Primera obligación de la bancada opositora

Julio Francisco Báez Cortés

 A partir del 9 de enero, los 26 legisladores y respectivos suplentes de la Alianza PLI enfrentarán una singular disyuntiva después de jurar fidelidad a la Carta Magna: lucrarse con disimulo de tres violaciones constitucionales cuyos antecesores en el Parlamento las han disfrutado de lo lindo, salvo honrosas y contadas excepciones, o denunciarlas públicamente luchando por su eliminación.

Nos referimos a las apetitosas granjerías que durante la pasada justa electoral fueron ardorosamente criticadas por candidatos de oposición y que ahora se les aparecen de frente cual tentadoras ofertas para alegrar sus bolsillos. Veamos si estos nuevos diputados serán seducidos por los siguientes privilegios económicos reñidos con la legalidad.

Rastros del somocismo: las “libres”

El primer caso concierne a las “libres” o exoneraciones de facto otorgadas a diputados para importar o comprar localmente vehículos automotrices de su propiedad privada, el cual se remonta a los tiempos de la dictadura somocista. Este abuso fiscal fue legalizado durante la administración de Arnoldo Alemán a través de la Ley de Justicia Tributaria y Comercial (1997) y posteriormente abolido por la Ley de Equidad Fiscal (2003). En las postrimerías del mandato de Enrique Bolaños (diciembre 2006), la Asamblea Nacional pretendió revivir este odioso tratamiento especial incorporándolo de contrabando en la Ley Orgánica del Poder Legislativo pero se olvidó reglamentarlo, procedimiento que pudo efectuarse mediante un decreto legislativo en vista de que dicha Ley prohibió hacerlo por decreto ejecutivo; o también pudo subsanarse restableciendo la vigencia de los artículos 76 al 83 del hoy derogado Reglamento de la Ley de Justicia Tributaria y Comercial que en aquel entonces operativizaba la mencionada exoneración. Los poderes Ejecutivo y Legislativo nada enmendaron, por tanto las “libres” son ilegales, ¡pero se aplican!

Esta “ventaja” tributaria abarca a 180 diputados ante la Asamblea Nacional –90 propietarios con dos vehículos sin pagar impuestos y 90 suplentes con un vehículo en iguales condiciones–, maravilla que se repite en los 20 diputados del Parlacén y sus 20 suplentes. Total, un estimado responsable afirma que 220 legisladores arrebatan al Fisco no menos de 4 millones de dólares durante un quinquenio de gobierno. 

Evasión tributaria en salarios

Sin base legal de respaldo, la Asamblea Nacional entrega mensualmente a cada diputado 200 galones de combustible “para la atención de sus compromisos parlamentarios”. Al final de cuentas, ¡90 legisladores reciben gratis 216 mil galones anuales de diesel y gasolina!

Vamos a suponer que el impredecible mago David Copperfield logra el milagro de sacar del sombrero una ley que justifique esa feria de petróleo. Viene entonces la siguiente cuestión: si el artículo 5 de la Ley de Equidad Fiscal y el artículo 7, numeral 5, de su Reglamento, preceptúan que este ingreso en especie constituye un valor gravado con el Impuesto sobre la Renta, ¿por qué entonces además de su cheque salarial los diputados no pagan el IR sobre el valor de los 200 galones de combustible que cada uno recibe por mes  y cuyo precio al público en gasolinera anda por los 900 dólares? Esta grave evasión tributaria la sanciona con severidad el Código Penal en el Título IX, Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, y Título XIX, Delitos contra la Administración Pública.

El festival de los 40 millones

Desde hace más de una década, el Poder Legislativo otorga anualmente a cada diputado la suma de 430 mil córdobas para “becas y ayuda social” que cada uno distribuye por doquier. Son 40 millones de córdobas que utilizan cada doce meses como les da la gana. Huelga advertir que no existe disposición legal que autorice semejante discrecionalidad ni el menor control sobre tales gastos.

Volvamos a asumir que el intrépido Copperfield ahora saca de la manga una deslumbrante sorpresa intitulada “Ley de becas y ayudas comunitarias de los diputados bajo una pulcra rendición de cuentas”. Nada se habría resuelto pues la Constitución Política prohíbe a los diputados realizar funciones oficiales no consignadas taxativamente en las 32 causales que enumera el artículo 138 concerniente a sus atribuciones parlamentarias. Categórica limitación que reiteran los artículos 130 y 183 de la misma Carta Magna (“Ningún cargo concede a quien lo ejerce más funciones que las que le confieren la Constitución y las leyes”).

Conclusión

Quienes fustigan a sus adversarios políticos por motivo de inocultables regueros de plumas a la vera del camino, deben luchar desde un inicio por la radical supresión de estas violaciones constitucionales y renunciar de plano a oscuros privilegios. Hechos son amores y no buenos clamores. ¿Quién podría respetar y conferir credibilidad a la nueva bancada opositora luego de verla calladita disfrutando de manera ilícita de un pastel financiero que pagamos con nuestros impuestos? “Eso jamás ocurrirá”, quiero pensar que así opina don Fabio Gadea… y mejor aún que sus deseos serán unánimemente acatados.

No sé por qué recuerdo en este momento la anécdota compartida en un evento fiscal del año pasado y que seguidamente les entrego. Cuando un señorón insaciable y provocador (que a lo mejor era también diputado) preguntó a Madre Teresa de Calcuta hasta dónde él debería llevar su compromiso social, la santa anciana le respondía con apacible picardía: “Hasta que duela, mi hijito, hasta que duela”.