A 45 años del 22 de enero de 1967
La lucha sigue siendo: democracia si, dictadura no
El día de hoy se conmemora el 45 aniversario del 22 de enero de 1967, fecha en la cual el régimen somocista reprimió una manifestación popular en contra de la continuidad del régimen del tirano de entonces. A más de cuatro décadas de distancia nos encontramos de nuevo viviendo en una dictadura por la voluntad del dictador de turno, Daniel Ortega.
La ascensión al poder de Ortega ha significado:
· Supeditación nacional a los intereses del presidente venezolano Hugo Chávez, permitiendo en consecuencia la injerencia de un gobierno extranjero en la política nacional.
· Las privilegiadas relaciones del gobierno de Ortega con regímenes violadores de los derechos humanos y responsables de fraudes electorales, mientras se distancia de los mecanismos internacionales creados para garantizar los derechos ciudadanos, tales como el no cumplimiento de la mayoría de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos ante el Examen periódico universal o los postulados de la Carta Democrática Interamericana.
· La ruptura permanente del orden jurídico constitucional, incluso desde antes de asumir el gobierno en 2006, que ha tenido como consecuencia la anulación de la separación de poderes, la falta de independencia de los mismos y la personalización del poder en detrimento de los derechos de ciudadanía y de los avances logrados, tales como autonomía municipal y la descentralización administrativa.
· La privatización de las fuerzas armadas y de la policía, que después de años de un intenso proceso de profesionalización han pasado a estar al servicio de los intereses de Ortega, asumiendo el ejército funciones que no le corresponden y dejando de cumplir la policía las atribuciones a que por ley está obligada.
· La implementación de políticas económicas de forma sectaria y clientelar, no para superar la pobreza sino para mantenerla, con el fin de tener una población cautiva que le sirva eventualmente como fuerza de choque para impedir las demandas ciudadanas.
· El mantenimiento de un doble y contradictorio discurso, denostar contra el neoliberalismo para contento de sus seguidores, pretendiendo obviar que ha sido parte de la política nacional durante las últimas 3 décadas y que se mantienen las misma políticas económicas de los gobiernos anteriores.
· Corrupción, fraude e intimidación son las acciones relevantes de la gestión orteguista, que le ha permitido acumular un gran capital personal en detrimento de la equidad económica y la justicia social; imponer en el poder a funcionarios que no han sido electos por el voto ciudadano y afectar el ejercicio de la libertad de expresión, la libertad de movilización y la libertad de asociación.
· Retroceso político y social, manteniendo una concepción mesiánica del poder, “minorizando” a la ciudadanía, negando sus derechos de igualdad, de disentimiento y oposición, colocándose por encima de ella y no asumiendo la obligación ejercer una administración transparente y de informarle y rendirle cuentas..
Conflictos políticos y exclusión social y económica es lo que provoca este tipo de regímenes. De ahí que como lo hemos planteado en las Asambleas Ciudadanas realizadas en los años 2010 y 2011 en conmemoración de esta fecha, resulte impostergable para la ciudadanía luchar para construir una democracia que no sólo se legitima por el hecho de garantizar libertades y autonomías, sino también por la puesta en vigor de procesos de justicia social y por el fomento político de tendencias redistributivas y de capacitación de la ciudadanía orientadas a combatir la pobreza, generar empleos y mejorar principalmente los sistemas de seguridad social, salud y educación del país.
Demandamos convivencia pacífica verdadera, en la que se respeten las reglas democráticas y las instituciones estén dirigidas por funcionarios legalmente electos o nombrados y no como ahora, que la CSJ, el CSE y la Contraloría, como consecuencia del pacto entre Ortega y Alemán, han desvirtuado sus funciones institucionales y responden a intereses partidarios. estando en la actualidad dirigidas por funcionarios mantenidos en su cargo por un ilegal decreto emitido desde la Presidencia, ocupada por una persona que tiene prohibición constitucional para estar ahí y que además cometió un fraude electoral de proporciones gigantescas.
En consecuencia:
1.- Ratificamos que desconocemos el “triunfo” de Daniel Ortega, supuesto ganador con base en resultados fraudulentos, dados a conocer por un Consejo Supremo Electoral de facto.
2.- No aceptamos ninguna reforma constitucional que provenga de una Asamblea Nacional integrada por la mayoría calificada espuria, que se otorgó para sí el orteguismo.
3.- No participaremos en ningún proceso electoral mientras no exista un Consejo Supremo Electoral independiente y profesional, una nueva ley electoral democrática e incluyente y no se cambie toda la estructura administrativa en el sistema electoral que está organizado para realizar el robo de elecciones.
4.- Demandamos a los diputados legalmente electos que la estrategia de lucha contra la dictadura conlleve un compromiso serio con la despartidización de los poderes e instituciones del Estado; el cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos en la Constitución Política y la ley para la elección de los cargos; la escogencia de personas independientes, honestas y profesionalmente capaces; así como la renuncia a beneficios y prebendas inmorales e ilegales y una posición inequívoca a favor del bienestar de la población y no de intereses oligárquicos y excluyentes.
5.- La lucha ciudadana es la movilización permanente que precisa una estrategia coherente que tenga como objetivo la justicia social, la libertad y la igualdad. Demandamos, por tanto, que los diputados de la Alianza PLI que fueron electos por el voto de la oposición a la dictadura sean consecuentes con las aspiraciones democráticas de la ciudadanía.
6. Demandamos el cese inmediato de las actividades policiales y militares de acoso y persecución a líderes y activistas políticos de oposición, las detenciones e interrogatorios ilegales y las amenazas a que es sometida la población por el simple hecho de reclamar el respeto de su derecho al voto.
7.- Llamamos a la ciudadanía a mantener y desarrollar una permanente movilización, protesta y rechazo a la dictadura, así como a exigir que todos los poderes del estado se sometan al orden constitucional y todos los funcionarios públicos asuman que su obligación fundamental es rendirle cuentas al pueblo de Nicaragua y cumplir con lo que sus cargos legalmente establecen. .
Una vez más hacemos nuestro lo que en noviembre de 1977 expresara Pedro Joaquín Chamorro:
“Unidad para luchar por la justicia. Unidad para iniciar
un proceso de democratización que abra un camino a
transformaciones estructurales en base a las cuales establecer
un régimen de democracia política, de justicia económica y social,
y de efectiva independencia externa de nuestra Patria.
“Y la unidad, la unidad de todo el pueblo, de todos sus sectores políticos,
económicos y sociales, para luchar por la democratización de Nicaragua es el
mandato de nuestra historia y la exigencia apremiante
de las circunstancias que vive el país”.
En Managua, 22 de enero de 2012.
Unión Ciudadana por la Democracia
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