Ernesto Rivera erivera@nacion.com
Los obispos católicos se niegan a responder preguntas sobre las declaraciones ofrecidas a la Sugef por uno de sus contadores y por el sacerdote que dirigía Servicios Pastorales.
El vocero de la Cecor, alegó que no responderían preguntas sobre el tema por respeto al secreto de sumario en el caso. Aquí el obispo Hugo Barrantes y su abogado Carlos Vargas al salir de la Sugef en abril del 2008.
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El contador Édgar Rodríguez Mesén y el cura Guillermo Godínez Zúñiga, testificaron ante las autoridades financieras que la Iglesia creó una red de sociedades anónimas y compañías offshore para ocultar al público su patrimonio.
El vocero de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor), Mauricio Granados, se negó a responder un cuestionario con preguntas relacionadas a los testimonios recibidos por la Sugef.
En su negativa, el vocero alega que los obispos tienen “deber de reserva”, ya que las preguntas se relacionan con la causa penal que investiga el supuesto delito de intermediación financiera ilegal en Servicios Pastorales, empresa bajo control de los obispos.
Granados alega, además, una supuesta falta de objetividad de La Nación para el tratamiento de este tema.
Las preguntas que los obispos se negaron a responder intentaban dar a conocer al público el patrimonio que la Iglesia Católica posee en propiedades, depósitos bancarios, acciones e inversiones en Costa Rica y el extranjero.
También se le habían formulado preguntas relacionadas con la red de compañías offshore que manejaban inversiones de la Iglesia desde Panamá.
Gestiones en Panamá. El obispo de Cartago, José Francisco Ulloa , intentó acreditarse como representante de un grupo de empresas offshore de Panamá, vinculadas a la Iglesia Católica local.
Así se revela en la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por Ulloa ante los tribunales de Panamá, el pasado 9 de marzo del 2009.
Según documentos judiciales panameños, Ulloa presentó un poder de representación para acreditarse en el trámite de asistencia judicial que la Fiscalía tica gestionó ante la justicia panameña para levantar el secreto bancario de varias empresas offshore vinculadas a la Iglesia.
Una acción similar a la de Ulloa también fue interpuesta por el exdirector de Servicios Pastorales, el sacerdote Godínez.
Inicialmente la Fiscalía de Panamá rechazó verbalmente las gestiones del bufete Castillo, Moreno y Asociados, representantes de Ulloa y Godínez en Panamá .
Pero los abogados panameños de Ulloa y Godínez presentaron un recurso de amparo alegando que esa negativa violaba derechos del obispo y del sacerdote.
Finalmente, el Primer Tribunal Superior de Justicia de Panamá rechazó el amparo de ambos alegando que se trataba de una solicitud de asistencia judicial entre Estados en la que no constaba que se hubiera querellado ni a Ulloa ni a Godínez.
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