El FMI se marchó en silencio

Por Néstor Avendaño

Director Ejecutivo de COPADES

20 de septiembre de 2010

Indudablemente el gobierno de Nicaragua ha cumplido con creces las metas macroeconómicas suscritas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), especialmente el aumento de las reservas internacionales, el control del déficit fiscal, la presencia de una baja y estable presión inflacionaria, y el pago oportuno de la deuda externa. También ha cumplido en gran forma la agenda de reformas estructurales de la economía porque, tengo entendido, ambas partes han aceptado no discutir, mucho menos ejecutar, reformas en el cobro de los impuestos y en el fondo de la seguridad social en un año electoral como es el de 2011. Sin embargo, el FMI se marchó en una forma totalmente distinta a la que llegó, en un hermético silencio y sin fotos de despedida.

Por ética y honestidad profesional, he de reconocer que la estabilización macroeconómica actual es mucho más sólida que la heredada por el gobierno anterior a las autoridades de la actual administración pública. De allí la conveniencia que el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales, sea mantenido en su cargo de acuerdo con los preceptos de la nueva Ley del Banco Central de Nicaragua.

Sin embargo, el presidente del BCN anunció públicamente una prórroga de dos meses para lograr las últimas dos revisiones del Programa “Servicio de Crédito Ampliado” (SCA) que expira en octubre, o sea obtener la graduación en el cuarto programa trienal de Nicaragua con el FMI hasta en diciembre próximo, previo a la extensión de un año más del actual programa en espera del ganador de las próximas elecciones presidenciales para que se discuta y suscriba el quinto programa económico.

En la historia de las relaciones económicas y financieras con el FMI, por primera vez el país solicita una extensión de dos meses más para concluir las revisiones pendientes y proceder a extender el programa SCA por un año más.

Con el primer programa ESAF que se suscribió en junio de 1994, no hubo extensión del programa y el FMI apenas entregó al gobierno sólo 28 millones de dólares en el primer año del trienio programado. Con el segundo programa ESAF, la extensión del programa se suspendió a mediados de 2001 debido al grave desorden macroeconómico resultante de un déficit fiscal que se disparó hasta el 10% del PIB y a las pérdidas acumuladas del Banco Central que lo sumían en la bancarrota por los abusos financieros de las mal llamadas operaciones de mercado abierto y las emisiones de CENIS Bancarios denunciados como ilícitos por la Contraloría General de la República. Con el primer programa PRGF se logró la extensión de un año, el cual se mantuvo por el apropiado orden macroeconómico. Hoy se buscó y se obtuvo una prórroga de dos meses para cerrar el Programa SCA.

El talón de Aquiles de la reunión técnica con el FMI, en mi opinión, fue el Proyecto de Presupuesto General de la República 2001 y, creo con más énfasis, el Marco Presupuestario de Mediano Plazo 2011-2014, el cual debe contener las proyecciones macroeconómicas y de reformas estructurales para los tres primeros años del presidente de la República que elijamos en noviembre de 2011.

Para el plazo más corto, o sea el año de 2011, debieron haber sido cruciales las explicaciones sobre cómo se financiarán aproximadamente 60 millones de dólares en concepto del gasto electoral, o sea el 1% del Producto Interno Bruto (PIB), teniendo en cuenta la restricción que muy difícilmente se obtendrán las donaciones de recursos externos, dada la suspensión definitiva de la ayuda del Grupo de Apoyo Presupuestario.

El tratamiento de los recursos provenientes de Venezuela también debió haber constituido un tema especial de discusión en el diálogo técnico del gobierno con el FMI. Aún suena el eco de la voz presidencial que el FMI no debe pedir cuentas del ALBA, pero el FMI ha pedido al BCN que registre la deuda privada externa del país en la cual aparezca la asistencia financiera venezolana, un procedimiento de control de la deuda externa que ya se inició, pero no sabemos cuál ha sido la reacción de la autoridad monetaria cuando su interlocutor le ha pedido, con bastante probabilidad, que vigile los flujos de financiamiento del ALBA al sector privado para que no generen obligaciones al sector público, así como monitorear los depósitos de las cooperativas financieras que administran fondos del ALBA.

También en el tema presupuestario de corto plazo habrá tomado cierta importancia el tema del ajuste salarial de los empleados públicos en un año electoral, además del bono salarial que no se registró como una transferencia corriente del sector privado en los ingresos gubernamentales y como un gasto corriente en los egresos presupuestarios, registro que estimo no se hizo por la obligatoriedad constitucional de entregar el 10 por ciento del monto total de dicho bono a las universidades y al Poder Judicial.

Por otro lado, es muy seguro que el talón de Aquiles de la reunión técnica con el FMI también se remontó en el mediano plazo. La Asamblea Nacional recibe junto a la propuesta del Ley del Presupuesto Nacional el Marco Presupuestario, en este caso correspondiente al período 2010-2014. Es muy probable que los obstáculos encontrados en este tema fueron la ausencia de un perfil de la reforma tributaria consistente en reducir las exoneraciones y exenciones en el pago de impuestos y supervisar la formación de los precios de transferencia, la reforma a la ley de transferencias municipales (pendiente desde la Administración del Ing. Enrique Bolaños) y la implementación de una política salarial gubernamental fundamentada en la Ley de Servicio Civil para evitar grandes aumentos como los observados en 2009.

En conclusión, reafirmo con bastante probabilidad que esos temas acuciantes serán dilucidados en el último trimestre de este año, no obstante la estabilidad macroeconómica es sólida. La política monetaria estuvo a una buena altura en el dialogo, mas no fue así para la política fiscal. Siempre el proyecto de ley presupuestaria que arriba a la Asamblea Nacional lleva el visto bueno del policía financiero internacional, y aunque sea entregado a más tardar el 15 de octubre próximo también estimo que será aprobado en el transcurso del primer trimestre del año próximo.

Tengo la confianza que Nicaragua al final aprobará el examen. Las probabilidades no están a favor de que el país continúe sus ajustes macroeconómicos y reforma estructurales sin los préstamos multilaterales muy concesionales. Si no ocurriese así, la disciplina económica nacional tendría que ser más elevada. Para los nicaragüenses no sería grato que se sustituya un endeudamiento público externo muy concesional con un endeudamiento público interno muy oneroso, con el fin de cumplir el ajuste sin la ayuda tradicional que proporciona la Comunidad Internacional en divisas líquidas de libre disponibilidad y de apoyo a las reservas internacionales.