La democracia sistémicamente amenazada
Por Juan Hernández Pico, S.J.
Generales al banquillo
En este año de
2012 han comparecido ante la justicia en Guatemala tres generales en situación
de retiro. Se trata del general José Efraín Ríos Montt, de 86 años, ex jefe de
Estado (golpista) de 1982 a 1983. Fue ligado a proceso en febrero de 2012. El
30 de agosto la Sala IV de Apelaciones denegó el recurso planteado por la
defensa de Ríos Montt a favor de declarar que los crímenes que se le imputaban
caían bajo la amnistía decretada por la Ley de Reconciliación de 1996. Hay que
recordar que esta ley no era una ley de “punto final”, sino que exceptuaba de
la amnistía la tortura, la desaparición forzosa y el genocidio además de otros
crímenes de lesa humanidad. También ha sido imputado el general Héctor Mario
López Fuentes, de 81 años, jefe de Estado Mayor de la Defensa de 1983 a 1985.
Finalmente fue imputado también el general José Mauricio Rodríguez Sánchez,
jefe del G-2 (Inteligencia) del Ejército entre 1983 y 1985. Ríos Montt está
acusado de ser el actor intelectual de la masacre de la aldea Dos Erres en el
Departamento del Petén, así como de numerosas masacres en el Triángulo Ixil
(los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul en El Quiché), considerados actos de
genocidio. López Fuentes y Rodríguez Sánchez están acusados de organizar las
mismas masacres en el Triángulo Ixil. Todas esas masacres fueron consecuencia
de los planes estratégicos militares Victoria 82 y Firmeza 83.
Breve recuerdo de juicios a militares
¿Han ocurrido
antes en Guatemala enjuiciamientos de militares?
En 1995, un año
antes de la firma de los acuerdos de paz, una patrulla del Ejército ingresó a
la Comunidad Aurora 8 de Octubre, formada por retornados en el municipio de
Chisec, Alta Verapaz, y después de intercambios tensos con los retornados,
disparó contra grupos de ellos matando a 11, incluyendo niños, e hiriendo a
otras 28 personas. El juicio no prosperó y en su estadio de apelación las penas
decretadas contra los miembros de la patrulla fueron anuladas, alegando que los
crímenes habían sido “comunes” y caían bajo la amnistía de la Ley de
Reconciliación Nacional.
Hasta el
momento, en Guatemala, sólo ha sido condenado en 1993 a 30 años de prisión por
el asesinato de la antropóloga Myrna
Mack el 11 de septiembre de 1990 el sargento mayor del Ejército, Noel de Jesús
Beteta Alvarez. Diez años más tarde, en el año 2003, el coronel Juan Valencia
Osorio, ex jefe de inteligencia en el Estado Mayor Presidencial fue condenado
también a 30 años como autor intelectual del asesinato de Myrna Mack. En el
mismo juicio de casación de la Corte Suprema de Justicia, último e inapelable
peldaño del sistema judicial guatemalteco, fueron absueltos el general Edgar
Godoy Gaitán, jefe del mismo Estado Mayor Presidencial, y el teniente coronel
Juan Guillermo Oliva Carranza, segundo al mando del coronel Valencia Osorio.
Cuando al día siguiente la Policía Nacional Civil se dirigió al domicilio de
Valencia Osorio para capturarlo, no pudieron encontrarlo. Hoy sigue prófugo de
la justicia.
En 1999 fueron
condenados a 20 años de prisión el coronel Byron Disrael Lima Estrada y el
capitán Byron Lima Oliva, hijo del anterior, por complicidad en el asesinato
del obispo Juan José Gerardi Conedera el 26 de abril de 1998. El coronel Lima
Estrada acaba de salir en libertad por reducción de la pena en gracia a buena
conducta. Dio declaraciones a la prensa afirmando que se iría fuera del país
porque su vida está en peligro. Recordemos que el tribunal que condenó a los
Lima dejó abierto proceso contra varios otros oficiales del Estado Mayor
Presidencial, pero nunca se ha continuado este proceso.
