Nicaragua pertenece al grupo de naciones de América Latina, donde la libertad de expresión es una conquista democrática relativamente reciente. La capacidad del ciudadano libre de expresar abiertamente sus ideas sin restricciones estatales implícitas o explicitas, se obtuvo en febrero de 1990. Ciertamente aún quedan muchas libertades individuales pendientes de profundizar, pero el levantamiento a la censura a medios de comunicación es, sin duda, uno de los avances más importantes obtenidos por los nicaragüenses en los últimos veinte años.
Antes del triunfo electoral de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, los nicaragüenses nunca habíamos sido expuestos a un clima de libertad de expresión en el sentido amplio. Durante las cuatro décadas de dictadura de la familia Somoza, el régimen toleró cierta independencia de medios como una forma de construirse una forzada fachada de demócrata. Esa máscara cayó para siempre con un retumbo ensordecedor con el cobarde asesinato de Pedro Joaquín Chamorro el 10 de enero de 1978, entonces director del diario La Prensa y pionero del periodismo de contrapeso y de fiscalización al poder político.
Con la caída del somocismo en 1979, a través de una insurrección nacional que hoy la historia oficial registra erróneamente como la “Revolución Sandinista”, se abrió una etapa de esperanzas para los nicaragüenses. El carácter plural de la insurrección daba razones para suponer que el proceso revolucionario sería igualmente diverso y abierto, pero no fue así. Bajo la excusa o la realidad de una guerra impuesta por Estados Unidos, el FSLN, haciendo uso de su poder hegemónico impuso procesos de censura que alcanzaron niveles incluso mayores a los vividos durante el mismo somocismo.
La simpatía internacional que gozaba el sandinismo –percibido mayoritariamente como un pequeño David luchando contra un Goliat—les permitió censurar medios, destruir antenas de radios independientes, cerrar periódicos, encarcelar y asesinar críticos del régimen prácticamente sin sanción internacional legal o moral.
A manera de anécdota, recuerdo que el 29 de noviembre 2005 atendí un ardido debate entre Noam Chomsky y Alan Dershowitz sobre el conflicto Palestino-Israelí, el que tuvo lugar en una universidad del área de Boston. En una parte candente del debate, Dershowitz argumentó que una situación de guerra justificaba la censura y que no había régimen en la historia que ante una situación de amenaza no haya recurrido a coartar ciertas libertades. “Claro que lo hay”, respondió Chomsky, agregando a manera de ejemplo “la Nicaragua de los sandinistas”. Al finalizar el debate, logré abordar al venerado Chomsky para hacerle notar que el sandinismo había impedido la circulación del diario La Prensa en decenas de oportunidades, a lo que con tono de incredulidad me prometió revisar el dato invitándome a enviarle un mensaje electrónico con los detalles. Así lo hice, pero él nunca respondió.
Remontarnos al sandinismo parecería más una reflexión histórica inapropiada en una ponencia sobre temas de actualidad, sino fuera porque Daniel Ortega está de regreso en el poder desde enero de 2007. El argumento central de esta presentación es que, para comprender el marco institucional y político bajo el cual operan los medios de comunicación nicaragüenses hoy, es fundamental comprender que la cultura política autoritaria y cerrada sobre la cual se sustentó la dictadura somocista y el régimen sandinista, lejos de ser desmontada, desde hace cuatro años está en plena involución.
Gobiernos y Libertad de Prensa
No es una coincidencia que Violeta Chamorro, viuda de quien es hoy es considerado El Mártir de las Libertades Públicas en Nicaragua—es la presidenta que más ha hecho en pro de la libertad de expresión. El decreto 1-90 abolió el modelo de estado político-militar que sustentaba muchas de las políticas públicas de control y censura. En julio de 1995 entró en vigencia la Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales, que estableció el marco general institucional y jurídico vigente de regulación del sector de las telecomunicaciones. Esta Ley, conocida como Ley 200, faculta al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), como ente Autónomo bajo la rectoría de la Presidencia de la República, a supervisar el cumplimiento de las normas que rigen las telecomunicaciones.
