En la oposición, promovió con Alemán una reforma constitucional “parlamentarista” contra Bolaños, pero en el poder la echó en saco roto.
Desde enero de 2008 hasta finales de 2011 el entonces presidente Daniel Ortega violó la Constitución Política en al menos 86 ocasiones, al no solicitar la ratificación legislativa de embajadores, ministros y directores de entes autónomos, entre otros, tal como lo exige el artículo 150, numeral seis de la Carta Magna, confirma una investigación periodística de Confidencial.
Ortega, desde el primer día que asumió el poder en el periodo presidencial 2007-2011, formuló los nombramientos de esos funcionarios públicos por la vía de Acuerdos Presidenciales, publicados en La Gaceta, Diario Oficial, y sin someterlos al plenario de la Asamblea Nacional, pese a que su bancada contaba con 38 diputados y que al final del periodo, había conseguido tantos aliados para lograr el quórum de ley, de 47 diputados, sin embargo una cifra inferior a la requerida para ratificar a los funcionarios ya que corresponde al 60% del plenario de 91 diputados.
Después de una exhaustiva revisión de las publicaciones en La Gaceta, del 2007 al 2011, Confidencial pudo corroborar que las violaciones constitucionales se registran desde principios de 2008, cuando quedó sin efecto la suspensión de la Ley Marco y entró en vigencia parte de la reforma parcial a la Constitución aprobada por la Asamblea Nacional, el 13 de enero de 2005.
La aprobación de esa reforma generó un conflicto entre los poderes Legislativo y Ejecutivo que se resolvió con la Mediación del Cardenal Miguel Obando Bravo y de la OEA, representada por el embajador especial Dante Caputo. Como resultado de la negociación se aprobó el 19 de octubre de 2005 la Ley 558 “Ley Marco para la estabilidad y gobernabilidad del país”, que entró en vigencia el 20 de octubre del año 2005, suspendiéndose la aplicación de las reformas constitucionales hasta el 20 de enero del 2007.
Sin embargo, el exdiputado liberal José Pallais precisó que el 19 de enero de 2007, a través de una negociación entre el gobierno de Ortega y la bancada de la ALN liderada por el diputado Eduardo Montealegre, se aprobó la Ley No. 610, que reformó la Ley No. 558, suspendiendo nuevamente su aplicación hasta el 20 de enero del año 2008. Por tanto, el recuento de Confidencial sobre las violaciones constitucionales al artículo 150, numeral 6 de la Carta Magna, comprende desde esa fecha hasta 2011.
La reforma obliga al Ejecutivo a compartir en parte sus poderes con el Legislativo. El numeral seis del artículo 150 establece que son atribuciones del Presidente de la República “nombrar y remover a los ministros, viceministros de Estado, procurador y subprocurador general de la República, directores de entes autónomos y gubernamentales, jefes de misiones diplomáticas, debiendo poner en conocimiento de la Asamblea Nacional, dentro del término de tres días, el nombramiento para su ratificación, el cual se considerará firme hasta que la Asamblea lo ratifique”.
Debuta con Inss y embajadores
Entre los hallazgos de la investigación periodística destaca que es el año 2010, cuando el mandatario incumplió más con ese precepto constitucional, pues sacudió a su gabinete de gobierno, removiendo a cuatro ministros, seis viceministros, 11 directores de entes autónomos y cuatro presidentes ejecutivos de instituciones. Sus reemplazos los nombró vía Acuerdo Presidencial.
En tanto, los cambios en el cuerpo diplomático se mantuvieron constantes durante los últimos cuatros años, siendo 11 el promedio de nombramientos cada año y resaltando el 2010 y 2011 por ser cuando más designaciones hubo.
Mediante un Acuerdo Presidencial publicado el 20 de febrero de 2008 en La Gaceta 36, el mandatario nombró a Isabel Green Casaya, en el cargo de vicepresidenta ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), iniciando así un largo historial de violaciones a la Constitución.
El inciso 30 del artículo 138 de la Constitución Política estipula que una de las atribuciones de la Asamblea Nacional, es ratificar con el voto favorable de 60% del total de diputados, los nombramientos hechos por el Presidente. Dicho inciso establece que los nombramientos solo se considerarán firmes hasta ser ratificados por el Parlamento.
