Los partidos políticos que participarán en los comicios presidenciales de noviembre próximo ya están en una carrera contra reloj, luego que los magistrados de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), encabezados por Roberto Rivas, emitieran un calendario que los obliga a inscribir sus alianzas políticas a más tardar el primero de marzo.
En ese mismo mes, entre el 9 y el 19 de marzo, deben inscribirse los candidatos a la Presidencia de la República, y el Consejo tiene hasta el 4 de abril para resolver recursos de impugnación. De manera que se da por descontada una nueva crisis política en el mes de marzo, en la cual se decidirá la suerte de la candidatura del presidente Ortega a la reelección, y si quedará cuestionada su legitimidad por falta de legalidad
Si las cosas marchan al ritmo actual en el Consejo Supremo Electoral, todo hace indicar que serían las mismas autoridades electorales las que realizarían todo el proceso eleccionario y contarían los votos, amparados en un decreto ilegal promulgado por el Poder Ejecutivo, que sustituye en sus funciones al parlamento.
A criterio de la ex presidenta del Poder Electoral, doctora Rosa Marina Zelaya si en los próximo dos meses no se soluciona el conflicto político y se eligen a las nuevas autoridades que vayan a conducir las votaciones, “el proceso democrático nicaragüense puede entrar en una crisis muy severa… porque no puede vía decreto extendérseles los períodos para los que fueron electos estos magistrados del CSE a quienes en el cien por ciento se les venció su período, de manera que ahorita están completamente de hecho”.
Zelaya, quien se presentó junto a Roberto Courtney, director de Ética y Transparencia en el programa televisivo Esta Noche que se transmite por Canal 12, dijo que si dicho proceso es conducido por autoridades que no lo son, sus resultados serían “perfectamente impugnables” y que los llamados a cuestionar las irregularidades con las que se está encaminando el tema electoral, son los representantes de los partidos políticos, quienes deberían advertir a todos los Poderes de Estado, recurrir ante la Corte Suprema de Justicia o incluso llevar sus inquietudes ante los foros internacionales.
Para Courtney “lo que encontramos es que la autoridad electoral es más bien instrumental para el partido político que está en el poder… pero también es un reflejo de la debilidad de los demás partidos de la contienda electoral y la primera cosa que salta a la luz es la complicidad explícita o tácita de la oposición que tiene en alguna medida una dosis (de responsabilidad) de legitimar las acciones que toma el Consejo Supremo Electoral”.
Observación en el aire
Otra de las preocupaciones de los organismos de la sociedad civil gira alrededor de la negativa del presidente del CSE de autorizar la observación electoral nacional e internacional y en su lugar incluir el eufemismo de “acompañamiento”, lo que a criterio del titular de Ética y Transparencia eliminará la posibilidad que organismos internacionales serios de observación acudan al país.
No obstante, dichas limitaciones no afectarían la observación de organismos nacionales porque éstos “no necesitan visa ni permisos… esto se parece a caminar por la calle y los ciudadanos podemos observar nuestro proceso electoral sin ningún permiso particular del Consejo” dijo enfáticamente Courtney.
En cuanto a la posibilidad de que el presidente Daniel Ortega vuelva a ser candidato a la presidencia, amparado en una resolución de magistrados judiciales leales al partido gobernante que declara inaplicable el Artículo 147 de la Constitución, que se lo prohíbe, Zelaya y Courtney coincidieron en que esto ocurriría en franca violación a la Carta Fundamental de la República, puesto que no es competencia de ninguna instancia de la CSJ, la interpretación ni reforma de la Constitución.
Pero quienes tendrán la sartén por el mango serán los partidos políticos en contienda, quienes pueden impugnar la candidatura de Ortega una vez que sea publicado por la autoridad electoral, y estos la obligación de pronunciarse sobre los recursos presentados, insistió la doctora Zelaya.
Nuevos magistrados no garantizan transparencia
Sobre la posibilidad de que la Asamblea Nacional a última hora elija a otra persona para sustituir a Roberto Rivas en el CSE para que conduzca las elecciones, Courtney se mostró temeroso que esa sea otra estrategia de los andinistas, porque “una de las cosas más peligrosas en este entorno es cambiar para no cambiar nada, es decir, cambiar un Consejo para que entre otro con el beneficio de la duda sin merecerlo”.
Courtney advirtió que según las experiencias recientes, los mecanismos de fraude no se deciden a última hora, sino a través de un proceso de cooptación de la estructura electoral durante varios meses. Explicó que se si quiere evitar el riesgo de un fraude, deben darse cambios en la estuctura del Consejo en los próximos dos meses, porque un cambio de personas en la cúpula a última hora, no tendría ninguna incidencia.
Irónicamente, insistió en que dicho cambio (de caras de magistrados) podría ser nocivo porque “supuestamente vienen sustituyendo a los otros y peor aun, vienen como una supuesta concesión de parte del gobierno a la oposición, de manera que cuando le hagan lo mismo (fraudes o irregularidades) les van a decir, te los cambié a tu petición y lo que estás diciendo es que no crees en nadie” finalizó.
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