En agosto de
2011 fueron condenados a más de 6 mil años de prisión tres oficiales del
Ejército de Guatemala como autores materiales de la masacre de la aldea Dos
Erres.
Condiciones de posibilidad para enjuiciar a
generales
Nunca, sin
embargo, excepto en el caso Mack, se había llegado a enjuiciar a generales del Ejército. La pregunta
fundamental es qué es lo que ha hecho posible el juicio de estos tres últimos
altos personeros del Ejército de Guatemala. La respuesta es al menos triple.
Primero, el esfuerzo de las organizaciones de víctimas que se han mostrado
decididas durante años a pedir responsabilidades penales contra estos militares
que, a su juicio, fueron responsables de haber quitado la vida injustamente a
tantos miles de ciudadanos. Segundo, la necesidad del Estado guatemalteco de
dar muestras de que la justicia es posible en Guatemala a pesar del estatus de
los presuntos culpables y del golpe que su condena supondría para el Ejército
de Guatemala. Tercero, el valor y la honestidad de algunos jueces, tanto
mujeres como hombres, al frente de los juzgados de alto riesgo.
No se puede
evitar, sin embargo, destacar que no se ha tocado aún en Guatemala al general también
retirado Benedicto Lucas García, primer presunto autor y planeador de la
estrategia de masacres y tierra arrasada que comenzó en 1981. Sí fue incluido
en una acusación presentada por la Fundación Rigoberta Menchú ante la Audiencia
Nacional de España. Benedicto Lucas,
Jefe del Estado Mayor del Ejército durante la presidencia del general Fernando Romeo Lucas García, ya
fallecido, estudió en la escuela de oficiales militares de Saint Cyr y
participó en la guerra contra los argelinos independentistas en el Norte de
Africa, ambas cosas según sus propias declaraciones. Tocar a Benedicto Lucas en
Guatemala sería tocar al máximo ícono del Ejército, a quien, en la memoria de
los militares guatemaltecos, se debe la victoria militar sobre la URNG.
¿Una decisiva lección al Ejército?
¿Puede decirse
que juzgando a Ríos Montt, López Fuentes y Rodríguez Sánchez, se estaría dando
una lección fundamental al Ejército? Difícilmente. Estos ancianos militares
pueden volverse chivos expiatorios, una vez sobre todo que el político entre
ellos, Efraín Ríos Montt, ha visto ya casi disuelto su partido -el Frente
Republicano Guatemalteco (FRG) no tiene ya más que un solo diputado en el
Congreso- y su estrella política nunca llegó a darle el logro de su ambición
mayor, la presidencia de Guatemala por elección democrática incuestionable e
incuestionada. Tampoco su hija, Zury Ríos Sosa, ha logrado constituirse en
heredera creíble de su papá. Pero sobre todo es incuestionable el ascenso
meteórico del Ejército desde la presidencia de Alvaro Colom (2008-2012),
reforzado durante los 8 primeros meses de la actual presidencia de Otto Pérez
Molina. En el nuevo presupuesto de 2013 se asigna a la defensa un 23% más que
en el anterior. Mientras tanto, ya desde el gobierno de Colom 4 nuevos
destacamentos del Ejército han sido ubicados en posiciones geográficas antiguas
(Playa Grande, Ixcán) y nuevas (San Juan Sacatepéquez, en este caso para
defender la nueva fábrica de cemento de los Novella). Toda la retórica del
presidente Otto Pérez Molina sobre la seguridad tiene nombres de raigambre
militar: “fuerzas de tarea”.
La insuficiencia de las reformas constitucionales
fiscales
¿Qué es lo que
está pasando en realidad en Guatemala? Edgar Balsells y Edgar Pape acaban de
publicar un artículo serio en el cuaderno número 45 de Diálogo (FLACSO), que se
inserta en El Periódico del 2 de
septiembre de este año. Se trata de un estudio sobre el proyecto de reformas
constitucionales que acaba de entregar al Congreso el presidente Pérez Molina.