A pesar de las fortalezas de esta ley, particularmente en lo referido a la relativa apertura para entrar al mercado de las telecomunicaciones, el estado retuvo el control discrecional de las licencias de funcionamiento, tema que como explicaré más tarde, es central para entender el actual mutismo y docilidad de los medios de televisión en Nicaragua.
En todo caso, cuando Doña Violeta dejó el poder en enero de 1997, el país contaba con medios de prensa escrita independientes—particularmente La Prensa y El Nuevo Diario—que finalmente funcionaban sin censura y una industria radial y televisiva en auge, después de años de estancamiento.
Las condiciones de apertura bajo la cual se empezaron a fortalecer los medios en el periodo de 1990 a 1996, permitieron que para la administración del presidente Arnoldo Alemán (1997-2001), la televisión y la prensa escrita tuvieran las capacidades de constituirse en un poder fiscalizador. Nunca en la historia de Nicaragua, los lectores, televidentes y radioescuchas habían podido conocer con tanta claridad y documentación las tropelías y la corrupción de los que ejercían el poder. La exposición mediática del robo de Alemán y algunos de sus colaboradores fue tal, que se convirtió en el primer Presidente en ser juzgado y condenado por actos de corrupción a iniciativa del presidente Enrique Bolaños (2002-2006), quien había fungido como su Vicepresidente.
Extensión de licencias de TV: la espada de Damocles de Ortega
La administración Bolaños nunca estuvo exenta de críticas por parte de los medios, que tampoco tuvieron recato en exponer sus desaciertos. Pero en gran medida se funcionó con niveles muy favorables de libertad de expresión. Según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (www.violetachamorro.org.ni) en uno de sus informes a los Comisionados de Acceso a la Información presentado en febrero de 2005, fue el clima de voluntad política de este periodo que permitió que en octubre de 2003 se introdujera la Ley de Acceso a la Información, que finalmente entró en vigencia en junio de 2007.
En este periodo también se expandieron los procesos de licitación y apertura a concesiones del espectro radioeléctrico. Sin embargo, los procesos de licitación, muchos de ellos iniciados desde la administración de Chamorro y Alemán, estuvieron impregnados de muchos cuestionamientos como lo ha documentado Guillermo Rothschuh Villanueva, quien es posiblemente el investigador más acucioso de medios de comunicación en Nicaragua. En su libro Los Medios: El Ojo Revelado, Rothschuch Villanueva ofrece una cruda descripción de la opacidad de los procesos de adquisición de canales de televisión por paga y de otras concesiones del espectro radioeléctrico por quienes el denomina “mastodontes mediáticos”.
El académico destaca que a pesar de que la referida Ley de Telecomunicaciones establece que al menos el 51% de las acciones deben estar en manos de nicaragüenses, ese no es el caso. Mediante artificios contables, compañías asociadas a Carlos Slim y Rupert Murdoch han establecido un nuevo oligopolio en Nicaragua. El megacapital nicaragüense también participa de estas adquisiciones de forma minoritaria.
El panorama de la TV abierta tampoco es alentador. Si algo aprendió Ortega durante sus dieciséis años de oposición es que el poder de las imágenes puede ser milagroso o devastador para un régimen que aspira consolidar un culto a la personalidad. Ello explica las razones por cuales la actual administración no tuvo reservas en doblarle el brazo a los canales de mayor audiencia que alojaban programas de comentario y análisis político que eran críticos a Ortega. El conocido periodista Carlos Fernando Chamorro tuvo que salir de Canal 8 cuando ese medio fue adquirido por los grupos ligados a la familia Ortega Murillo. Ya antes otro comentarista de TV, Jaime Arellano, había sido obligado a salir de Televicentro Canal 2, cuyos dueños aún esperan una confirmación de su licencia de operación.
