El dilema: dignidad o complicidad

Onofre Guevara López

Con su maniobra de convocar en misa negra las elecciones de 2011, se calcula que el orteguismo ya lleva ejecutado al menos el 50% del fraude electoral. El cálculo es razonable, por cuanto Daniel Ortega ha intrigado para reelegirse –-sin pausa ni descanso— desde antes de iniciar su actual período presidencial.

Ortega no se ha dedicado a gobernar en debida forma, -–lo que en nuestro medio significa la forma menos ostensible de gobernar corruptamente—, sino a buscar el continuismo partidario y su reelección. Su estilo de gobernar es un compendio de maniobras políticas, violaciones constitucionales, enriquecimientos personales, negación de derechos y sobornos de políticos.

Lo que Roberto Rivas llama convocatoria electoral, no tiene legitimidad por su espuria condición de magistrado de un CSE en igual condición.

Se está montando un nuevo proceso electoral, y aún no se conocen -–porque no lo han querido divulgar— los resultados de las votaciones de 2006, de las fraudulentas elecciones municipales de 2008, ni de las elecciones regionales del Caribe.

Este CSE ilegal, aceptando y actuando de acuerdo al fallo por encargo de la Corte Suprema de Justicia, que pretendió declarar inaplicable el artículo 147 de la Constitución, consideró posible la inscripción de Ortega como candidato. Después, ha seguido actuando sobre la base de otro fallo ilegal, que absurdamente ha revivido el artículo 201 cn., fenecido hace veinte años.

Son tan conocidos los abusos anticonstitucionales, que este corrupto cuerpo electoral de facto ha cometido, que no hace falta detallarlos. Además, son abusos registrados día a día por los medios de comunicación.

A la ciudadanía le afecta igual la manipulación anticonstitucional, que a los partidos los efectos que pueda producir en sus actividades la convocatoria electoral ilegal. Pero aún falta conocer sus respuestas a la intención de obligarlos a concurrir a unas elecciones viciadas, so pena de perder su personalidad jurídica.

¿A cuáles partidos políticos convoca el orteguismo a participar en sus elecciones?
A todos en general, pero, en especial, ha maniobrado de todas formas por hacer prevalecer el bipartidismo, con su partner en el pacto, Arnoldo Alemán. Y al partido ALN, al que se dedicó a sobornar desde que se apartó del PLC, y le regaló la paternidad jurídica para separarlo de Eduardo Montealegre, y para luego obtener sus votos en la Asamblea Nacional. Con ello, ha acentuado la división entre los liberales.

También a los partidos que tienen la virtud de salir a luz y desaparecer después de cada período electoral, con su respectiva prebenda. A estos partidos les mantiene vigentes sus personalidades jurídicas para aparentar pluralismo, y en su momento, vestir las elecciones de legitimidad con sus membretes. Estos grupos, ejercen la misma función que “el millón” de carnés del FSLN entregados a los empleados públicos: darle veracidad a su “victoria”, bajo el supuesto de que no le es necesario el fraude, dado que no parece lógico que un partido con tanto respaldo “popular”, pueda perder una elección.

Va dirigida al Partido Conservador, al cual le quitó y le devolvió la personalidad jurídica oportuna y oportunistamente, con el fin de dividirlo aún más, y ahora lo impulsa a buscar alianza con el PLC para que Alemán se sienta fortalecido para hacer de él un seguro participante, un apto competidor y su cómplice.

Igual a los partidos que integran la Alianza Patriótica, incluido el MRS, al cual le quitó y no piensa regresarle su personalidad jurídica. Pero entre los partidos de esta alianza, como el PLI, cuentan con casilla electoral. Este partido –-la número 13— ya está a la orden de Fabio Gadea mantilla.

Tratando de sacar ventajas de esta situación, Ortega lanza la convocatoria electoral. ¿Es que ha perdido las esperanzas de “legalizar” su candidatura por la vía de la reforma constitucional, pues se hace tarde y aún no ha obtenido los 56 votos necesarios, o ya se decidió por romper de una vez con las normas constitucionales, imponiendo su candidatura por la vía de las trasgresiones jurídicas? En ambos casos, Ortega no se podrá salir de la ilegalidad y, por ende, nunca podrá legitimarse.

La convocatoria le impone al PLC una disyuntiva: se tira definitivamente a colaborar con el fraude, a cambio de las cuotas de poder a punto de perderlas, o hace verdadera oposición. Lo que ha dejado traslucir la cúpula arnoldista, se orienta a la colaboración, argumentando que lo harían “bajo protesta”, lo que no pasaría de ser una excusa, porque ya metido en el torbellino electorero, no hay protesta que valga.

Del lado de algunos líderes opositores no arnoldistas, se ha dejado entrever una posición proclive a participar en las elecciones condicionadas por el orteguismo, “para no perder espacios”, que es lo mismo… para “no perderse del pastel”. Pero resulta que el único espacio ofrecido es el del proceso ilegal orteguista, para acomodarse y ver pasar todas las irregularidades a cambio de asirse de alguna diputación.

En estas condiciones, a diferencia de 1974, el asunto no es que no hay por quién votar, sino que no hay para qué votar, si de todas formas, se corra lento o rápido, el fraude orteguista está listo para hacerle “out” a la oposición. Pero, aunque parezca idealista, existe una salida airosa -–por legal, digna y patriótica—, que es continuar insistiendo en la defensa del orden constitucional para no permitir la inscripción ilegal de Daniel Ortega, como candidato; y para cambiar el Consejo Electoral por uno no corrupto o al menos, no totalmente orteguista, que dé las garantías ahora negadas.

Lo dicho, incluye mantener una actitud crítica a la cúpula del PLC para tratar de evitar su complicidad definitiva con el orteguismo, y luchar por tratar de construir y fortalecer una alianza opositora democrática, amplia y no inspirada por la obtención de cargos públicos. Si esto se lograra, tampoco habría que orientarse sólo en conseguir la Presidencia de la República, sino también en sacar la mayoría de diputados, porque, logrando imponer el respeto para la Constitución, con una presencia importante en la Asamblea Nacional se lograría un alto porcentaje de poder, dado que la lucha parlamentaria cambiaría de orientación: impulsar leyes democráticas y frenar las ilegalidades. Esto sería necesario, incluso si pudieran derrotar al orteguismo.

Luchar por cambiar el esquema del fraude, es tener la dignidad de rechazar el ultimátum gangsteril -–ilegal además— de quitar la personalidad jurídica al que no acepte convertirse en cómplice. Y si no se lograra el cambio del CSE, mejor dejar solo al orteguismo con su engendro, pues no habría para qué votar. Pero seguir la lucha y la denuncia. Así se le expondría ante el mundo como violador de nuestra institucionalidad. Pero a los cómplices nadie querría escucharles sus “protestas”.