Los cuatro capítulos sobre los que versan los 35 artículos constitucionales
renovados son: “Fortalecimiento del Sistema de Justicia y Seguridad”,
“Transparencia y rendición de cuentas”, “Mejoras Políticas”, y “Reforzamiento de la fiscalidad y del
financiamiento”. Las conclusiones de los analistas mencionados se mueven
alrededor de que sobre todo en el cuarto capítulo el título es engañoso: los
cambios constitucionales no “refuerzan”, porque no tocan el problema crucial de
hacer más fuerte al Estado a través de una fuente tributaria de ingresos que le
dé la capacidad para ser un Estado socialmente eficaz frente a las mayorías
explotadas y excluidas; ni siquiera retoman las reformas la meta del 12% del
PIB para la recaudación tributaria, consensuada en los Acuerdos de Paz y
todavía inalcanzada. Reconocen Balsells y Pape la importancia de aumentar el
presupuesto del sistema judicial (del 2 al 4% del monto total) y del Ministerio
Público (del 1 al 2% del monto total). Terminan su estudio de esta forma estos
dos analistas:
Acudimos
así a reflexiones sociológicas y de economía política que apuntan al hecho de
que quien quiere variar los efectos, tiene que modificar las causas… Por ello,
no podemos aceptar el encanto
de una reforma llamada a cumplir el
lobby de élites políticas y
corporativas, sino en preparar condiciones para que un nuevo texto
constitucional, democrático e incluyente, asuma la necesidad de legitimar la
voluntad social de cambios económicos, que necesariamente pasan por un
‘fortalecimiento fiscal’ basado en la justicia y la equidad social.
Los temas de justicia y seguridad deben pertenecer a
capítulos distintos
Es además
profundamente cuestionable que se traten
en el mismo capítulo los temas de justicia y seguridad, sobre todo cuando este
último es un tema que pertenece al poder ejecutivo, mientras que el primero es
un tema que pertenece al poder judicial. Por otro lado, es encomiable que se
proponga una reforma constitucional gracias a la cual el ministro de la Defensa
Nacional puede ser civil y no exclusivamente militar. En cambio, cuando se
ratifica que “el Ejército podrá apoyar a las fuerzas de seguridad civil en la
seguridad interior”, y se consignan las formas de esa ayuda, se echa de menos
que se diga que, cuando se incorpora a tareas de seguridad interna, el Ejército
debe acomodarse, al realizar sus funciones, a la doctrina de la Policía
Nacional Civil. En realidad el problema es que cuando se habla de la Policía
Nacional Civil no se menciona que esta debe funcionar de acuerdo a una
Doctrina propia, que no tiene nada que
ver con la que rige el funcionamiento del Ejército. Esta fue una insistencia persistente
de la ex comisionada para la reforma de la PNC en tiempos de la presidencia de
Colom, Helen Mack. Es lamentable que no
se subraye que, haya o no un ministro civil de la Defensa Nacional, el Ejército
debe estar sometido en todo a la autoridad civil de la República, incluso si el
Presidente es un general en situación de retiro.
La lucha por los recursos naturales no renovables
Una
de las reformas constitucionales propuestas por el presidente Otto Pérez Molina
se refiere al tema de la minería, de enorme actualidad en América Latina y en
muchas otras regiones del mundo. La reforma dice así: “El Estado podrá ser el
titular de hasta el cuarenta por ciento de la propiedad o participación
patrimonial de toda empresa que explote recursos naturales.” Hasta ahora el
Estado debía recibir el 1% de los beneficios de toda explotación minera. Sin embargo, la Universidad Rafael Landívar,
que fue consultada por el Presidente, al igual que otras universidades del
país, observó que habría que proponer la reforma de la siguiente manera: “El Estado deberá ser el titular de un
mínimo del cuarenta por ciento de la
propiedad o participación patrimonial de toda empresa que explote recursos
naturales no renovables”. Detrás
del texto minimalista de la reforma propuesta por el presidente se encuentra
probablemente la dura reacción de la empresa privada, al menos la representada
por el CACIF.
