El sistema electoral: ¿Es confiable?
El sistema electoral tiene innegables fortalezas y es tecnológicamente muy avanzado. Funcionando adecuadamente asegura la transparencia de elementos fundamentales para el control y vigilancia de los procesos electorales por partidos, ciudadanos y observadores. Los registros electorales, por mesa, están disponibles. También, las nóminas de las personas a cargo de las mesas electorales que, de acuerdo con la ley, son designados mediante sorteo público por la Junta Nacional Electoral. Los encargados electorales de la oposición tienen la convicción de que las personas a cargo de las mesas fueron efectivamente nombradas por sorteo. Además, los opositores en su actual estado de organización, disponen de los nombres de los encargados de las mesas del país. Adicionalmente y como es lógico, la legislación reconoce a las candidaturas el derecho a nombrar un testigo por mesa.
El sistema opera a partir de la identificación del elector mediante la máquina capta huellas y la respectiva cédula de identidad. A continuación éste procede a seleccionar el candidato de su elección y emite su voto. La máquina entrega al elector un comprobante impreso con indicación de por quién sufragó, este lo introduce en la caja de resguardo de comprobantes de voto. Terminada la votación y cerrada la mesa, la máquina imprime copias del acta de escrutinio, una de las cuales queda en poder de cada testigo, y envía el escrutinio al centro de totalización del CNE.
El sistema tiene fallas y no es absolutamente inexpugnable –¿hay alguno que lo sea?– no obstante ello, nuestra convicción es que es confiable, permite su control y monitoreo por la oposición y excluye la posibilidad de un fraude masivo que no sea detectable. Existe, sin embargo, la posibilidad de que en las mesas sin testigos de la oposición y donde exista la complicidad de los integrantes de la mesa, antes de su cierre se pueda votar por una opción hasta completar el número de personas que no acudieron a sufragar.
Una falla esencial es la politización del Consejo Nacional Electoral lo que explica su tibieza para ejercer algunas de sus funciones regulatorias, especialmente en lo que se refiere al abuso de la propaganda oficial.
Condiciones de la competencia
Fuera de dudas la mayor debilidad del proceso está en unas condiciones de la competencia no equitativas. No existe una cobertura medianamente equitativa en los medios. En materia de diarios la situación que partió muy adversa al gobierno, hoy parece equilibrada. En la televisión el predominio del gobierno es abrumador estimándose que ya en 2007 controlaba 7 televisoras de alcance nacional y 35 televisoras abiertas comunitarias.
Además el uso indiscriminado y reiterado de las “cadenas” por parte del gobierno, que obliga a las estaciones de radio y televisión a reproducir los mensajes del presidente, y que en el caso del gobierno de Chávez ha llegado a extremos injustificables como es la existencia, a partir de 1999, de más de 2.300 cadenas con una duración promedio de 45 minutos. En virtud de otra ley, los medios audiovisuales tienen la obligación de trasmitir todos los días diez minutos de avisos institucionales que la oposición acusa que se inscriben en la campaña de propaganda del candidato oficial.
El financiamiento de las campañas es particularmente opaco, aunque claro el abrumador predominio del gasto del candidato gubernamental.
En Venezuela existe un consenso de que los programas sociales del gobierno, las llamadas misiones, son un elemento decisivo en el apoyo que vastos sectores de la población
Además, en Venezuela existe un consenso de que los programas sociales del gobierno, las llamadas misiones, son un elemento decisivo en el apoyo que vastos sectores de la población, especialmente entre los pobres, otorgan al presidente Chávez. La oposición denuncia que las formas con que se entregan esas ayudas –que son masivas y que se refieren a salud, educación, subsidios a los precios de los alimentos, vivienda– establecen formas de coacción sobre los funcionarios públicos y crean poderosas redes clientelares. Pero, por otra parte ¿cómo lograr escindir en el imaginario público, lo que son programas de Estado y derechos de los ciudadanos por un lado y, por otro, la utilización política de los mismos para construir redes clientelares y vincularlos a la supuesta generosidad de un líder o de un partido?
