Es la hora de almuerzo y a la pequeña champa de plástico negro en la que Edgar Barberena y Bismarck Osorio mantienen una huelga de hambre de 38 días –en los que sólo han chupado caramelos, ingerido agua e inyectado suero—, se cuela un olor exquisito a vaho, una comida típica nicaragüense de carne y plátanos con tubérculos cocidos.
La olla del puesto de comida está a tres metros de la champa de los huelguistas, ubicada en la acera del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), su antiguo local de trabajo. Cada vez que llega un nuevo comensal, las vendedoras abren la olla para servirle la comida y el olor llega hasta las narices de Barberena y Osorio. Es una tortura.
“Imagínate lo que estos hombres sienten, si nos da ganas de comer a nosotros que estamos bien alimentados y con ese olor podríamos comernos una vaca, ahora a ellos que tienen más de 30 días de no comer”, dice un hombre que acompaña a los huelguistas en su lucha.
Barberena y Osorio reclaman al titular del MTI, Pablo Martínez, que los restituya en sus puestos de trabajo después de ser despedidos injustamente en el 2008. Según ellos, con la llegada al poder del FSLN se inició una verdadera cacería en contra de los sindicatos independientes y de los trabajadores no sandinistas. En ese misterio, se habrían descabezado cuatro sindicatos desde el 2007.
“Aquí estamos hasta que el cuerpo aguante, vamos hasta las últimas consecuencias. Vamos a heredar muchas enfermedades gracias al ministro”, dice Osorio, un ex responsable de básculas del MTI, quien tenía 15 años de servicio. Luego pide que paremos la conversación porque se siente mal.
Estos hombres, ahora flacos y débiles, emulan el ejemplo de su ex compañero de trabajo Freddy Velásquez, que en el 2010 mantuvo una huelga por más de 40 días y, ya al borde de la muerte, obligó a Martínez a negociar y a firmar arreglos, que ahora no ha cumplido.
En aquél entonces, Martínez aceptó restituir a 10 trabajadores despedidos. Pero sólo le devolvió sus puestos a tres, entre ellos a Velásquez. Sin embargo, en el MTI los despedidos en el periodo del presidente Ortega suman 487 empleados.
“Qué pasa, el ministro no ha cumplido con su palabra, ese señor es un mentiroso y estamos esperando que dé respuesta”, dice Barberena, un ex conductor con 17 años de trabajarle al Estado.
Empleados obligados a “rotondear”
Estos despidos no son la excepción sino la regla que se aplica para aquellos trabajadores estatales que no comulgan con el FSLN. Desde el 2007 en todo el estado se han despedido a 21 mil 118 trabajadores, según un recuento de la Federación Democrática de Trabajadores del Sector Público (FEDETRACEP-CUS).
“Fueron los que promovieron la aprobación Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y tenían la oportunidad histórica que se cumpliera la ley y se evitara la rotación de empleados y servidores públicos con los cambios de gobierno y ¿qué es lo que sucede? llegan al gobierno y la misma ley queda como una utopía, llegan al gobierno y ellos son los que violentan la ley”, dice Álvaro Leiva, secretario de Asuntos Laborales de la FEDETRACEP-CUS.
Para la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la situación de los trabajadores del Estado es deprimente. “Prácticamente se han convertido en la masa activista con que el presidente ortega llena las plazas donde quiere decir sus discursos”.
“Abandonan incluso sus puestos de trabajo, se ponen la camiseta para ir a rotondear”, dice Núñez en alusión a la presencia de decenas de trabajadores en las rotondas de Managua, ondeando banderas del FSLN y proclamando a Ortega como candidato presidencial, a pesar de que el artículo 147 de a Constitución le prohíbe postularse.
El FSLN ha visto como una oportunidad utilizar a gran parte de los 120 mil trabajadores del Estado para sus fines políticos, prometiéndoles estabilidad laboral a los “obedientes”. Sin embargo, miles de trabajadores van a las manifestaciones obligados.
La tragedia de los docentes
“¿Por qué van los maestros a las marchas? Porque el director dice que se va a pasar asistencia, entonces el maestro que no asistió quedó ausente y después vienen las represiones, los memorandos…Los directores son los que más presionan y ¿qué dicen algunos? a mí me presionan los delegados, entonces ustedes tienen que ir, porque todos somos trabajadores del gobierno”, cuenta una profesora de primaria con más de 30 años de experiencia, quien pidió que mantengamos su identidad oculta para no ser despedida.
Esta profesora cuenta que hay maestros que por la presión sicológica han ido a parar el hospital psicosocial. “Nunca se había visto, en años anteriores había estabilidad laboral, ahora no hay estabilidad laboral… Al no haberla, los profesores caminan nerviosos, más que los presionan que tienen que ir a una marcha...”, dice la profesora.
Para Leiva, sindicalista, esa presión atenta contra los derechos humanos. “El servidor público debe participar en las actividades del gobierno a cambio de estabilidad laboral y eso es triste, someter a un empleado público a estas condiciones, porque atenta en contra de sus derechos constitucionales, laborales y derechos humanos”, dice Leiva.
El profesor Orlando Jiménez fue despedido del MINED en agosto pasado a pesar que tenía fuero sindical. Según este docente con 23 años de servicio en el sector educativo hay incertidumbre entre los trabajadores de la educación porque siempre andan los rumores que “para el próximo mes se despedirán a 500, 300 trabajadores, 100 trabajadores”.
“Pero fue a partir de agosto de 2010 que comienza la persecución sindical, una persecución laboral violentando incluso nuestros derechos humanos”, dice Jiménez.
“Nos ha costado 128 organizaciones sindicales que han sido descabezadas y más de 1,600 dirigentes sindicales que han sido mandados a la calle sin respetárseles su libertad sindical, su fuero sindical”, expresa Leiva.
El colmo, no les pagan prestaciones
El gobierno del presidente Ortega no sólo ha mandado al desempleo a más de 21 mil trabajadores del Estado. También se niega a pagarle sus prestaciones sociales. La deuda del Estado con los despedidos se eleva a más de 673 millones de córdobas, según el recuento de la FEDETRASEP-CUS.
“Ha sido una irresponsabilidad total de parte del gobierno del presidente ortega de proceder a esos despidos injustificados provocándole al Estado una deuda pública que no tiene asidero legal”, expresa Leiva, secretario de Asuntos Laborales de la FEDETRASEP-CUS.
En el Presupuesto General dela República de 2011, se incluyeron 20 millones de córdobas para pago de liquidaciones de trabajadores despedidos pero, según Leiva, las centrales sindicales independientes no tienen conocimiento de cómo se ha ido pagando.
“Es humillante que a un trabajador del Estado aparte de mandarlo al desempleo, no le paguen sus derechos que por ley tiene ganado. Se viola la Constitución, el Código del Trabajo y un sinnúmero de acuerdos internacionales firmados por el Estado en pro del trabajador”, dice la doctora Núñez, presidenta del CENIDH.
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