La espada de Damocles sigue pendiendo sobre el cuello de esa canal de televisión que, como mecanismo de defensa de su propia existencia, optó por atenuar considerablemente su tono tradicionalmente crítico al actual Gobierno de Daniel Ortega. Y es que en el caso de la televisión abierta, la autoridad arbitraria de TELCOR es la mano que controla el delicado pelo de crin de caballo que sostiene esa punzante y afilada espada sobre los medios que osan criticar al gobierno.
Al mismo tiempo, los negocios privados son cada vez más temerosos de anunciarse en medios que puedan causar la molestia del señor Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Por su parte, existe una orden oficial del Presidente a sus ministros de no dar declaraciones a medios que son o le parecen ser de oposición. Para canalizar sus mensajes, la familia Ortega viene aumentando su poder mediático con la ampliación del Canal 4, la reciente adquisición de Canal 8 y el lanzamiento del diario Oficial ”El 19”.
El resultado ha sido el de periodismo insuficientemente crítico y de poca capacidad investigativa, particularmente en lo que a noticieros televisivos se refiere. La situación de la radio—aunque menos obvia—no es menos complicada. A la par de este proceso de autocensura, una encuesta de Cid-Gallup reveló un aumento del número de personas que tienen temor a opinar en público, lo que hace más difícil la obtención de fuentes de información.
Como he ilustrado, en el caso de Nicaragua—al igual en otras experiencias de ausencia de libertad alrededor del mundo—los medios de comunicación son aún más necesarios en la preservación de las libertades individuales. El secuestro de las instituciones públicas por parte de un partido de gobierno y el silenciamiento de voces independientes por la coerción, el chantaje o coima, ha dejado a la sociedad nicaragüense cercenada en su capacidad de ejercicio pleno de la libertad de expresión.
A la vez, la ausencia de contrapesos efectivos al poder Orteguista ha creado un contexto de indefensión ante los abusos del poder. Es por ello que los únicos espacios de contrapeso y fiscalización que siguen vivo y dispuestos a abanderar la lucha cívica de la libertad es la sociedad civil organizada.
Signos esperanzadores
Para concluir con un mensaje de optimismo quiero resaltar, que en medio de los nubarrones hay signos interesantes de esperanza. A manera de ejemplo, señalo los siguientes cinco:
* La fortaleza y valentía de la prensa escrita—especialmente La Prensa y El Nuevo Diario—que aún resguarda valiosos espacios de periodismo investigativo y secciones de Opinión que mantienen a la ciudadanía informada sobre los abusos del poder.
* Un auge de los nuevos medios de comunicación, particularmente las redes sociales y los blogs independientes. Este en sí mismo, es un tema tan amplio a interesante, que en si mismo merecería un exclusivo análisis.
* La existencia de un capital humano bien calificado para hacer periodismo investigativo e independiente. En este sentido, Nicaragua no adolece de recursos humanos para hacer un periodismo investigativo de calidad, pero sí de las plataformas y medios para ejercerlo.
* El surgimiento de organizaciones no gubernamentales con un creciente interés por hacer reportajes e investigaciones independientes. En este sentido, los últimos cinco años han significado el surgimiento de centros de pensamiento como el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Publicas (www.ieepp.org) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (www.funides.com), que poco a poco han venido ocupando un espacio valioso en la construcción del diálogo público.
* A diferencia de la década de los ochenta, la administración de Daniel Ortega de hoy no cuenta con el carisma y la mitificación de antes, lo que no la hace inmune a la fiscalización y presión internacional. Cada día más agencias multilaterales y centros internacionales enfocados en los derechos humanos y la libertad de expresión, están reconociendo que en Nicaragua se está formando aceleradamente una dictadura.
Todas estas son oportunidades que debe aprovecharse para mantener vivo el derecho a la libertad de expresión, que tanta sangre nos ha costado a los nicaragüenses.
* Director-Fundador del Instituto de Liderazgo de la Sociedad Civil (ILSC). Ponencia presentada en Antigua, Guatemala, el 20 de enero de 2011, en la Conferencia “Central America Political and Media Environment”.
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