Otro rasgo fundamental de la campaña es la aguda polarización en que transcurre. Dos grandes bloques electorales son la primera evidencia. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que reúne a dos decenas de agrupaciones políticas y la constelación que gira en torno al PSUV. Pero dos bloques electorales no son suficientes para hablar de una sociedad polarizada. Por el contrario, podría ser síntoma de una reducción funcional de las opciones que tiene enfrente el universo de votantes. Pero en este caso, se trata de dos coaliciones que encarnan dos visiones no solo distintas de la política y el país, sino claramente enfrentadas.
Desde el lado del gobierno se vive la política como una especie de “gesta revolucionaria” donde los adversarios aparecen como enemigos irreconciliables, agentes de fuerzas extranjeras o defensores de intereses inconfesables y minoritarios. Su discurso es polarizador y polarizante como fórmula para obtener la cohesión de sus seguidores.
La Mesa de la Unidad Democrática, por su parte, ha realizado esfuerzos para atemperar la polarización. Subraya la necesidad de la unidad y repudia la política gubernamental de “dividir a los venezolanos”. Se trata de un planteamiento que tiende a fortalecer un régimen democrático entendido en sus términos clásicos: reconocimiento de la pluralidad política y ofreciéndole un cauce institucional para su convivencia y competencia.
Al final, gobierno y oposición encarnan dos lenguajes, dos concepciones, dos ideas enfrentadas que no logran forjar un piso común. No obstante y por lo pronto, ese piso común lo constituye la Constitución y el relevante hecho político que todas las fuerzas reconocen que la única fuente de legitimidad para los gobiernos (federal, estadual y alcaldes) y los cuerpos colegiados legislativos (Asamblea Nacional), son las elecciones.
Es esa coincidencia la que mantiene en un mismo plano la disputa entre ambas fuerzas. El horizonte electoral es quizá el cohesionador más relevante dentro de la espiral polarizadora que vive Venezuela.
La violencia es otro factor que incide en el clima de la contienda. Aun cuando Venezuela registra uno de los más altos índices de criminalidad, por fortuna no se han trasladado a la campaña y al quehacer político, pero ello puede no ser eterno.
Los próximos meses
El cáncer que padece el presidente Chávez es uno de los grandes enigmas que hoy existen en Venezuela y las especulaciones en torno a él son objeto de manipulación por partidarios y adversarios, generándose un escenario político plagado de incertidumbre.
Para partir por lo básico, la Constitución, en su artículo 233, precisa los mecanismos frente a esta contingencia.
Los escenarios de lo que puede suceder bajo el impacto de las elecciones presidenciales son relativamente limitados, existiendo básicamente cuatro posibilidades:
A) El triunfo del presidente Chávez y su reconocimiento por la oposición. De ocurrir es probable que tome la forma de un reconocimiento que no sea obstáculo para denunciar la injusticia del ambiente en que se realizó el proceso electoral caracterizado por el “ventajismo” en los medios de comunicación, el abuso del gasto público y el clientelismo estatal. En ese escenario, es probable que la MUD se mantenga unida y ratifique el camino de la lucha político-electoral. Un factor que dentro de la coa- lición opositora presionará para continuar por esa ruta, mirando más allá del resultado del 7 de octubre, es que diez semanas después, el 16 de diciembre, se elegirán los gobernadores, elección en que por no estar personalizada en Chávez sino en sus representantes, cabe pensar que las posibilidades de la oposición sean mayores.
B) El triunfo del presidente Chávez y el no reconocimiento del resultado por la oposición o parte de ella y la eventual escisión de la oposición. Este escenario es resultado de una pregunta crucial: ¿será la oposición capaz de mantenerse unida si su candidato presidencial no obtiene el triunfo en las urnas? Es probable que sí, por lo apuntado en el escenario uno. No obstante, existe una posibilidad de que la oposición se escinda por quiénes además de denunciar “el ventajismo” acusen la existencia de un fraude masivo en las mesas electorales y en los escrutinios aunque no esté sostenido con “pruebas plausibles”. Estos sectores –estamos especulando- levantan de nuevo la bandera del abstencionismo y, aunque no lo digan, bus- can una salida extra constitucional a la crisis. Puede ser el peor escenario para la oposición pues la dejaría fuerte- mente dividida, debilitada para enfrentar las elecciones de gobernadores de diciembre y relativamente aislada inter- nacionalmente. En este escenario será crucial la reacción del propio candidato Capriles cuya tarea central quizá sea la de mantener unida a la oposición.