Los
agudos conflictos suscitados ya en Guatemala por la explotación de la mina de
oro de San Miguel Ixtahuacán (San Marcos) y por las concesiones mineras en San
José el Golfo, bien cerca de la Capital, así como los que se prevén al
multiplicarse en el país este tipo de concesiones, plantean un panorama nuevo.
Guatemala, como el resto de Centroamérica, no fue tierra de minas, es decir
tierra de oro y plata, durante la Colonia. El “oro” aquí fue la tierra. Pero
hoy las exploraciones de las grandes compañías mineras de Canadá y los Estados
Unidos, y en general de la industria extractiva de recursos naturales no
renovables, está descubriendo minas en Guatemala y Centroamérica. Las minas, el
agua para proyectos hidroeléctricos y la misma agua potable se están convirtiendo
en los nuevos productos codiciados de las grandes transnacionales. Igualmente
los aceites. Lo que ha ocurrido en el norte de Honduras en el Valle del Aguán está
hoy ocurriendo en Alta Verapaz en Guatemala: grandes extensiones de tierra
están siendo compradas a precios bajos a millares de familias de campesinos
indígenas para dedicarlas a la producción de la palma africana y a los aceites
que de esta planta se cosechan. La gran Franja Transversal del Norte que corta
el sur del Petén y el Norte de Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango está siendo
pavimentada después de décadas de abandono desde que se trazó y está siendo ya
bordeada por los ranchitos de multitudes de familias expulsadas de la tierra
que malviven a los bordes de la Transversal. No tardará en ampliarse la
explotación petrolera, hoy confinada en su mayoría a pequeños espacios del sur
del Petén. Su aumento amenazará gravemente las reservas de la biosfera, de gran
importancia en Guatemala y para el mundo. Estos problemas y conflictos se hacen
más complejos aún porque las tierras de minerales (codiciadas más hoy por el
ascenso constante de sus precios, sobre todo de los metales) se entrecruzan con
los territorios en los que prevalece la población indígena, provocando recursos
basados en el Convenio 169 de la OIT. El recuerdo de la importante
hidroeléctrica del río Chixoy estimula las luchas contra los grandes y pequeños
proyectos hidroeléctricos esparcidos por Huehuetenango y El Quiché. El
escándalo de que la hidroeléctrica del Chixoy, que ilumina a grandes ciudades
lejanas mientras las aldeas que la rodean permanecen sin luz desde hace 30 años,
hace que muchas poblaciones indígenas luchen contra los proyectos
hidroeléctricos incluso sin plantearse un estudio racional de beneficios y
pérdidas.
Los TLC en el contexto de
las concesiones de recursos naturales
Los TLC, especialmente el firmado y legislativamente
corroborado en 2003 con Estados Unidos y República Dominicana, se entienden más
a fondo en este contexto. Se trata, a pesar de lo que su nombre intenta
indicar, más de Tratados para proteger la inversión transnacional en
Centroamérica que para liberar el comercio entre nuestra región, el Caribe y
los Estados Unidos. Tanto la libre exportación de semillas transgénicas de
granos básicos –que, bajo el pretexto de primeras cosechas mayores, pueden
contaminar y aun suplantar la gran variedad de semillas originarias aclimatadas
durante milenios en nuestra región-, como la norma del “lucro cesante” (el
cálculo de las ganancias esperadas por una transnacional minera, por ejemplo,
una vez que el Estado le concede la exploración de un yacimiento, pero no
obtenidas de hecho por una nueva intervención del Estado que retire o suspenda
la concesión) están inscritas en los artículos de esos Tratados. Los Estados,
en sus posibles discrepancias con las empresas transnacionales, deben someterse
a un tribunal de arbitraje internacional, inclinado generalmente, no sin alguna
excepción, a dar la razón a las transnacionales. A esto se añade el pensamiento
único actual en economía que afirma que para asegurar los alimentos hoy
(seguridad alimentaria) no hace falta sembrarlos en el propio territorio sino
simplemente obtenerlos en el mercado mundial, de manera que lo importante es
producir nacionalmente bienes y servicios exportables que aseguren el dinero
para comprar los alimentos.
