En esa ocasión la Asamblea Ciudadana aprobó el documento político que plantea el rol fundamental de la ciudadanía para el sostenimiento de la República, sobre la base de la deliberación política, la igualdad entre actores en la participación política, el bien común como principio y fin ético de la política y el ejercicio de los derechos ciudadanos de participación con plenas garantías.
Acordamos también asumir, de manera beligerante, la función democrática que le corresponde a toda sociedad civil a fin de jugar un rol de contrapeso a las tentaciones autoritarias del gobierno y el Estado y que son prerrogativas indeclinables de la ciudadanía: controlar el poder, asegurar derechos, fiscalizar la distribución de los recursos públicos y fiscalizar la forma de gobierno.
En el año 2010, las organizaciones y movimientos de la sociedad civil, coordinadas en la UCD o en diversos espacios como la CC, el GPRE, el recién formado Consorcio Cívico, los organismos de DDHH nacionales, las organizaciones que hacen observación electoral, las organizaciones juveniles, las instancias de investigación, las organizaciones gremiales como sindicatos, el COSEP y AMCHAM, las iglesias y la ciudadanía activa, con estrategias propias, fuimos coincidentes en exigir el respeto a la Constitución y las leyes y condiciones básicas para el respeto al derecho humano de contar con ELECCIONES LIBRES, TRANSPARENTES y LEGÍTIMAS en el 2011, a fin de dirimir de manera pacífica y cívica los conflictos políticos y evitar el círculo vicioso y funesto del autoritarismo, la guerra y el empobrecimiento, circulo que ha teñido la historia de Nicaragua con mucho sufrimiento para las inmensas mayorías.
Con ese objetivo, la UCD, junto con AMCHAN y COSEP, participó con un rol de incidencia, mediación y testigo, en el diálogo político llamado Metro Centro I y II, que evitó la reelección legal de magistrados espurios y los votos para reformas constitucionales que restauraran la reelección presidencial establecida en nuestra Constitución, y que refleja el amplio consenso nacional que hay sobre este punto. Al mismo tiempo, la UCD aceptó el reto de demostrar a la Asamblea Nacional que, bajo criterios de idoneidad, la sociedad nicaragüense cuenta con ciudadanos y ciudadanas elegibles para las altas magistraturas y capaces de restaurar la legitimidad y credibilidad de los Poderes del Estado.
La CC, los organismos de DDHH, y otras organizaciones han mantenido su denuncia ante las violaciones a los derechos cívicos, políticos y sociales, tanto a nivel nacional como internacional. El GPRE ha hecho un consistente trabajo desde los territorios y a nivel nacional para impulsar una propuesta clara y precisa, que recoge el clamor popular, entre otras: cambio de magistrados en el CSE, NO a la Reelección inconstitucional, Cedulación sin discriminación y Observación Electoral.
Las Iglesias han advertido sobre los riesgos de no respetar el voto popular. El COSEP ha anunciado una campaña sobre estas mismas exigencias. Y la ciudadanía ha sido clara, en encuestas nacionales, estudios internacionales, y movilizaciones, como la “Marcha de las Escobas”, en su adhesión a los valores, principios y prácticas democráticas, como un derecho constitucional, pero también como una condición para superar la pobreza y lograr avanzar de manera significativa en el desarrollo humano sostenible.
El grupo Cívico ha recogido y consultado en los territorios una Agenda Básica de Nación para ubicar el debate electoral en las demandas ciudadanas e incidir en la calidad de la oferta electoral. Todos estos sectores tuvimos una sola voz en reclamar una amplia consulta a las leyes militares aprobadas a fin de año.
Al mismo tiempo, las organizaciones y movimientos sociales hemos mantenido nuestro trabajo estratégico de promover la formación cívica, la organización y el empoderamiento ciudadano necesario para ejercer nuestra ciudadanía plena.
Con esta reseña queremos relevar la brecha que existe entre la conciencia cívica de la ciudadanía y el actuar de algunos dirigentes políticos que pretenden mantener capturado, -privatizado-, el quehacer político. Porque pese a toda esta movilización ciudadana, en el año transcurrido hemos visto la continua violación de las leyes y la Constitución para permitir, fraudulentamente, la reelección del actual Presidente, alcaldes, diputados y el mantenimiento ilegal de magistrados en los Poderes del Estado todos, particularmente en la Corte Suprema de Justicia y en el desprestigiado Consejo Supremo Electoral, responsable del fraude electoral en las municipales del 2008.
