Onofre Guevara López
Nuestro país, habitualmente a la zaga del
mundo en términos técnicos y científicos –sin hablar de los nulos avances
sociales—, vive arrastrado por la dinámica del sistema capitalista mundial. Dentro
de esa vorágine de adelantos tecnológicos deslumbrantes en materia de
comunicación, parecemos algo así como un
país-mendigo, pidiendo limosna por medio de un celular último modelo.
En términos políticos, tenemos candidatos a
la presidencia haciendo propaganda a través de medios altamente tecnificados,
con un discurso tan atrasado, como si timbucos y calandracas hubiesen
resucitado para difundir su discurso a través de las maravillas
comunicacionales de hoy. Se sigue ofreciendo el mismo progreso que todos los
presidentes han ofrecido en doscientos años. Si fuera posible hacer el balance de
lo ofrecido y lo realizado durante ese lapso, posiblemente hallaríamos un
déficit del 80 por ciento. Y del 20 por ciento de lo realizado, dividido entre el
progreso de la empresa privada y el progreso de los gobernantes. Las migajas que
con su “vocación social” derraman, constituyen todo el progreso nacional. Es lógico,
son porcentajes imaginarios, pero si no tuvieran ninguna relación con la
realidad histórica, no seguíamos siendo el segundo país más pobre del
continente.
A ese hecho, bien se le podría concebir como la
concentración más pura de la demagogia electorera lograda en doscientos años. Pero
la propaganda electoral –especialmente la televisiva— del gobierno y de cierta
“oposición”, no menciona ni por broma las causas de ese “progreso” deficitario;
sus ejes propagandísticos revelan una miseria ética despreciable: argumentos
serios, 0; mentiras 50; ofensas personales 50, para un total de 100 puntos. La
vulgaridad no deja ni asomarse a la creatividad: les da lo mismo distorsionar una
imagen o un discurso del adversario, que hacerle una acusación grave sin prueba
alguna. La televisión es como un juguete bien caro, en manos de menores díscolos,
malcriados y abusadores, por no decir delincuentes.
Su propaganda electoral, es el vivo reflejo
del desorden social e institucional causado por la práctica de la corrupción en
todas las áreas del Estado y del desconocimiento de las leyes, en primer lugar,
de la Constitución. Por ese hecho, cuando tratan de impresionar bien a su
clientela electoral, sus grandes promesas las ofrecen con un desbordante amor
que sólo lo sienten hacia los bienes materiales que viven acumulando a la
sombra del Estado, o asociados a quienes lo controlan. El resto de los espacios
televisivos, los llenan con ataques e inventos dirigidos con especial saña en
contra de la Alianza-PLI, en razón de estar figurando como la de mayor peligro
para el orden irregular establecido por el pacto Ortega-Alemán.
No obstante, ese tipo de agresiones y
amenazas de más inhibiciones de sus candidatos –hechas inmoralmente por
“autoridades” ilegales— se ve contrarrestado de forma sencilla y práctica por
las propuestas de cambios de la Alianza-PLI, semejantes a las proclamadas a
mediados de la semana anterior por un sector de la izquierda en apoyo a la
fórmula Gadea-Jarquín. No tienen nada de
la grandilocuencia de las promesas sesudamente elaboradas –pero que nunca se acercan
a la práctica—, sino puntos claves para iniciar el destrabe de las
instituciones burocráticas que anidan a oportunistas y corruptos, y poder avanzar
hacia la democratización y la depuración del Estado.
Díganlo si no, las siguientes propuestas; emprender la reforma fiscal, para acabar con
los privilegios de las grandes empresas, y librar al pueblo de excesivos impuestos
directos e indirectos, los cuales sostienen la burocracia elefantiásica
existente. Reducir de 92 a 62 el número de diputados, la absoluta mayoría de
los cuales nunca hablan, pues solo funcionan como parásitos del cuerpo
legislativo para votar a favor del gobierno. Reducir a siete y a cinco los
magistrados –ahora auténticos agentes políticos oficialistas y del pacto— de la
Corte suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral, respectivamente. Prohibir
la reelección de forma absoluta, raíz de los abusos de poder de caudillos y caudillejos. Restaurar el derecho de
la ciudadanía a presentar candidatos por suscripción popular; evitar la elección
del presidente con el bajo porcentaje actual y mucho menos con el 38 por ciento
con que ganó Ortega, sino con la mitad más uno de los votos.
Esas y otras reformas planteadas por
políticos e intelectuales, y aceptadas por la fórmula de la Alianza-PLI, no
están pegadas al cielo de las ilusiones, pero es obvio que sólo son alcanzables
con un gobierno honrado. Pese a su
aparente simpleza, son reformas básicas y por eso son temidas por el
oficialismo y los seudo opositores, quienes han hecho del Estado su mayor fuente
de enriquecimiento ilícito y punto de apoyo para otras de sus actividades
comerciales, porque saben que son imprescindibles para liberar al Estado de su parasitismo
y para liberar recursos económicos.
La complejidad de los problemas políticos,
económicos y sociales de nuestro país, no llegaron a tener la gravedad que
tienen por accidente, sino por una práctica corrupta permanente y sistemática con
muchos años de duración. Pero, por el interés de los sectores dominantes y
parasitarios que buscan perennizar el sistema, han hecho creer que sus
soluciones están en sus proyectos, y gracias a la religiosidad que manipulan. Un gobierno libre los robos y de las ataduras a
los intereses creados de los Ortega-Murillo y los Alemán Lacayo, puede probar
que las soluciones comenzarían con las medidas prácticas sensatas mencionadas y,
sobre todo, con la honradez de la que carecen el gobierno y sus aliados a
través del Pacto.
Estamos a punto de poder comenzar a buscar las
soluciones el 6 de noviembre, o de seguir descendiendo hacia otra dictadura.
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