Los proyectos
hidroeléctricos
La lucha competitiva por el agua y la madera, hoy una
lucha global, está también afectando a Centroamérica. Desde que la mayoría de
los Estados centroamericanos han ratificado el Convenio 169 de 1989, de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales
(hasta 2010 Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua, mientras que en El
Salvador y Panamá está vigente todavía el anterior Convenio 107), los proyectos
hidroeléctricos, sobre todo los de gran envergadura –como, por otra parte,
también los mineros-, se enfrentan a la pretensión jurídica de los municipios y
territorios municipales, donde podrían construirse, de ser consultados antes de
que se diseñen y construyan. Varios de los países centroamericanos,
especialmente El Salvador, están acercándose a una situación de estrés hídrico.
Este gran problema del futuro cercano se agrava por la privatización de
manantiales para la venta de agua embotellada y, sobre todo, por la
deforestación que, con la excepción de Costa Rica, no ha llevado consigo planes
y realizaciones eficaces de reforestación. El desmesurado crecimiento de los
centros urbanos, especialmente de la Capital de Guatemala, ha hecho aumentar
exponencialmente la deforestación por causa de las ingentes necesidades de
madera para encofrados, pisos, corredores, terrazas y muebles en la industria
de la construcción de barrios y colonias acomodadas y de lujo, en las autopista,
aeropuertos y puentes, y en los ranchos de las periferias y de los barrancos
marginados, primera estación de los migrantes del campo a las ciudades. A ello
se añade la necesidad de combustible para los hogares rurales de los pobres.
En nuestros países se lucha
contra la impunidad de violadores de derechos humanos personales
La justicia está empeñada en Guatemala en estos días
en llevar a los tribunales a los culpables de genocidio, de tortura, de
desaparición forzosa y de otros crímenes contra la humanidad. También en
Argentina ha estallado esa misma preocupación y ha obtenido resultados, los
últimos la condena del ex general Jorge Videla y de otros antiguos altos
funcionarios de la dictadura militar (1976-83) por haber robado niños, dados a
luz por presas, y haberlos entregado a familias de militares para su adopción.
En El Salvador se lucha para que se deje de alegar la ley de amnistía y se
llegue a la verdad y a la justicia en los grandes crímenes de Estado cometidos
durante la guerra. Y todo esto es bueno. Hemos de caer en la cuenta, sin
embargo, de que estamos en todos estos casos luchando contra la impunidad de
los violadores de derechos humanos individuales, o mejor dicho personales.
¿De qué transformación
hablamos? Se están violando los derechos humanos sociales y económicos de la
humanidad
¿Por qué hemos puesto en el título de este artículo
esas palabras tan rimbombantes “la gran transformación” –que pertenecen al
título de la gran obra de Karen Armstrong? ¿De qué transformación hablamos?
“La gran transformación” se refiere a que la crisis
mundial, que estalló al terminar el año 2007 y cuyo final no estamos avizorando,
nos conduce a otro plano: se están violando salvajemente los derechos sociales
y económicos de la humanidad y especialmente de los países y las familias
pobres. Por supuesto, este es un antiguo conocimiento, que pertenece a un viejo
patrimonio intelectual. Hoy, sin embargo, está clarificándose que el problema
de la violación de los derechos humanos no es solo un problema que afecta a las
personas; es también un problema sistémico. Está apareciendo en toda su crudeza
que el capitalismo es salvaje siempre. La realidad no es que haya un
capitalismo salvaje, el que está vigente, por ejemplo, durante la acumulación
primitiva del capital en una zona determinada del mundo, y que luego es
sucedido por un capitalismo humano, donde se hace posible que la acumulación de
capital se derrame en forma de bienestar sobre la mayoría de la población de
esa misma zona. Eso ocurrió desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el
reciente cambio de milenio, un poco más de 50 años.
