Los diputados de la Alianza PLI cuya elección ha sido reconocida por el Consejo Supremo Electoral, quien, por otra parte, obviamente desconoció la elección de otros diputados de esa Alianza, no fueron elegidos por el Consejo Supremo Electoral ni por Daniel Ortega, sino que fueron elegidos por el pueblo (pueblo que también eligió a otros diputados de esa Alianza, pero que por un fraude conjunto de Daniel Ortega, su partido y el Consejo Supremo Electoral, fueron desconocidos como ganadores y, en cambio, otros candidatos, del partido de gobierno, fueron, por ese mismo fraude, proclamados ilegalmente ganadores). De modo que el aceptar su nominación como diputados no es aceptar una prebenda ni de Daniel Ortega ni de Roberto Rivas y su cohorte de magistrados de facto, regalados, ilegales y fraudulentos.
Hay personas que consideran que, por dignidad, quienquiera que crea que hubo fraude en estas elecciones, que la candidatura misma de Ortega era ilegal y que el mismo hecho de intentar reelegirse fue anticonstitucional, no debería reconocer nada de los resultados de estas elecciones, y que, por tanto, los diputados elegidos por el pueblo de la Alianza PLI a pesar del fraude, deberían renunciar a ocupar su puesto pues lo contrario es legitimar el abuso dictatorial y despótico de Daniel Ortega y su partido. Yo respeto esa opinión, como respeto la opinión de los que consideraron que, igualmente por dignidad, no debían participar en las elecciones y debían abstenerse de votar. Pero considero que eso entra dentro del ámbito de las decisiones individuales sobre asuntos éticamente difíciles de dilucidar. Razones pueden esgrimirse por ésta decisión o la contraria, y muy difícilmente se puede arribar a un consenso de lo que la ética y la moral estrictamente exigirían. En mi caso particular, en 1995, a pesar de mi descontento con el FSLN de entonces, sobre todo por el hecho inexplicable y vergonzoso de la Piñata, aún consideraba que Daniel Ortega y su partido como candidatos al Gobierno de Nicaragua, eran preferibles, eran un mal menor aceptable, en comparación con la candidatura de Arnoldo Alemán, a quien yo percibía entonces, y la realidad me dio la razón, como una resurrección del somocismo por una esperada corrupción generalizada entre los poseedores de los poderes del Estado. Pero también entonces, personalidades que admiro y amistades se abstuvieron de votar por razones de dignidad. Sin embargo, ya en 2005, en la justa de Ortega contra Bolaños, ya no consideré que votar por Ortega fuera simplemente un mal menor aceptable, sino que cualquiera de las dos opciones era rechazable, que realmente no había por quien votar y voté de forma que mi voto fuera nulo. También entonces no había consenso entre los ciudadanos que querían actuar de acuerdo a principios éticos indiscutibles. Finalmente, en las elecciones municipales y en las pasadas presidenciales (las dos fraudulentas) voté concientemente contra el orteguismo.
Sin ánimo de polemizar ni de zanjar por mi parte el asunto, pienso que es importante poner a consideración algunas reflexiones sobre el asunto. Sobre la base de que cuando la elección de un gobernante por medios fraudulentos toda actuación posterior en obediencia a las decisiones de ese gobernante o de ese sistema de gobierno es legitimarlo inmoralmente, pienso que entonces podríamos ser absolutistas: ¿vamos a rehusar pagar impuestos a este gobierno ilegal?, ¿vamos a pagar las multas de tráfico?, ¿obedeceremos las leyes que decrete esta Asamblea Nacional cuya mayoría fue elegida fraudulenta, y, por lo tanto, ilegítimamente?, ¿respetaremos a los agentes de la Policía Nacional?, ¿respetaremos las decisiones de jueces nombrados por ese gobierno ilegítimo?... En esa línea, se podría decir: o te rebelas y participas en una insurrección para botar el gobierno, o lo reconoces plenamente a pesar del fraude. Creo que tal alternativa no es aceptable ni creo que la ética nos obligue a ello inexorablemente. Esa posición me recuerda la posición de los que creen que, por el hecho de que hay que respetar la vida, una madre en peligro de muerte por su embarazo no puede aceptar un aborto terapéutico, dando consideración, por ejemplo, a la necesidad que otros hijos tienen de que ella no muera.
No creo que debamos olvidar, como lo señalé al principio, que los diputados de la oposición reconocidos por el CSE fraudulento no fueron elegidos por ese Consejo sino por el pueblo. ¿Tenemos derecho a desconocer esa elección libre y legítima del pueblo para cada uno de esos diputados?
Por otra parte, también es difícil de aceptar que la ciudadanía deba ponerse una soga al cuello. Al gobierno fraudulento le conviene políticamente, no hay duda, que los ciudadanos que lo consideran ilegal se abstengan todo lo posible de participar en la vida pública. Que en la Asamblea Nacional sólo haya diputados del partido de gobierno, o que toda la Junta Directiva de la misma sea exclusivamente gubernamental, sin que haya una sola voz de disentimiento en ese foro público investido de autoridad.¿Debemos brindar al gobierno ilegítimo esa facultad?
Finalmente, participar en la AN como diputado, pagar los impuestos, obedecer a la Policía, actuar de acuerdo a leyes racionales decididas por esa AN para poder participar de los beneficios de vivir en una sociedad, aunque imperfectamente, organizada , es un derecho, no una concesión del gobierno, y mucho menos de un gobierno fraudulento. ¿Debemos renunciar a ese derecho? Es el derecho a aprovechar los espacios que nos queden abiertos, sin abandonar la lucha por abrir los que están cerrados.
Es indudable que no debemos renunciar a la lucha por hacer de Nicaragua una república democrática decente, legal, institucionalizada, obediente a su Constitución, pero no creo que el único medio aceptable para conseguirlo sea ponernos en rebeldía total. Busquemos medios prácticos y eficaces alternativos y tratemos de no renunciar a los principios.
Iván García Marenco
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