A esto se ha sumado la galopante corrupción con los bienes del Estado y el uso clientelar de los fondos públicos, dando un ventajismo claro, aunque frágil -por ilegal e ilegítimo-, al partido de gobierno y a la pretendida candidatura del Presidente Ortega.
Primer desafío nacional: elecciones libres y transparentes
La connivencia del doctor Alemán y de algunos diputados de su partido y de partidos aliados para impedir la participación de alternativas que ofrezcan la restauración de la democracia y el Estado de Derecho, por medio del retiro de personerías jurídicas y boicot a la conformación de un frente unido para defender la democracia, están poniendo en riesgo el derecho del electorado y el futuro mismo del país.. La negación del derecho a la identidad y a la cédula, representa un verdadero atentado contra nuestra condición de ciudadanos, siendo una sucia maniobra que afecta la vida y gestión cotidiana de los nicaragüenses, y tiene como fin último impedirnos la participación en las votaciones.
El acoso, chantaje o intimidación a los medios de comunicación y a las organizaciones y sectores de la sociedad civil representan un agravamiento de la situación política en el país. La aprobación de las tres leyes militares, con los votos de partidos que se auto proclaman de oposición, por medio del cual Ortega toma el control del ejército, representa un retroceso en el control del poder civil sobre el militar, arriesgan la institucionalidad del ejército y significan una seria amenaza a las libertades y garantías de todos y todas. Esta situación se profundiza con las constantes señales del Pacto Ortega-Alemán y sus aliados viejos y recientes, que además pretenden confundir al electorados auto proclamándose de oposición.
Por lo tanto, en esta Asamblea, queremos reiterar que el principal desafío en este año electoral es que se realicen unas elecciones libres, transparentes, competitivas y observadas nacional e internacionalmente. Para ello es imprescindible que la ciudadanía se involucre de manera activa en acciones para exigir que se tengan árbitros creíbles en el CSE, que se realice un verdadero proceso de cedulación sin exclusiones ni favoritismos, que se excluyan candidaturas que violan el precepto constitucional de la No Reelección y que se garantice la participación de una fuerza política alternativa, pluralista, democrática y comprometida con el bien común y la institucionalidad democrática.
La ciudadanía debe actuar y movilizarse para la constitución de esa alianza de actores políticos que permita el cambio de los caudillos del Pactismo y sus fuerzas subordinadas con prácticas y cultura autoritaria del pasado, responsables de la injusticia y la corrupción responsables de la desigualdad, el desempleo y la pobreza que atenazan al país, porque pese al manejo publicitario sobre el crecimiento económico, todo el pueblo sabe que están recibiendo las migajas de pingues negocios de un pequeño, muy pequeño grupo, que a las sombras del poder acumulan riquezas…la vieja historia en una nueva versión que para la gente significa migración, inestabilidad familiar, marginalidad y hambre. La gente lo sabe y lo vive.
No podemos olvidar, ni por un momento, que la reelección y el fraude ya ha costado miles de muertos en Nicaragua. Fueron la causa de la pérdida de valiosas vidas en un día como hoy hace 47 años. La muerte de miles de jóvenes en la insurrección contra Somoza. Del luto nacional, el exilio masivo y el empobrecimiento, en los años 80. Es un imperativo ético y político, un compromiso inclaudicable de cada nicaragüense, poner todos su esfuerzos y asumir cualquier riesgo por evitar que nuestro país vuelva a verse tentando a regresa, tarde o temprano, a medidas desesperadas que causan tanto daño y dolor a la familia nicaragüense.
Derecho a participar en la vida política nacional
Frente a esta situación, y asumiendo riesgos conscientemente, la Unión Ciudadana por la Democracia siempre ha considerado imprescindible entrar en un diálogo franco, respetuoso y cercano con las fuerzas políticas que comparten esta misma visión, enfocando nuestra participación como actor protagónico y contraparte de las fuerzas políticas, a fin de velar por la inclusión de las demandas e intereses de todo el espectro social y como interlocutor válido de las fuerzas políticas para la elaboración de la plataformas programáticas, así como de promover una nueva cultura política sobre las bases del diálogo democrático y respetuoso entre partidos y sociedad civil”
La descalificación que los políticos tradicionales y del gobierno nicaragüense a las críticas y demandas hechas por la sociedad civil, giran alrededor de la afirmación de que “no representamos a nadie” y que si queremos participar en política, nos “convirtamos en partido”. Pretenden obviar la democracia participativa y desconocer que la lógica de las instituciones democráticas no se agota en la representación: ella está destinada para las autoridades de gobierno y diputados, que deben surgir de los procesos electorales.