Un asalto a la sociedad del
bienestar
En cambio, lo que está ocurriendo hoy es un asalto
estratégico mundial a la sociedad del bienestar, incluso en los países del
Norte, y entre nosotros, en el Sur, un enconamiento de las circunstancias
estructurales que mantienen en la pobreza a las mayorías o que las obligan a
emigrar de su patria. Parecía incluso que la crisis no estaba golpeando a las
grandes economías emergentes –Brasil, China, India, Sudáfrica- y a otras menos
grandes como México. Parecía que en el subcontinente latinoamericano estábamos
alcanzando sin problemas altos porcentajes de crecimiento económico anual. El
año 2012 está siendo testigo, en cambio, del comienzo del desplome de este
sueño.
La crisis de la
globalización, crisis de codicia
No en vano la crisis en que vivimos es la primera gran
crisis de la globalización, que es lo mismo que decir del capitalismo global. Los mismos responsables de que los
bancos hayan arriesgado más allá de toda lógica razonable los depósitos
monetarios o los bienes accionarios de
grandes multitudes contratando hipotecas inmobiliarias sin posibilidades
racionales de garantía (“hipotecas basura”), o creando el mercado de los hedge funds o “fondos de cobertura”, no
regulados, de máxima rentabilidad y enorme riesgo, e irrumpiendo codiciosamente
en él, esos mismos son los que, ya
fracasados, y dejando a sus instituciones financieras con pérdidas gigantescas,
salen por la puerta grande con bonos que rondan los 100 millones de dólares o
más, como compensación al abandono de su puesto por renuncia o despido. Y a
continuación, desde instituciones travestidas de honorabilidad (Standard &
Poor, Moody o Fitch), califican las economías de todo el mundo conforme al
riesgo que les atribuyen con sentencias inapelables en el mercado mundial.
La impunidad a la que estábamos acostumbrados era la
impunidad de los violadores de los derechos individuales de las personas. Una
impunidad dramática cuyos efectos espantosos se contabilizaban en muchos millares
de personas. Evidentemente hemos de seguir luchando para combatir esa impunidad
hasta que sea una pesadilla del pasado. La impunidad con la que hoy nos
enfrentamos es la impunidad de los violadores estructurales de los derechos
sociales y políticos de ingentes multitudes, y de los derechos culturales que
dependen de una situación de sanidad sociopolítica, y finalmente de los
derechos económicos de millones de gente sin empleo.
La caída de las utopías y la
lucha por un nuevo proyecto histórico
¿La gran transformación? Sin duda. En 1989 nos
enfrentamos el 9 de noviembre con la caída del muro de Berlín y la consecuente
caída de las utopías. Fue un gran golpe a la esperanza de cambios estructurales
del modelo económico explotador prevalente. No fue una sorpresa total, pues
durante todos los meses de aquel verano europeo las fronteras de la Europa
Oriental del socialismo realmente existente se fueron volviendo porosas y
millares de personas viajaron a Austria a través de Hungría y de ahí a
Checoslovaquia y a Alemania Occidental.
Sin embargo, pocos días antes, el 6 de noviembre de 1989, cuando este panorama
ya era visible, Ignacio Ellacuría pronunció en Barcelona un famoso discurso en
el que hablaba de “revertir el signo principal que configura la civilización
mundial”. Hablaba también de una “propuesta general de sustituir una
civilización del capital por una civilización del trabajo”. Así pues, en las
cercanías del derribo del muro y frente a la multitudinaria fuga del oriente al
occidente europeo, Ellacuría mantenía abierta la posibilidad de la lucha por
“un nuevo proyecto histórico”.
