Tradicionalmente, los analistas de seguridad identifican dos grandes oleadas de violencia anti-estatal en la historia reciente de América Latina. Por un lado, la de los 60 que tuvo su origen en la revolución cubana y salpicó todo el continente de movimientos armados, desde el ELN colombiano hasta los Tupamaros uruguayos. Por otra parte, la de los 80 que ganó impulso a partir de la revolución sandinista del 79 y se extendió desde El Salvador con el FMLN hasta Chile con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. A la vista de estos antecedentes, cuando se mira el presente escenario estratégico, cabe preguntarse si las bandas criminales colombianas, los narcos brasileños o los carteles mexicanos son fenómenos independientes unos de otros o por el contrario forman una nueva generación de actores violentos unidos por un modelo de acción semejante. En otras palabras, ¿estamos frente a una tercera oleada de violencia anti-estatal en América Latina?
La respuesta solo puede ser afirmativa. Desde Ciudad Juárez hasta Río, las redes criminales han reemplazado a las extintas guerrillas como principal amenaza a la democracia y el progreso del continente. Carteles, bandas o “maras”, se alimentan de extensas economías ilícitas donde el narcotráfico es complementado por delitos como la extorsión o el secuestro. Sobre esta base, han desarrollado contundentes brazos militares y extensas redes de corrupción. El resultado es la captura de fragmentos de población y territorio que utilizan como santuarios y palancas influencia social. De esta forma, los nuevos criminales dejan de ser meros delincuentes para convertirse en una amenaza existencial contra las instituciones democráticas.
Varios factores debilitan la capacidad de los gobiernos para enfrentar este reto. Para empezar, está la tradicional diferenciación entre violencia política y criminal que tanto influencia ha tenido sobre los sistemas jurídicos y la cultura política de la región. En muchos casos, los Estados latinoamericanos se han mostrado dispuestos a dar un trato especial a los grupos armados que alegan defender un credo ideológico, abriéndoles la puerta de la negociación y otorgándoles amnistías. Por el contrario, los jueces y la opinión pública han sido mucho más firmes a la hora de exigir la aplicación de la justicia a los delincuentes comunes. Este doble rasero ha creado una fuerte tendencia a la politización del crimen organizado. Ahí está el caso del extinto Pedro Olivero “Cuchillo” quien no dudo en bautizar a su banda como “Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia” (ERPAC). Estratagemas como está dificultan la puesta en práctica de medidas anti-crimen efectivas y permite a los delincuentes enarbolar la bandera de la negociación cuando les conviene. Los Estados se enfrentan a una generación de “Al Capone” disfrazados como “Robin Hood”.
La segunda cuestión tiene que ver con el desmantelamiento de las fuerzas armadas de algunos países latinoamericanos. Después de los enfrentamientos civiles y las dictaduras de los 70, los políticos tenían buenas razones para desconfiar de las convicciones democráticas de los militares en muchos países de la región. Pero frente a este problema, el camino escogido no fue la reforma de las fuerzas armadas sino su desmantelamiento. Sin duda, los casos más claros de esta tendencia están en Argentina, Perú y Centroamérica. Aún más, unos aparatos militares con un pasado comprometedor se han convertido en el espantajo perfecto que muchos políticos enarbolan para distraer a sus votantes de problemas como la corrupción o el desgobierno económico. Como ejemplo, vale la pena señalar la tendencia de la presidenta Cristina Fernández a arremeter contra lo poco que queda del Ejército Argentino como una forma de suscitar adhesiones dentro y fuera de su país. Un ejercicio de oportunismo 28 años después del final de la dictadura que debería sonar tan extravagante como si un presidente francés continuara tratando a sus fuerzas armadas como una amenaza tres décadas después del golpe de 1958.
Se puede alegar que poco tiene que ver la capacidad militar de los Estados latinoamericanos con el reto de enfrentar al crimen organizado puesto que se trata de un asunto policial. Pero esta posición equivale a desconocer la capacidad armada que todos los días demuestran estos grupos delincuenciales. De hecho, cada vez resulta más frecuente que los carteles mexicanos empleen lanzacohetes y ametralladoras en emboscadas de corte militar contra las fuerzas de seguridad de su país. Frente a estos niveles de amenaza, es bueno recordar como el Estado italiano reaccionó al asesinato de los jueces Borselino y Falcone por la mafia con el despliegue de miles de soldados en Sicilia en 1992. Entonces, nadie se atrevió a decir que el gobierno de Roma estaba tomando una medida antidemocrática.
El tercer obstáculo que lastra la capacidad de los gobiernos para enfrentar la nueva oleada de violencia anti- Estado está asociado con los modelos policiales implementados a partir de los años 80. Entonces, la versión más tradicional de la doctrina de la seguridad ciudadana se presentó como la única fórmula posible para construir modelos democráticos de seguridad pública. Esta visión exigía que las policías perdiesen cualquier atributo de resonancias militares, desde la estructura jerárquica hasta el armamento. Además, el control del crimen debía dejar de ser una función del gobierno nacional para ser asumida por mandatarios locales y regionales, supuestamente más cercanos al ciudadano. Finalmente, todos los esfuerzos debían centrarse en el control del delito individual – homicidios, robos, etc. –mientras se otorgaba una relevancia secundaria al desmantelamiento de las redes criminales consideradas como una amenaza “sólo” para el Estado. Este modelo desmilitarizado, federal y centrado en el delito cotidiano ha mostrado todas sus carencias frente al crimen organizado. Las dos policías más efectivas de la región –la colombiana y la chilena – se mantienen como cuerpos nacionales, fuertemente jerarquizados y dotados de los recursos en armamento y movilidad necesarios para confrontar de manera efectiva estructuras criminales cada vez más sofisticadas y agresivas. Entretanto, los sistemas policiales federales presentan un record muy problemático cuando no catastrófico. Basta con dar una mirada a México, Venezuela o Argentina.
A la vista de lo dicho, cabe preguntarse si los gobiernos latinoamericanos podrán frenar lo que parece la emergencia de una generación de actores criminales dispuestos a socavar los cimientos del Estado y reemplazarlo por feudos mafiosos. Lo cierto es que las posibilidades de éxito en esta lucha están asociadas a la voluntad y la capacidad de políticos, policías y militares de romper con la narrativa tradicional de la seguridad latinoamericana y atreverse a diseñar estrategias de combate a las nuevas formas de criminalidad organizada que combinen el respeto a las reglas del Estado de Derecho con la efectividad en la protección de los ciudadanos y el desmantelamiento de las estructuras delincuenciales.
*Es Director de la firma de asesoría en seguridad y defensa “Decisive Point” y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.
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