Ortega, advirtió hoy sobre una "estrategia" estatal para coartar la libertad de expresión en este país centroamericano.
"El problema en Nicaragua es que estamos asistiendo a una cantidad de signos negativos que nos hacen pensar en una estrategia en la que se está queriendo como, poco a poco, iniciar a coartar la libertad de prensa", señaló el obispo, en declaraciones al canal 12 de la televisión local.
"Y esto es lo que preocupa", agregó el religioso, quien se refirió al asunto tras ser consultado por un cuestionado proyecto de ley contra la violencia hacia la mujer que, entre otras cosas, sanciona con multas a los medios de comunicación que satiricen a las féminas.
Al respecto, Báez dijo que la Iglesia católica apoya todo aquello que promueva la defensa o la dignidad del ser humano y, en este caso, a la mujer.
Sin embargo, consideró que en esa iniciativa sobre la violencia machista, presentada la semana pasada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ante la Asamblea Nacional, "las cosas no son claras".
"La expresión de violencia mediática no queda claro a que se refiere", anotó el jerarca, quien advirtió que los promotores de esa ley "han dado distintas explicaciones".
"El problema que uno ve (con esa iniciativa) es que puede ser el principio de un proceso de progresiva limitación de la libertad de expresión, de la libertad de prensa", insistió.
Observó que existen "muchas formas de atentar contra la libertad de prensa" y mencionó el caso del matutino nicaragüense El Nuevo Diario, que denunció la semana pasada que el Gobierno sandinista le impedía la salida de Aduana de las materias primas importadas para la producción del periódico.
"Y yo, como pastor, denuncio eso (el bloqueo de materias primas). Eso es un atentado a la democracia", enfatizó.
Recordó que "no se pueden callar a los medios cuando realizan esta función social, para el bien común," de informar.
El religioso también defendió las caricaturas contra funcionarios públicos, aunque también abogó porque las mismas sean regidas por la ética y por no faltar el respeto.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el diario La Prensa de Managua, organismos defensores de derechos humanos y diputados de oposición han cuestionado la iniciativa de ley que crea el delito de violencia mediática porque, a su juicio, intenta poner un "bozal" a los medios en sus críticas hacia las funcionarias públicas.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, ha dicho que ese proyecto intenta poner "un bozal" a medios críticos con el Gobierno de Daniel Ortega "para evitar que funcionarios como Rosario Murillo (la primera dama y portavoz oficial nicaragüense) sean criticados".
La gestión pública de Murillo ha sido objeto de críticas y caricaturas en los rotativos.
En la violencia mediática se establece que el dueño de medio de comunicación o periodista que, en el ejercicio de su profesión u oficio, "ofenda, injurie, satirice, denigre a una mujer por el hecho de ser mujer a través de un medio de comunicación, será sancionado con una pena de 200 a 300 días", según la iniciativa de ley.
También deberá hacer públicas sus disculpas por el mismo medio utilizado para hacer la ofensa y con la misma extensión de tiempo y espacio.
La presidenta de la Corte Suprema de Nicaragua, la sandinista Alba Luz Ramos, criticó hoy a esos sectores que cuestionan esa iniciativa, incluido a la SIP, y consideró que "el problema en este país es que todo se quiere politizar".
"Si (el diario) La Prensa está en contra de la ley, que lo diga claramente y que no esté utilizando un artículo para atacar esa ley, porque eso se llama misoginia vergonzante", acusó. EFE
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