Autoridades de la UNAN-León llamadas a rectificar

Arnoldo Toruño T.(*)

Cuando está por cumplir 200 años de fundada, la UNAN-León ha entrado en la crisis más seria de su historia, pues condiciones fundamentales que dan vida a una auténtica universidad, como son: libertad de pensamiento, autonomía y ética, han venido siendo resquebrajadas en estos dos años; y si a esto se suma un descuido de la calidad, el abandono de su papel de conciencia crítica de la nación y desincentivos a la investigación, el panorama es gris. No es exagerado decir que corre el riesgo de convertirse en una antiuniversidad

En efecto, la libertad para las ideas y opiniones es esencial y un distintivo de las universidades; es el ambiente propicio para el surgimiento de las innovaciones, que se requieren para dar mejores respuestas a las necesidades de la sociedad. La UNAN-León se ha impuesto un compromiso todavía mayor, como es irradiar libertad hacia la sociedad, como reza su lema: “A la libertad por la Universidad”. Pero mal puede nuestra Institución cumplir con este compromiso, si la libertad está desapareciendo en su seno, ya que nadie da lo que no tiene. Lo anterior se puede apreciar, por ejemplo, cuando se le niega u obstaculiza el ingreso a la Universidad a personas con puntos de vista diferentes de aquellos de tienen los gobernantes actuales, aunque se trate de los más prestigiados intelectuales de este país y forjadores de esta Universidad, como los doctores Sergio Ramírez Mercado y Alejandro Serrano Caldera, o bien de una heroína de la Revolución y con amplio historial de servicio a la Patria, como Dora María Téllez. Otra muestra es el despido de un trabajador, Pacelli Zamora, por haber emitido en público su opinión favorable a la votación secreta en su sindicato, cuyo máximo dirigente es un aliado de las actuales autoridades universitarias.

La pérdida de la autonomía se evidencia cuando voceros del partido en el Gobierno expresan en público que las acciones antes mencionadas, destinadas a impedir el acceso a las universidades a quienes no piensen como ellos, son una orientación partidaria, y nuestras autoridades guardan silencio frente a estas declaraciones; o en otro ejemplo, cuando se altera desde afuera el sistema de admisión que habían definido las universidades para los programas de especialidades médicas. En el contexto de un partido en el gobierno que tiende a convertir a las instituciones del Estado en meros instrumentos a su servicio, como ha ocurrido con la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral, la muy reciente decisión del Rector de aceptar ser el jefe de campaña de su partido, refuerza la imagen de pérdida de autonomía, aparte de que muestra la pérdida de la función universitaria de ser conciencia crítica para la Nación, pues en su carácter de profesor de Derecho y máximo representante de la Institución, le tocaría estar denunciando el carácter inconstitucional del intento reeleccionista del Presidente de la República.

Una actuación institucional apegada a la ética es condición indispensable con el fin de que la Institución pueda cumplir con su misión de formar integralmente a las personas, o sea, de egresar profesionales que además de ser muy competentes, estén férreamente comprometidos con la ética. En este aspecto, el deterioro es muy serio. Se manifiesta principalmente en actos de ilegalidad e injusticia, y en permisividad y fomento de la violencia.

El despido de dos profesores en la UNAN-León, el último consumado el día antes de salir a las vacaciones navideñas, es sólo una muestra del descuido por la legalidad y la justicia que se vive en esta Universidad, cuando hay intereses partidarios de por medio, como se ve en los siguientes ejemplos: el profesor Róger Gurdián, mientras era Rector en funciones, permitió y participó en un acto partidario dentro de la Universidad, el día 4 de noviembre del 2009; el Consejo Universitario, por mayoría, ratificó el nombramiento de jefes de Departamentos que no estaban en las ternas enviadas por los claustros de profesores, y por otro lado, han nombrado profesores sin atenerse a los procedimientos señalados por el Estatuto y el Reglamento de Trabajo de los Académicos. Todas estas actuaciones están tipificadas como faltas muy graves en el Estatuto. En el caso de los dos profesores despedidos, y en el de otro que renunció por desconfianza en la impartición de justicia en la Universidad, los actos por los que fueron acusados no aparecen en el listado de las faltas muy graves; las fallas procesales fueron serias, y para justificar el despido, se les imputaron actos diferentes de aquellos por los que fueron procesados, y sin siquiera presentar pruebas ni testigos. Pero mientras estos dos docentes han sido despedidos por faltas que no llegan a muy graves, nuestras autoridades siguen en sus puestos, a pesar de haber incurrido claramente en faltas muy graves.

Por otro lado, el Rector, ha venido mostrando una complacencia con la violencia, contradictoria con el objetivo de las universidades de promover una cultura de paz y tolerancia. Así, jamás ha condenando los actos de violencia; bajo un mal entendido principio de no intervención en los asuntos gremiales, ha permitido diferentes actos de violencia verbal y física, como los desarrollados contra Monique Blanco y otros estudiantes de Ciencias Económicas; y lo más elocuente al respecto es su pasmoso discurso en que enaltece a los jóvenes que golpearon a algunos de los profesores que participábamos en una marcha pacífica, el 10 de agosto pasado.

Nuestras autoridades están llamadas a rectificar el rumbo. Deben retomar su compromiso con la misión institucional y con la promesa solemne que le hicieron a la Patria, de cumplir y hacer cumplir la ley. Pero si otros compromisos, de carácter externo, les resultan contradictorios con sus compromisos con la Universidad, los miembros de la comunidad universitaria y la ciudadanía nicaragüense en general, debemos instarles a que decidan pronto a cuál compromiso quieren honrar, puesto que cumplir con ambos es imposible.

(*) Departamento de Salud Pública, UNAN-León