance del sedimento).
Por el contrario, Alexander argumentó que la delimitación de la frontera tenía como fin definitivo, impedir que recurrentemente se generase un conflicto territorial, con base a un concepto asociado a los efectos de la disminución del caudal del río. Por este argumento simple de Alexander, la frontera debe quedar delimitada por coordenadas satelitales definitivas.
Costa Rica ha perdido, en los últimos 15 años, el 7.1 % de sus bosques, convertidos en pastizales por la ganadería extensiva, a razón de 180 km² de bosque húmedo por año (equivalente a 115 % de lo que los costarricenses llaman isla Portillo e isla Calero juntas).
Adicionalmente, a los lodos producidos por la erosión de los suelos vegetales, también, viene a parar al Cocibolca y al San Juan, las arenas de los volcanes de la cordillera central de Costa Rica, el cianuro de sus minas a tajo abierto, los plaguicidas agrícolas, y el drenaje de todos los residuos urbanos, agrícolas e industriales, que los pueblos del Norte de Costa Rica echan al río Frío, al San Carlos y al Sarapiquí (estos dos últimos afluentes del San Juan).
Es urgente darle a esta controversia una salida política, desde la óptica socialista, no nacionalista. Se debe compartir, entre vecinos, el aporte hídrico del San Juan, frenar conjuntamente la contaminación del mismo, y garantizar la navegabilidad de este río hasta su desembocadura. Ulteriormente, cualquier posible proyecto, misterioso, de canalización del río, el gobierno de Nicaragua debe exponerlo públicamente, con todo detalle, a fin que la sociedad pueda incidir no sólo en el alcance de las obras de ingeniería y en sus efectos ecológicos, sino, sobre todo, en el destino del beneficio económico del proyecto.
De manera que desde el punto de vista de los intereses de la población de ambos países, la propuesta sensata debe ser el manejo ecológico conjunto de la cuenca binacional del San Juan, en beneficio del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la cuenca (en lo que se incluye la preservación de los suelos vegetales y los bosques), bajo una política de unidad de ambos pueblos, que tienen un destino común (el 64 % de las aguas del San Juan provienen de ríos costarricenses).
Resulta un diversionismo político sin sentido, que no tiene apoyo en ningún tratado o laudo, que Nicaragua demande, ahora, el derecho de navegación en el Río Colorado. Que es, exclusivamente, costarricense; y cuyas riberas, a ambos lados del río, se adentran en su territorio. Es una propuesta errada, que expone innecesariamente a Nicaragua a que se confundan sus demandas, puramente defensivas, con pretensiones abusivas, sin sustento racional.
Los gobernantes de Costa Rica han tomado la iniciativa táctica en este conflicto. Y, para frenar el dragado - su objetivo principal -, apuntan contra la presencia de tropas del ejército de Nicaragua en el humedal de Harbor Head.
Es, efectivamente, la mejor forma propagandística. Le han dado una connotación militar al dragado, y ello les permite asumir la posición de víctimas, y sostener que no hay un problema de límites, sino, de agresión.
Nicaragua, para recuperar la iniciativa táctica, debe levantar una consigna política defensiva, que tenga más fuerza y realismo legal, que la publicitada por Costa Rica. Esta consigna podría ser:
¡Que se respete el laudo Alexander, de demarcación de la frontera, y se frene, en consecuencia, el expansionismo territorial de la clase gobernante de Costa Rica!
La OEA, en una sesión del 12 de noviembre, particularmente desordenada, llena de pifias de procedimiento por el desconocimiento vergonzoso de las reglas del proceso de adopción de decisiones, y por la ignorancia de sus propios estatutos, aprobó una resolución, con dos tercios de los votos, en la que pide que salgan las tropas militares de la zona.
El conflicto en sí es, desde sus inicios, una victoria táctica de Costa Rica, ya que al reclamar derechos sobre una cosa juzgada, Costa Rica no tiene nada que perder, mientras Nicaragua sí. Esta resolución de la OEA, sin embargo, constituye una victoria indiscutible de la tesis estratégica de Costa Rica, ya que presupone que su reclamo tiene fundado asidero jurídico.
Sin embargo, esta victoria de Costa Rica se vuelve ilusoria, si se es coherente con el hecho que la OEA no es un organismo calificado para arbitrar sobre el estatus de un territorio limítrofe.
Esta resolución sólo pudo avanzar por un error estratégico elemental de parte de Nicaragua, en su postura en la OEA. Este organismo no es capaz de frenar el expansionismo de Costa Rica, en consecuencia, Nicaragua sólo pudo asistir a la OEA para adelantar el objetivo de llevar a Costa Rica a un diálogo binacional.
Nicaragua debió advertir que prescindiría de los servicios de la OEA, para dirimir la controversia con Costa Rica en una negociación binacional pacífica, si este organismo llegaba a proponer una resolución que implicara alguna modificación, de hecho, al estatus territorial de Harbor Head. Y, en consecuencia, Nicaragua abandonaría la sesión, si la resolución, directa o indirectamente, concerniera a la soberanía territorial de Nicaragua en la zona, o si desconociera los laudos Alexander. La OEA sólo podía impulsar que el diferendo se resolviera: o por el diálogo entre las partes o en la Corte de La Haya.
La presencia de las tropas, como el resto de derechos derivados de la soberanía, está en dependencia del acuerdo definitivo que alcancen las partes sobre la demarcación de la frontera (o del fallo arbitral al respecto, si se acude a la Corte de La Haya).
Cualquier propuesta de la OEA, que lleve a desconocer los laudos Alexander, haría que Nicaragua, en adelante, exija que el límite fronterizo sea la ribera derecha del Río Taura, como alegaba Nicaragua antes de los laudos Alexander.
La OEA emitió, indirectamente, un fallo que no le corresponde, cuando resolvió que se retiren las tropas de Nicaragua de Harbor Head, ya que, de hecho, indebida e ilegítimamente, cambia la frontera establecida en tratados y en laudos arbitrales vigentes.
Nicaragua, en lugar de salirse de la OEA, debe aprovechar la reunión de cancilleres para impugnar en tal sentido dicha resolución; proponer un voto de censura a la mesa directiva de la OEA; y, con base al reglamento y a los estatutos de la organización, fundamentar una solicitud de remoción del Secretario General; a fin de restablecer la credibilidad del organismo.
Insulza, al ceder al ultimátum de Costa Rica, ha desnaturalizado el papel del foro multilateral hemisférico, ya que, conforme a sus mismas palabras, del 9 de noviembre: “la OEA no es un foro para tomar decisiones, sino para restablecer el diálogo bilateral”.
*Ingeniero
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