En mi mensaje anterior decía que quien determinó que los reconocidos 25 diputados de la Alianza PLI que hoy asumieron sus curules NO FUE ni Daniel Ortega ni el CSE, sino el pueblo mismo, libremente y mediante elecciones (aunque en las mismas, otros elegidos libre y legalmente, no fueron reconocidos por esta última institución en acuerdo con el Ejecutivo, así como, fraudulentamente, a otros se los haya considerado elegidos por el pueblo). Por tanto, esos diputados TIENEN UN DERECHO, dado por el único que podía darles ese derecho, el pueblo nicaragüense, a asumir esas curules. De paso, considero que, por otra parte, ni el candidato a presidente ni su fórmula vicepresidencial, que legítimamente fueron elegidos por el pueblo para esos cargos en estas elecciones, pero que, ilegal y vergonzosamente, fueron despojados de los mismos por un fraude cometido por el Ejecutivo en alianza con el Consejo Supremo Electoral, han sido elegidos diputados, y que, por tanto, tienen el derecho y la obligación de no aceptar esos cargos ficticiamente ofrecidos.
Yo personalmente no creo que los diputados legalmente electos tengan derecho, por conveniencia o consideraciones meramente personales, a rechazar ese derecho dado por el pueblo, pues tal derecho también implica una grave obligación ante ese mismo pueblo, de hacer todo lo posible, desde sus asumidos puestos, por restituir los valores que al momento están tan lesionados en Nicaragua: constitucionalidad, institucionalidad, respeto a la ley, transparencia, ausencia de corrupción, falta de centralización y autoritarismo, independencia de los poderes del Estado, separación del Estado y de los partidos políticos. Rechazo la opinión que sostiene que la dignidad o la vergüenza exijan que esos diputados no deben aceptar el cargo decidido, a pesar el fraude, por el pueblo.
Asimismo, también considero que esos diputados como bancada, como colectivo, tienen el derecho, asimismo dado por el pueblo, por lo cual no deberían renunciar al mismo, de participar en negociaciones establecidas por la Ley dentro del seno de la Asamblea Nacional, especialmente las negociaciones necesarias para integrar la Junta Directiva de esa Asamblea de acuerdo a los parámeros establecidos en la Constitución Nacional. En ningún momento ni bajo ningún aspecto se debería considerar la participación en tales negociaciones preámbulos de ningún pacto indebido.
Sin embargo, considero que la bancada de la Alianza PLI ha cometido un error político al haber rechazado ocupar los dos puestos en la Junta Directiva que se habían obtenido por negociación legítima, como protesta porque no se les hubiera reconocido tres puestos en esa Junta Directiva. Aparentemente han dado un ejemplo de dignidad y vergüenza, pero, en último término el impacto de tal ejemplo queda invalidado realísticamente por la renuncia de influenciar las decisiones de la Asamblea Nacional a través de puestos claves en la misma, como son los puestos en la Junta Directiva y la concesión de más puestos en esa Directiva, para llenar aquellos a los que ellos renunciaron, al Gobierno que perpetró el fraude.
Pero, sobre todo, critico la aparente falta de estrategia coherente de la bancada del PLI y de toda la dirección de la misma para la lucha que quieren seguir en los años venideros en pro de la legalidad, institucionalidad, democracia y todos los valores que tratan de restaurar en Nicaragua. ¿Van a ocupar los espacios que el pueblo y la ley les dan, no Daniel Ortega ni Roberto Rivas, o van a discriminar entre espacios que, por supuesta dignidad y vergüenza, van a rechazar y otros que sí van a aceptar? Aceptar esos puestos en la Junta Directiva, que no eran un regalo del Presidente, no lesionaba su dignidad ni su vergüenza.
Finalmente, en esta decisión de la Bancada del PLI hecho de menos que tal decisión se haya tomado en absoluta prescindencia de cuál era la opinión del pueblo que los eligió. ¿Van a seguir los políticos de la Alianza PLI tomando decisiones por su cuenta, al margen de la opinión de la ciudadanía opositora?
Iván García Marenco
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