Azahálea Solís Román, el Viernes, 03 de diciembre de 2010 a las 7:15
El Ejército de Nicaragua se validó como una entidad nacional en la última década del siglo pasado, se transformó de una institución partidaria, en una institución apartidista, no deliberante y con carácter nacional. Cambió su nombre y su concepción y se dotó de un marco legal diametralmente distinto al de la década de los 80 del siglo XX.
La propaganda sobre el ejército en los últimos años lo ubicaban como una institución responsable, profesional y con visión nacional. Esta propaganda hizo su efecto con el reconocimiento nacional que a través de los años se le ha brindado como una entidad confiable.
Atrás quedaron las influencias para evadir la justicia penal del familiar de un alto jefe militar, se pasó por alto que el sometimiento al poder civil es relativo y que entre otras cosas el presupuesto de los militares en realidad escapa al control civil y se maneja al arbitrio interno y que el seguro social de los militares es de superior calidad que el de la población civil.
El respeto del ejerció no ha mermado a pesar de los líos de tierra documentados que han afectado a decenas de personas. Se mantuvo incólume aún con la pretensión de destruir un pulmón de Managua y con la oposición que el cabildeo del ejército ha mantenido en la Asamblea Nacional para convertir Mokorón en un parque nacional.
El Ejército de Nicaragua goza del respeto social a pesar de la oscura transacción en la que el rico y abundante seguro de previsión social militar realizó con el mermado del seguro social de toda la población civil del país.
Ha gozado de tanto prestigio, que hasta se pretende que un ex jefe del mismo se convierta en magistrado del poder electoral.
¿Creerán en el ejército que ese respeto por la profesionalización preconizada es un cheque en blanco para transformarse en instrumento de una dictadura militar?
¿Cree el Ejército de Nicaragua que el respeto ganado les da para pretender ahora subordinar a las entidades y a la población civil?
Managua 3 de diciembre
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