Nosotros, las organizaciones y movimientos de la UCD, reafirmamos en claras y altas voces lo siguiente:
* La actividad política no se reduce al quehacer de los partidos políticos y sus líderes, puesto que el ciudadano es fundamentalmente titular de derechos y es la fuente de legitimidad del cuerpo legal y de cualquier forma de autoridad política.
* La ciudadanía que actúa desde las instituciones de la sociedad civil, sólo tienen que representarse a sí misma en tanto que actor político, puesto que es una prerrogativa ciudadana optar por participar en el debate político como parte de su práctica cívica, sin que nadie pretenda hablar por ella de manera exclusiva.
* Tanto los partidos políticos como la sociedad civil son actores de una misma realidad, pero cada uno tiene un espacio y una función en relación al poder político, que son diferentes y complementarias. Los partidos políticos son instituciones que tienen como objetivo fundamental asumir el poder del Estado para gobernar y se define como partido todo grupo político que buscar ganar elecciones y que hace que sus miembros accedan a cargos de representación popular. La sociedad civil no pretende sustituir la labor de los partidos o de las autoridades, sino ofrecer espacios para la práctica política ciudadana y la fiscalización del poder que ha delegado.
Por ello, reivindicamos la política como organización libre de los ciudadanos para atender intereses públicos. La política, en su más exacto sentido, no es la actividad maquiavélica o el ejercicio auto referenciado y exclusivo del gobierno, como propugnan los que se sirven de los cargos y desfalcan a los electores. La política, es ante todo, la libertad de los ciudadanos y su participación en los asuntos públicos.
De esto se deriva que nuestro rol, el rol que ha decidido asumir la UCD en el actual proceso electoral y en el contexto de Nicaragua, significa participar, desde nuestra propia autonomía y adhesión a nuestros valores y principios institucionales, en la construcción de una alternativa para el cambio de manera pacífica. Reivindicando como LEGÍTIMO, NECESARIO Y RESPONSABLE, el diálogo entre sociedad civil y partidos políticos. Por ello hemos aceptado: Tomar riesgos por Nicaragua, poniendo el bien común de la nación sobre los intereses individuales o particulares de personas o grupos; Velar por los intereses de la ciudadanía, las propuestas de la sociedad civil y el derecho de los electores de cara a los partidos políticos y el Estado; y asegurar la inclusión de las demandas más sentidas del pueblo en el programa de gobierno, la calidad de la oferta electoral y nuevas formas de hacer política, con transparencia y objetivos nacionales.
Sabemos que en algunos sectores se ha instalado un sentimiento de “pragmatismo resignado” o de “complacencia” frente a los abusos del poder y el irrespeto a las leyes. Algunos sectores pregonan que no hay nada que hacer frente a la ilegalidad de la candidatura del Presidente porque no hay una oposición política con fuerza para defender la Constitución y los derechos ciudadanos. Nosotros decimos: las condiciones externas son criterios de decisión oportunistas cuando de defender nuestros derechos humanos se trata. Nosotros decimos que nuestro compromiso con Nicaragua exige cambiar esas condiciones, luchando junto a la gente, junto a los políticos que sean consecuentes con este compromiso y asumiendo los riesgos en primera fila.
En suma, reivindicamos nuestro derecho ciudadano a participar en la vida pública porque, insistimos, la política es demasiado importante para dejársela solo a los políticos.
Por la paz, la libertad y justicia, demandamos se respete nuestro derecho y libertad de elegir.
¡No a la reelección de Ortega!
¡Observación nacional e internacional, ya!
¡Cedulación para todos!
¡No al pactismo!
* Directora Ejecutiva del Movimiento por Nicaragua, discurso pronunciado en la II Asamblea Ciudadana, celebrada el 23 de enero 2010.
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