Los nombramientos de embajadores y jefes de misiones diplomáticas son los que más abultan la cifra de ilegalidades. Solo en 2008, Ortega nombró a 11 embajadores, entre ellos el representante ante la Santa Sede, Jamaica, Francia y la Organización de Naciones Unidas (ONU), sin la respectiva ratificación legislativa.
“Esta obligación entró en vigencia el 20 de enero del 2008, pero el Presidente Ortega ha nombrado a varios jefes de misiones después de esa fecha sin que los haya sometidos a la Asamblea Nacional para su debida ratificación”, explicó el exdiputado liberal Francisco Aguirre Sacasa, quien estuvo al frente de la Comisión del Exterior de la Asamblea Nacional en las últimas cuatro legislaturas.
En vista de esta situación, agregó Aguirre Sacasa, “los nombramientos diplomáticos de jefes de misión hechos por el Presidente posterior al 20 de enero 2008 son ilegales, aunque los jefes de misiones hayan recibido el plácet del país o de la organización en donde han sido nombrado. Por consiguiente, ningún documento que estos jefes de misión podrían haber firmados o compromisos que pueden haber adquirido de cualquier otra manera, compromete a la República de Nicaragua”.
El constitucionalista Oscar Castillo, sostuvo, por su parte, que además de la violación al artículo 150, numeral seis, el mandatario ha incumplido con el artículo 130, que establece que “ningún cargo confiere a quien lo ejerce más atribuciones y funciones que las que le señalan la Constitución y las leyes”.
En 2008 Ortega nombró al polémico vicetitular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Manuel Coronel Kautz. La Gaceta publicada el cinco de mayo de 2008 reporta el nombramiento de este funcionario, a quien además le delegó la responsabilidad de ser el jefe negociador del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.
En septiembre fue designada Nora Orozco Chamorro como viceministra de Salud. El único nombramiento de este tipo en 2009 fue el de Meyling Calero, en el Ministerio de la Familia.
En 2009 Ortega nombró principalmente a embajadores. Resaltan entre ellos Alfredo Martínez, embajador en Belice; Carlos Enrique Corea Lacayo, ante la Unesco; Saúl Arana, ante la India; Mario Barquero Baltodano, ante Irán; David McField, ante Jamaica y Mauricio Lautaro Sandino, embajador en misión especial ante Luxemburgo, con sede en Bruselas. Ninguno fue ratificado por el plenario de la Asamblea Nacional.
Aguirre Sacasa, expresidente de la Comisión del Exterior, aseguró a Confidencial que en varias ocasiones le ofreció al Canciller de la República, Samuel Santos, y a los directivos parlamentarios, René Núñez y a Alba Palacios, que los candidatos a las jefaturas del servicio en el exterior fueran sometidas al plenario de la Asamblea Nacional, al fin y al cabo, lo más probable es que si eran buenos candidatos, la mayoría parlamentaria no se opondría. Sin embargo, obviaron la oferta.
“Al no someter sus nombramientos diplomáticos a la AN para ratificación, Ortega incumplió con su responsabilidad primordial como jefe de Estado: cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución Política de Nicaragua”, afirmó Aguirre
¿Quién le pone el cascabel al gato?
En 2010 se registran 34 violaciones al artículo 150 numeral 6 de la Carta Magna, de acuerdo al conteo de Confidencial sobre los Acuerdos Presidenciales. Ninguno de los 25 nuevos miembros del gabinete de gobierno fue ratificado por Asamblea Nacional.
A criterio del constitucionalista Oscar Castillo, el Parlamento está facultado para “llamar al orden” al titular del Ejecutivo y corregir ese comportamiento irregular por parte del mandatario nicaragüense. Puede, pero no quiere.
“La Asamblea Nacional no solo tiene la función de aprobar leyes, es decir, aquí tenemos una percepción de que la Asamblea solo aprueba leyes, pero también tiene la función de vigilar, es fiscalizadora, puede llamar a un ministro para interpelarlo. Puede llamar al Presidente al orden. Ese es un control político, aquí no hay la posibilidad de destituirlo por esa vía, pero sí, la Asamblea puede corregir esos elementos”, explicó Castillo.
