En otras ocasiones he puesto por escrito lo que pienso de la gestión de Daniel Ortega como Presidente de la República durante el Período de la Revolución Sandinista --que es en general una opinión favorable--, y asimismo he escrito en abundancia sobre su gestión en esta su segunda presidencia que está terminando. Pero no he escrito mucho sobre mi opinión de la actuación de Ortega cuando fue líder de la oposición política, a partir de su derrota electoral ante Violeta Barrios de Chamorro. Y considero importante hacerlo, pues dentro del orteguismo actual existe la opinión infundada de que los únicos que mantuvieron la antorcha del antineoliberalismo, de la revolución, de la justicia social y de la lucha contra la pobreza fueron los sandinistas que se han mantenido leales a la persona de Daniel Ortega, y que los disidentes del sandinismo que no han querido aceptar la aberración del orteguismo han sido aliados de la oligarquía, del imperialismo y de la clase política que se autollama inapropiadamente auténtica oposición política al orteguismo. Nada más alejado de la realidad.
En efecto, desde 1990 hasta 2006, Daniel Ortega, los diputados electos de su partido, y los dirigentes del mismo colocados en los puestos de dirección del Partido no dieron a Nicaragua la pauta de una auténtica, democrática, efectiva oposición política. Muchos sandinistas habíamos esperado que si la dieran y que ésta sirviera de crítica implacable y acertada, de denuncia no revanchista ni irracional y desestabilizadora, de trabajo organizado e inteligente desde la Asamblea Nacional, y desde el pueblo organizado políticamente, contra los errores de la Presidencia de turno que le había sido ganada en sucesivos comicios. Que a la par de apoyar toda iniciativa del gobierno opuesto que mereciera respaldo, se dedicara a educar a sus cuadros hacia la reasumción del poder presidencial como un gobierno legítimo, democrático y defensor de la justicia social. Ello exigía entonces profundizar en la aceptación de la democracia como enfoque de defensa de todos los derechos humanos de todo el pueblo, de defensa de las libertades cívicas a la par que de la justicia social, junto con un combate implacable a la pobreza y las desigualdades sociales. Y exigía también que el Partido diera el ejemplo al pueblo de desapego de las ambiciones de apropiación ilícita de los bienes públicos que habían sido, al menos en la percepción popular, marcas identificatorias del período revolucionario.
Por una parte, el tiempo tenebroso de la “guerra de baja intensidad” o “guerra de atrición” que nos impuso el Imperio ya había pasado, después de 11 durísimos años. Es cierto que esas circunstancias nos habían forzado a vivir para defendernos y sobrevivir, sin darnos tiempo ni comodidad para pensar en más. Habíamos llegado a aceptar como necesaria, como medio ultimado de autodefensa –no siempre justificado la identificación del Estado y del Partido de Gobierno, la discrecionalidad, el centralismo y el autoritarismo del gobierno, la represión de la libertad de prensa, de difusión del pensamiento, de manifestación de disidencia política, el fomento abierto de la lucha de clases entre la ciudadanía, la persecución a las autoridades de la Iglesia Católica. “Todo para los frentes de guerra” y otros slogans inaceptables objetivamente, fueron manejados e implementados en esos años. Todo esto fue especialmente sufrido y sentido por sectores de la población y por la jerarquía eclesiástica, que, por otra parte, tenían todo el derecho a disentir con el gobierno de la Revolución, a que se les respetara ese derecho y a no ser perseguidos y reprimidos por ejercerlo, como de hecho lo fueron.
Pero, a raíz de la pérdida electoral de 1990, el Partido cometió errores imperdonables, por ser mucho menos justificables, desde el punto de vista de la ética social e individual, que los errores de la década anterior, más matizados como equivocaciones políticas. El primero de ellos fue la decisión, aparentemente colegiada, de realizar “la Piñata”, como acertada y típicamente, los nicaragüenses hemos denominado la apropiación por manos privadas de las cúpulas del partido, de muchos y sustanciosos bienes públicos confiscados por la Revolución y que hasta entonces había sido administrados por el Gobierno o el Partido de Gobierno para apoyar la acción del gobierno. Además, toda la acción del partido con sus seguidores se redujo a mantener un estado general permanente de protesta encendida contra toda actuación del gobierno hasta llegar a niveles de auténtica afectación de la estabilidad del Estado. La agitación promovida entre los estudiantes por el Partido en las marchas por el 6 por ciento a las Universidades y las rebeliones encendidas de los sindicatos sandinistas del transporte parecieron ser las únicas acciones planificadas por el Partido para ejercer su derecho de oposición política. La Bancada Sandinista de la Asamblea Nacional en manos de orteguistas irredimibles (después de la notablemente eficaz y meritoria acción hasta 1995, durante la administración de Violeta Chamorro en el Ejecutivo, para las reformas de la Constitución realizada por el grupo de diputados sandinistas cuya gran mayoría se han convertido después de esa fecha en disidentes del Sandinismo y han sido desalojados de esa Asamblea en subsiguientes elecciones), también actuó en dependencia de la misma estrategia de agitación y no obtuvieron el mérito de dar al país una legislación apropiada.
La acción legítima y laudable de oposición democrática fue asumida en todos esos años por la sociedad civil organizada, claramente distanciada de las luchas partidarias y de las campañas electorales, pero siempre aceptada por ellos mismos como verdadera y legítima acción “política” –sin que consideraran que debieran avergonzarse de ello o que les faltara justificación ética y legal para actuar de esa forma--, aunque, indudablemente, en los años 80 su membresía había estado estrechamente aliada con el Gobierno y el Partido, cooperando eficazmente en las tareas de la Revolución. Las críticas a la gestión presupuestaria, recolectora de impuestos, manejo de la economía financiera y de relaciones internacionales de los gobiernos que han sido llamados “neoliberales”, y que efectivamente lo fueron --aunque sin que pueda aceptarse que a partir de 2006 el gobierno de Daniel Ortega no haya seguido la misma pauta de neoliberalismo efectivo--, fueron casi exclusivamente ejercidas por esa sociedad civil, sin verdadero apoyo de la Bancada Sandinista de la Asamblea Nacional ni de los intelectuales del partido.
Ahora, el orteguismo, con falta absoluta de autocrítica, propala que quien fue incapaz de criticar ni denunciar los excesos del neoliberalismo, ni la alianza de los gobiernos con la oligarquía en perjuicio de las grandes mayorías de los nicaragüenses fue la sociedad civil nicaragüense organizada. Esta es una opinión carente de todo fundamento.
Iván García Marenco
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