Juan Carlos Mas C.
Lo recién avivados problemas fronterizos entre Nicaragua y Costa Rica, además del arrastre geopolítico derivado de la potencialidad vial del área en disputa, expresan y son consecuencias de políticas locales de los países de nuestra región centroamericana-caribe que, sembradas como simples medidas instrumentales, producen el efecto de bomba de tiempo que estamos contemplando.
Nos referimos a la campaña masiva de titulaciones de islas, playas y tierras fronterizas que, por incitación de los organismos financieros internacionales, acometen nuestros Estados.
Estas campañas pretextan el favorecimiento de condiciones para la inversión extranjera en turismo hotelero e inmobiliario. Esas inversiones no siempre son santas y atraen el peligro del narcotráfico
La venta de zonas ribereñas del rio San Juan, por parte de Costa Rica a inversionistas privados, determina que sea el interés de esos inversionistas el que atiza las diferencias fronterizas, más aun cuando estas locaciones pudieran estar ligadas al narcotráfico
La opinión pública panameña puede recordar que el asesino múltiple de Bocas del Toro, tenedor de varias fincas en esa región y conocido como Wild Bill, fue detenido por la policía nicaragüense en el rio San Juan, cuando a bordo de una embarcación se alejaba en excursión desde una finca que, aparentemente, también había adquirido-o usaba- en las márgenes ticas de aquel rio.
En algunas ocasiones se ha tenido conocimiento de denuncias de locaciones privadas que se montan a horcajadas sobre fronteras binacionales. Lo sucedido es una campanada de alerta sobre futuras ocurrencias de problema similares en territorio panameño, ya que la masiva titulación de costas, islas playas y predios fronterizos, cuya iniciativa se transmite automáticamente de uno a otro gobierno, está encaminada a poner áreas sensibles de nuestro territorio en potenciales manos e intereses extraños, afectando la soberanía y la independencia nacional.
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