Democracia, río y soberanía

Onofre Guevara López
22/11/2010

La inflexibilidad ideológica, o dogmatismo, es un valladar inexpugnable para las ideas que –sin ser nuevas— al menos han sido refrescadas con las experiencias de muchos procesos revolucionarios. Me refiero a la idea de democracia, la que ha sufrido una división ideológica, por ende, artificial, entre “burguesa” y “socialista o popular”. Pero, de hecho, todo depende de qué tendencia controla el poder para que la democracia funcione a su favor, con lo cual le pierde su auténtico sentido para los demás.

La burguesía tradicional no tiene el control del Estado y, por ello, no puede orientar ni ejecutar políticas propias, pero lucha por preservar lo básico del sistema social capitalista, la propiedad privada, y el orden jurídico que le es propio. Es decir, vigila la conservación de sus derechos, por medio de sus organismos empresariales y los partidos que les son afines.

Esta misma burguesía, cuando ha estado en el poder, no ha priorizados los programas sociales, sólo en términos demagógicos, de forma limitada y hasta dónde las luchas obreras la han hecho ceder. Es su práctica de la democracia. Fuera del poder, cuando sus derechos los siente afectados, despierta su interés por la democracia, y en eso coincide con los organismos populares y progresistas que luchan por darle su sentido auténtico a la democracia.

La neoburguesía que encabeza Daniel Ortega, controla el Estado a nombre de una revolución intangible. Aquí no existe ninguna revolución, sino un proyecto político sobre la base de la explotación de los recursos del Estado, con un sistema ni siquiera mixto capitalismo-socialismo, sino algo cercano al precapitalismo y al caudillismo de finales del Siglo XIX, con demagogia del Siglo XXI (sólo ha cambiado de lugar los números romanos). Incluso, atropella derechos conquistados, y ha unido su cúpula con el Cardenal Católico al estilo colonial, pese a la crítica de la jerarquía oficial. Obando, no domina la conferencia episcopal, sólo representa al sector más conservador. Su alianza con Ortega, viola el mandato constitucional de que el Estado nicaragüense no tiene religión oficial.

En estas condiciones, surgió el conflicto Costa Rica-Nicaragua en torno al Río San Juan, y ahora Ortega aborda los problemas nacionales en dos espacios distintos: el patriótico y el político. Con uno pretende hacerse una imagen como defensor de la soberanía nacional; con el otro, donde busca consolidar su aspiración reeleccionista.

En el primer espacio, Ortega se apoya en un derecho histórico, los tratados, los laudos y el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Esto le ha valido el apoyo nacional, que no es una patente para su pretendida reelección, pero lo pretende. Y mientras atiende la negociación diplomática en el espacio exterior atiende las maniobras inconstitucionales tras el objetivo de reelegirse.

Para lograrlo, Ortega subordina un espacio al otro, como sucede con su propaganda, llamando al sentimiento patriótico con un doble mensaje: “El Río San Juan es nuestro. Daniel 2011”. Es decir, la defensa de la soberanía nacional, en detrimento de la soberanía popular, por cuanto le niega al pueblo el derecho de escoger gobernantes, dado que pretende imponer su candidatura, estando expresamente prohibida por la Constitución.

Sublimidad patriótica y politiquería juntos, pero incompatibles. Así, con posturas contradictorias, el gobierno atiende la defensa de la soberanía y limita la democracia, porque para tratar de imponer su reelección, le estrecha su sentido. Para ello, el orteguismo ha logrado dividir a los partidos, a la iglesia y a la sociedad, más allá de lo que les divide sus intereses encontrados y sus naturales contradicciones.

Para dividir a los partidos, a Ortega les ha comprado votos y voluntades a los más oportunistas de cada uno. Para hacer lo mismo con la iglesia, el presidente Ortega ha estrechado su relación con Obando, fundada en el mutuo interés, y pese a que hace unos años atrás no se toleraban, ha llegado a consolidarla, tolerando la corrupción de Roberto Rivas, ahijado del Cardenal, ex presidente y candidato de Ortega a la reelección en el CSE, donde, a su vez, Rivas le atiende sus órdenes. Todo acrecienta la sospecha de que unidos esconden propósitos económicos ulteriores, aparte de los doce millones de córdobas del presupuesto de la república para la Universidad Católica, propiedad de Obando y de Rivas.

Dentro de esta realidad, el discurso orteguista pretende sustituir la democracia con un engendro de sociedad “Cristiana” (una concesión al Cardenal, y para la caza de creyentes); “socialista” (un desvarío demagógico); y “Solidaria” (algo practicado de forma similar a la caridad). Debajo, al lado y en el fondo, la propiedad privada de la nueva burguesía, convive con la propiedad privada de capitalistas colaboradores o tolerantes de las políticas estatales, propicias para todo el enriquecimiento que puede permitir la utilización de los mecanismos del poder.

Con esa consigna, Ortega da una justificación “ideológica” a su engendro, confrontándola con los hechos y las realidades económicas-sociales, dentro de un ámbito de irrespeto al orden constitucional, una actuación al margen de una estructura jurídica que garantice la eficacia y la transparencia administrativa, más los derechos de los ciudadanos. El orteguismo destruye el orden jurídico constitucional o lo ignora.

Imposible concebir una democracia sobre el desorden jurídico, la falta de respeto a las leyes o con leyes sin aplicación y sin control sobre las actividades administrativas del Estado. Algunos orteguistas están claros de que su gobierno viola la Constitución, pero intentan justificarlo con el argumento de que no importa lo ilegal, cuando el fin es garantizar “el poder del pueblo”. Esto es pretender trocar legalidad por la voluntad personal; el derecho jurídico por el derecho individual a ordenar y mandar al gusto; la institucionalidad por la autoridad sin ley; y el poder institucional por el poder partidario.

Arguyen también, que la revolución es fuente de derecho. Pero, sucede, que aquí y ahora no hay revolución; el orteguismo alcanzó el poder por la vía electoral (aún cuando no pueda probar que todo fue transparente). El origen de este gobierno sólo tiene que ver con las artimañas politiqueras tradicionales, de las cuales el pacto Ortega-Alemán es su mejor ejemplo.

Este gobierno carece de raíz revolucionaria, por lo tanto, le es ajeno un programa de transformaciones económicas y sociales adecuado a las necesidades del desarrollo técnico y material del país. En cambio, se ha dedicado a repartir baratijas, con aires de caridad navideña y con carácter electorero.

Sin democracia y sin soberanía popular, el orteguismo no es capaz ni está interesado en defender de verdad la soberanía nacional.