Por su parte, el exdiputado José Pallais explicó que el Poder Judicial tiene las facultades para obligar al presidente Ortega a cumplir con las disposiciones constitucionales, mediante el conocimiento de diferentes recursos. Así también, valoró que la Asamblea Nacional puede legislar para enmendar el irrespeto a la Constitución.
“Ninguno de esos Poderes del Estado lo ha hecho, ni lo hará, dado el control político que Ortega ejerce sobre los mismos, convirtiéndose en cómplices del irrespeto a la legalidad constitucional”, agregó Pallais.
En 2010, de acuerdo a las publicaciones en La Gaceta, por la vía de los Acuerdos Presidenciales asumieron Marcia Ramírez en Mifamilia, Ariel Bucardo en el Magfor, Sonia Castro en el Minsa y Miriam Ráudez en el Mined. Así también, Bosco Castillo en el Injuve, Isabel Green Casaya en el Inim, María Esperanza Acevedo en Enacal, Pedro Haslam en el IDR, Martha Briones en el Inpyme y; Dámaso Vargas en el Inatec.
Al menos tres de los nombrados en 2010 fueron removidos al año siguiente. Ninguno de estos funcionarios fue ratificado por el Parlamento. Uno de los casos es el de Ervin Barreda, quien sustituyó a María Esperanza Acevedo en Enacal y Eva Acevedo Gutiérrez, quien dejó la dirección general del Inta, que pasó a ser ocupada por María Isabel Martínez.
Ese año, asimismo, hubo 12 cambios en el cuerpo diplomático. En la Gaceta número 37, emitida el 23 de febrero, está el Acuerdo Presidencial que nombra a Carlos Argüello embajador ante el Reino Unido. La misma edición del diario oficial reporta el nombramiento de Bridget Yvonne Budier como embajadora itinerante en misión especial ante los Países de la Asociación de Estados del Caribe. Mientras, el 25 de mayo del mismo año fue designado el embajador ante Estados Unidos, Francisco Campbell, luego que esa legación permaneció 14 meses sin jefe diplomático.
Fracasa iniciativa de anular nombramientos
El nueve de septiembre de 2009, un grupo de diputados elaboró una iniciativa para declarar nulos los nombramientos, pero ésta no prosperó.
“Cuando se hizo evidente que Ortega no estaba cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 138 y 150, y ante la negativa de la junta directiva de plantear un conflicto de poderes, un grupo de diputados elaboramos una iniciativa de Ley para declarar la nulidad de los nombramientos hechos por el Presidente de la República, por estar inobservando la Constitución Política”, recordó José Pallais.
El anteproyecto de ley pretendía restablecer la supremacía constitucional declarando la nulidad de los nombramientos y ordenando al Ministerio Público a procesar a los funcionarios que ejerzan o hayan ejercido funciones sin los requisitos constitucionales, así como en contra de quien los hubiere nombrado y proclamando que no debía reconocérseles su autoridad.
“Previo a la presentación de la iniciativa de ley, que pretendía declarar la nulidad, se expuso reiteradamente el irrespeto a la Constitución y la exigencia de que el presidente (Ortega) retomara el camino de la legalidad”, añadió Pallais.
A criterio del exlegislador, los nombramientos habrían sido ratificados en el plenario en caso que el Ejecutivo los hubiese enviado, pese a que no tenía los votos suficientes ya que el Frente Sandinista contaba con 38 diputados electos bajo su bandera y llegó a sumar hasta 47 diputados, con los aliados.
“Se discutió reiteradamente en las bancadas de oposición cuál era el sentido de la ratificación y se concluyó que no podía ser un asunto para el manejo político, que no se podía actuar con un yo me opongo, paralizando permanentemente el funcionamiento del Poder Ejecutivo; que el análisis de los funcionarios propuestos debería concentrarse en sus capacidades, moralidad, trayectoria y desempeño de su vida profesional, y que solamente los notoriamente incapacitados y los de dudosa moralidad, cuyo nombramiento afectara la imagen de la República, debían ser rechazados”, concluyó Pallais.
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