El fin de la mejora y la
profundización de la democracia
Veinticinco años después nos estamos enfrentando no
solo con la falta de imaginación y de coraje para ese “nuevo proyecto
histórico”, sino además con el fin del Estado del Bienestar –del que nosotros
en Guatemala y Centroamérica solo avizoramos expectativas y pequeños avances- y con el fin, dentro del mismo proyecto, de
la mejora y la profundización de la democracia –de las que experimentamos
algunos comienzos con la vuelta a los gobiernos civiles y con los Acuerdos de
Paz.
Crisis mundial y declive de
la participación ciudadana
Estamos
comprendiendo con cada vez mayor lucidez que la crisis mundial significa
también una grave disminución de la participación ciudadana. El programa del
partido republicano en los Estados Unidos pretende que cristalice el cambio en
el modelo keynesiano de los impuestos: siempre mayor amnistía para las
evasiones de los grandes capitales y mayor rebaja o aun exención de impuestos
para las grandes fortunas personales y las grandes transnacionales; y, al
contrario, siempre mayores impuestos indirectos, a través del permanente
aumento del IVA, para los trabajadores, las poblaciones marginales, los
campesinos y las clases medias. Nos movemos rápidamente del principio
keynesiano de impuestos progresivos respecto de la magnitud de los ingresos al
principio friedmaniano de impuestos regresivos. Además las instituciones
financieras y las aseguradoras luchan con uñas y dientes para excluir de las
pensiones a cada vez más jubilados y para impedir los seguros a las personas
enfermas o de cierta edad. Todo el combate contra el intento de Obama de
democratizar la salud es prueba fehaciente de ello. Al mismo tiempo los Estados desarrollados disminuyen
dramáticamente su participación en la solidaridad mundial. La meta del no menos
que un 0.7 % del PIB para la solidaridad se vuelve un mito
y se institucionaliza el egoísmo quitando el aire a organizaciones y países que
dependen de las agencias estatales de ayuda al desarrollo. Muchas de las
organizaciones no gubernamentales que ampliaban la democracia gracias a que su
relación con agencias no gubernamentales de ayuda, seculares o religiosas, les
permitía incidir con su participación desde la sociedad civil en el ascenso de
conciencia y de capacidades de los pobres y también en los proyectos estatales,
están siendo estranguladas. La consigna en medio de la crisis es “austeridad”,
austeridad para los Estados menos ricos, austeridad que, si se convierte en el
único instrumento económico y financiero, provoca, en un gran círculo vicioso,
recesión económica e incapacidad de crear empleo; y austeridad para las
auténticas organizaciones no gubernamentales que deben contentarse con las
migajas que caen de la mesa de las agencias. Si se sigue por este camino, no
tardará en llegar la hora en que no haya ni siquiera migajas y, en
consecuencia, la democracia participativa vaya estrechando sus límites y
volviéndose cada vez más anémica. Dejará de ser un invitado al banquete social.
La idolatría de la riqueza y el declive
forzado de la democracia
Porque
de eso se trata en realidad: de la imposición de un sistema único, apoyado en
un pensamiento económico único y unilateral, que conduce al ahogo de las
posibilidades de movilización social y a la disminución progresiva de la
democracia. No nos engañemos. Es la gran transformación de la humanidad, pero
no por el encuentro axial de mentes y corazones únicos en su grandeza, nobleza
y generosidad, sino por la idolatría de la riqueza injusta y por la
victimización en sus altares de las justas aspiraciones del trabajo y de los
pobres que viven de él. Y más allá aún, por la victimización de todos los que
no piensen desde los cánones de la riqueza exclusiva y excluyente.
Es
necesario reaccionar con fuerza y mientras seguimos luchando contra la
impunidad de los violadores de los derechos humanos personales, emprender una
lucha convergente contra la impunidad de los que violan en forma sistémica los
derechos sociales, políticos, culturales y económicos de grandes franjas de la
humanidad. Es importante abrir un diálogo para debatir estas proyecciones y
para encontrar caminos que, sorteando los tremendos obstáculos actuales, nos
lleven a profundizar la democracia.
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