El próximo martes se inicia en la Corte Internacional de La Haya el juicio incoado por Costa Rica contra Nicaragua en torno al diferendo fronterizo en la desembocadura del Río San Juan. Luego de la audiencia inicial en que Costa Rica expondrá sus argumentos, le corresponderá responder a Nicaragua el miércoles, y al tercer día la Corte interpelará a las partes para aclarar o profundizar sobre sus posiciones. Y aunque no hay nada escrito sobre el plazo que tiene la Corte para decidir si acepta o rechaza las medidas cautelares que pide Costa Rica, por la naturaleza puntual del reclamo se espera que esto ocurra en un lapso de tiempo que oscila entre cuatro u ocho semanas posteriores a la audiencia.
Es importante resaltar que lo que se disputa es la soberanía sobre un pequeñísimo territorio de dos kilómetros cuadrados donde Edén Pastora inició el dragado, que Nicaragua reclama como suyo y Costa Rica también. En consecuencia, el desenlace de este juicio, ya sea favorable o desfavorable, no debería afectar el objetivo estratégico de Nicaragua de impulsar el dragado sobre los 200 kilómetros del resto del Río San Juan, a lo cual tenemos pleno derecho. Por ello no sólo condenamos tajantemente las declaraciones ofensivas del canciller de Costa Rica René Castro contra la prensa independiente de Nicaragua, sino que rechazamos toda pretensión tica de querer aprovechar el desenlace de esta controversia particular en la zona de Harbour Head, para limitar los derechos históricos de Nicaragua sobre el dragado del río en toda su extensión.
Nicaragua perdió una extraordinaria oportunidad de resolver este diferendo de forma expedita, sin renunciar un ápice a nuestra soberanía, cuando el gobierno rechazó la resolución de la OEA que descartó la tesis tica de la supuesta invasión militar nica, y a cambio propuso crear un clima de distensión en la zona, para que a través del dialogo directo ambas partes, con el acompañamiento de la OEA, resolvieran el vacío del amojonamiento de los límites fronterizos que están definidos desde hace más de un siglo. Ahora estamos ante un juicio ante el máximo tribunal de justicia, cuyo veredicto ambas partes están obligadas a aceptar sin apelación.
Al acercarse la hora de la verdad en esta controversia jurídica, es imperativo resaltar que Nicaragua está obligada a defender de forma enérgica sus derechos históricos y a ejercer su soberanía en el río, pero también a actuar siempre en estricto apego al derecho internacional, porque no existe otra forma más eficaz de defender y representar el interés nacional. En ese sentido, tenemos que evitar a toda costa un traspié jurídico en La Haya, como ya ocurrió en la OEA en el plano político por una estrategia diplomática equivocada.
A contrapelo del triunfalismo oficial, nos preocupa que en el debate público que antecedió a este proceso jurídico se evidenciaron vacíos y contradicciones en la argumentación oficial de nuestra cancillería, sobre la interpretación histórica del Laudo Alexander, sus actas y mapas históricos, que fijó los límites fronterizos en 1897. Con un sentido responsable de preocupación patriótica, recurrimos a los expertos jurídicos, historiadores, y ambientalistas nacionales, apelando a la necesidad de reforzar la posición de Nicaragua y esperamos que nuestros representantes en La Haya hayan podido subsanar esas deficiencias para fortalecer la posición nacional en el juicio. Porque lo que está en juego en La Haya, insistimos, no es la imagen del funcionario a cargo del dragado, Edén Pastora, y la interpretación que éste hizo del límite fronterizo derivado del Laudo Alexander, sino la credibilidad del Estado de Nicaragua.
Pero más allá del desenlace de este juicio, Nicaragua ya alcanzó un logro positivo: el dragado del río se convirtió en un tema de Estado que concita el interés nacional, por encima de cualquier diferencia política. Hace falta, no obstante, una información exhaustiva sobre la estrategia oficial en torno al dragado del río. Cuáles son los alcances técnicos de esta política de estado, los estudios de impacto ambiental, y su duración. Y también cuál el su costo económico, el presupuesto con que se cuenta, y los recursos adicionales que se requerirán para su sostenibilidad.
Hasta ahora lo que se conoce sobre un asunto tan importante, es una información fragmentaria derivada del conflicto que se desató en Harbour Head. Ni siquiera los propios diputados que sesionaron en San Carlos y visitaron la zona de San Juan del Norte, conocen a cabalidad los alcances del proyecto de dragado. Por eso sugerimos a las autoridades organizar un foro nacional, del más alto nivel técnico, que permita conocer y debatir la política nacional sobre un asunto estratégico como es el dragado permanente del río San Juan.
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