C) El triunfo de Capriles y su reconocimiento por parte del gobierno. Ello tendería a normalizar las relaciones políticas en el país, asentaría la confianza en el sistema electoral y generaría mejores condiciones para una germinal convivencia democrática.
No obstante, la elección de Capriles y su reconocimiento por el gobierno de Chávez abre, también, un escenario complejo. De partida, entre la elección del nuevo presidente y su asunción al cargo median 90 días, un plazo que por ser excesivamente largo puede constituir una oportunidad para agravar tensiones y desencuentros. Una vez asumida la presidencia la situación del nuevo jefe del Ejecutivo será precaria pues no contará en principio con la mayoría de la Asamblea Nacional y ello por el siguiente año y medio hasta que se lleven a cabo nuevas elecciones; además tendrá que convivir con un Tribunal Supremo de Justicia que está bajo control de Chávez y el partido de gobierno, situación que se extiende, de modo similar, a otros poderes del Estado como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el propio CNE.
Fuera de dudas la mayor debilidad del proceso está en unas condiciones de la competencia no equitativas. No existe una cobertura medianamente equitativa en los medios.
Tal concentración del poder en manos del chavismo plantea a la oposición enormes dificultades de gobernabilidad; sin embargo, visto el asunto desde otro punto de vista, esta realidad puede ser un factor que reste dramatismo a la decisión de reconocer la derrota, pues aún perdiendo el poder presidencial, el chavismo será institucionalmente la fuerza dominante, ello sin considerar que a los poderes mencionados se agrega una fuerza electoral nada despreciable, el control de 15 de las 23 gobernaciones y de la mayoría de las alcaldías.
Si ello sucediera, las dificultades anteriores obligarán al eventual gobierno de Capriles a desarrollar una sofisticada acción política tendiente, primero, a mantener la unidad de las fuerzas que lo apoyaron; pero, a la vez –lo que va a crear tensiones con sectores del propio campo– una política de apertura que le per- mita encontrar aliados tácticos, e incluso estratégicos, en sectores del chavismo.
D) El triunfo de Capriles y su no reconocimiento por parte del gobierno, que es el escena- rio más complejo y potencialmente disruptivo. Naturalmente será más grave para el gobierno en la medida que la victoria opositora sea mayor y las pruebas de fraude más sólidas. En este caso el rol de las Fuerzas Armadas puede ser decisivo al igual que la influencia de la presión o condena internacionales.
Es dable suponer también, que ante la evidencia de la derrota del gobierno –así como ha ocurrido en otros países en situaciones similares– se abra la misma noche de los escrutinios, al interior del gobierno, un debate acerca de si reconocer o no el triunfo opositor. Es un tiempo crucial que puede durar varias horas y en el que se debe mirar con especial interés a Fuerzas Armadas. El rol de países que tengan cercanía o in- fluencia sobre el gobierno puede ser importante, situación en que se encontrarían Brasil, Cuba, incluso Colombia. También la Unión Europea. Estados Unidos, en cambio, debería ser cauteloso de emitir opiniones en las horas iniciales de la situación que se describe.
* JOSÉ WOLDENBERG ES ACADÉMICO Y ANALISTA POLÍTICO. FUE CONSEJERO PRESIDENTE DEL IFE DE 1997 A 2003 Y ACTUALMENTE ES PROFESOR EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM); GENARO ARRIAGADA FUE MINISTRO DE ESTADO DURANTE LA PRESIDENCIA DE EDUARDO FREI Y POSTERIORMENTE EMBAJADOR DE CHILE ANTE LOS ESTADOS UNIDOS.(INFORME WODROW WILSON CENTER E IDEA INTERNACIONAL)
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