Los
orteguistas son unos grandes planeadores. Sus jugadas las empiezan a armar con
suficiente tiempo, de tal manera que nada es improvisado.
Desde
la toma de posesión en 2007 Ortega ya sabía cómo se iban a ir desarrollando los
planes de la nueva dictadura. No fue por casualidad la entrega de la
institución de la Policía Nacional. Quizás porque siempre fue menos importante
que el Ejército Nacional, su rendición fue relativamente rápida. La Comisionada
mayor, Aminta Granera, estaba al tanto de su reelección y futura condición de
facto. Ortega ya sabía que se iba a reelegir contra el mandato de la
Constitución. Sabía de la claudicación de los poderes del Estado, del papel
mafioso que iba a jugar el CSE, aunque para esa alturas solo se había cometido
un fraude lectoral, el del ocho y medio por ciento que no se contabilizó en las
elecciones de 2006, lo que evitó una segunda vuelta entre Ortega y Montealegre.
Pero sabiendo lo que sabemos hoy, Ortega no hubiera perdido por nada del mundo
esa segunda vuelta. Esas cosas no nos pertenecen, están en el terreno de lo
posible. Lo que nos pertenece es lo que hemos vivido y estamos viviendo hoy.
Hay
quienes aun preguntan si aquí hay una dictadura. Jamás vamos a creer que se
trata de una duda bien intencionada, porque en Nicaragua nada se oculta. No se
ocultan los fraudes electorales; no se oculta la dependencia total de todos los
poderes del Estado de Daniel Ortega. No se ocultan los fallos escandalosos de
la CSJ, la indiferencia de la CGR, la parcialidad de la PGR. No se oculta que
los decretos presidenciales están por encima de los mandatos constitucionales.
No se ocultó la aberración jurídica de haber fallado que la Constitución de la
República es inconstitucional, solo porque le prohíbe ser presidente de nuevo a
Daniel Ortega. No se ocultan las intenciones de monopolizar completamente el
poder, lo prueba el decreto de Telcor, abiertamente inconstitucional, pero lo
llevan adelante porque es la primera muestra de las intenciones del dictador de
apoderarse de la voluntad de los empresarios privados.
Cuando
Daniel Ortega le propuso al General en retiro, Omar Hallesleven que fuera su
fórmula presidencial, estaba tirando el dado que le faltaba para cerrar el
círculo del control absoluto de la República. Omar Hallesleven echó por la
borda sus años de militar intachable por haberse mantenido dentro de la
neutralidad del Ejército Nacional. Neutralidad que costó años, esfuerzo y
paciencia, más la voluntad férrea de los generales que habían sido jefes de la
institución de quedarse fuera de la esfera del poder. Eso hicieron Joaquín
Cuadra Lacayo y Javier Carrión M. Se fueron a sus casas a ocuparse de sus
negocios personales. No así el general Hallesleven que no dejó enfriar la silla
del poder y aceptó ser cómplice de una acción ilegal, prohibida por la Constitución
que juró defender. No sé como hace el señor vicepresidente para explicarse la
ilegalidad del presidente al que acompaña y apoya, no sé como concilia el hecho
de declarar inconstitucional la Constitución de la República, no sé como acepta
la prioridad de los decretos presidenciales ante los mandatos constitucionales.
Eso no lo apoya un militar orgulloso de su actuación pasada.
El
ejército empezó a mostrar su entrega a la dictadura al aceptar la vice
presidencia su ex comandante en jefe. Ahora ni se duda cuando vemos todos los
beneficios que les regala Ortega cuando se van a la casual. Algo queda por
dudar y es la participación del Ejército Nacional contra el pueblo nicaragüense
cuando este se aburra de ser sacrificado.
Lo
evidente no necesita demostración, sin embargo, siempre habrá quienes se
pregunten: ¿Hay dictadura en Nicaragua?
Jorge
J Cuadra V
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