“Saber que se puede, querer que se pueda” (Color Esperanza, Diego Torres)
17 de octubre de 2011
(Edición No. 170)
Investigar y sancionar
Desearíamos que este comentario resulte extemporáneo, si es que al momento de difundirlo, la responsable de la Policía Nacional, Comisionada Aminta Granera, ha ordenado una investigación de los sucesos de San Juan del Río Coco en la perspectiva de establecer responsabilidades, y sancionar si es el caso, a quien corresponda.
Eso es lo que procedería. Una investigación para determinar si hubo o no negligencia policial, y de quién dentro de la institución es la responsabilidad, el martes pasado cuando a vista y paciencia de la policía turbas orteguistas atacaron a ciudadanos, muchos de ellos campesinos y algunos hasta ancianos, que pacíficamente reclamaban la entrega de sus cédulas. El día siguiente la situación fue peor: la propia policía, usando exageradamente la fuerza, reprimió a los ciudadanos que incautamente esperaban el desenlace de una negociación en las oficinas del Consejo Electoral Municipal (CEM), para solucionar su legítima demanda de cédulas.
Más grave aún, el segundo día las fuerzas policiales fueron encabezadas por simpatizantes del partido de gobierno que literalmente dirigieron la represión. Fotos del periódico La Prensa registraron a un militar retirado, ahora civil, armado y con ropa de camuflaje, coordinando la represión policial con el Comisionado a cargo de la misma.
Porque de eso se trató: de una represión al más puro estilo de la guardia somocista. Las escenas y relatos parecían proceder de una pesadilla que surgía de la memoria de tiempos en que las dictaduras castrenses prevalecían en muchos países de América Latina.
Llevo bastante tiempo escribiendo y grabando este programa, y siempre he sostenido el difícil equilibrio, o aprieto para decirlo en términos más sencillos, en que se ha visto la Policía Nacional desde que Ortega regresó al gobierno. Con gran dificultad, y con frecuencia con mucha responsabilidad, los mandos policiales han tenido que sortear el dilema entre proteger el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente, por un lado, y detener o no la acción de las turbas orteguistas que, despojando a la Policía del monopolio de la fuerza, que en democracia pertenece al Estado y la ley, han agredido a ciudadanos desamparados.
Pero en San Juan del Río Coco, y queremos creer que fue por iniciativa de mandos locales o regionales de la Policía, ocurrió lo contrario. Las fuerzas policiales encabezaron la represión y, peor aún, subordinadas a las turbas partidarias.
El peor y mayor retroceso de nuestro limitado progreso político -ya el sistema electoral está en escombros y no se puede decir menos del poder judicial- es que se “reprivatice” el monopolio de la fuerza, y volvamos a tener fuerzas armadas y de policía partidarias, cual guardia pretoriana del dictador.
Ese es, lamentablemente el riesgo. Y en el camino entre ahora y ese escenario catastrófico, pueden haber varios otros casos semejantes al de San Juan del Río Coco, como antes los hubo en Jícaro, Siuna y San Fernando entre otros lugares. ¿Qué hará la Policía, con su limitado número de integrantes y muchas otras responsabilidades que cumplir, si el caso de San Juan del Río Coco, ciudadanos reclamando legítimamente sus cédulas, se reproduce en quince, veinte, o más municipios simultáneamente?
Si la Policía Nacional sigue perdiendo credibilidad en cuanto a su institucionalidad, y por tanto su capacidad de diálogo y atemperamiento de las pasiones políticas, el conflicto violento nos estará aguardando a la vuelta de la esquina como fantasma desenterrado de los peores momentos de nuestra cruel historia.
El Pacífico también
En la campaña electoral de la Alianza PLI, encabezada por Fabio Gadea Mantilla, había una duda: si el entusiasmo desbordante observado en diversos lugares del centro, centro-norte y centro-sur del país, se reproduciría o no en el Pacífico, con una población de perfil cultural político relativamente diferente.
Esa duda se empezó a despejar el fin de semana pasado: el entusiasmo con el cual Fabio fue recibido en Rivas, Carazo y Granada, culminó con un desborde de gente y entusiasmo el domingo pasado en Masaya. Esto anticipa lo que ocurrirá en León y Chinandega, y finalmente en Managua.
A la “montaña de votos” de que habló Fabio desde un inicio, ya se le comienza a ver el perfil de mayoría abrumadora.
Quienes gobiernan están abocados a un dilema: intentar impedir, de una u otra forma, el triunfo de Fabio y sumir al país en una crisis de consecuencias catastróficas, en las que todos saldremos perdiendo, pero especialmente ellos, o bien aceptar el compromiso de Fabio: gobernar para todos, no empezar todo de nuevo, barriendo funcionarios y programas, y no iniciar una nueva redistribución de los derechos de propiedad, de las empresas y de los balances del poder económico, apalancándose en el poder político. Quiero, dijo Fabio, al presentar su programa, gobernar “con absoluto respeto a la diversidad, sin discriminaciones partidarias, ideológicas, religiosas, raciales o de género”, y, agregó, “terminar con el ciclo perverso de confrontaciones ideológicas y sectarias”. Y fue categórico al afirmar: “Lo que se está haciendo bien, lo seguiremos haciendo, pero mejor”.
Es de esperar que la serena reflexión pastoral de los Obispos Católicos, de la semana pasada, llamando a construir la Nicaragua que queremos, y en la cual todos cabemos y nos pertenece a todos, cale en quienes tienen la mayor responsabilidad en que este proceso electoral termine respetando la voluntad de la mayoría de nicaragüenses.
Todos contra Fabio
Que aliados del expresidente Alemán, por un lado, y del candidato Quiñonez, por otro, haciéndole el trabajo sucio a Ortega, inicien acciones para impugnar las candidaturas de la Alianza PLI, solamente tiene una consecuencia práctica: los pocos liberales que todavía apoyan a Alemán, y los independientes que crecientemente están decidiendo por quién votar, se dan cuenta que la única alternativa frente a Ortega, es Fabio Gadea.
Es tal el caso, que esta campaña bien podría llamarse la campaña de “todos contra Fabio”. Pero en verdad, se trata de “Ortega y sus aliados contra Fabio”.
Pero es inútil. El intento de sembrar dudas e incertidumbres con las impugnaciones a la Alianza PLI, no pasa de eso: un intento, porque esas impugnaciones no tienen ni viabilidad legal, ni viabilidad política nacional e internacional.
Así como Sébaco fue, Fabio y noviembre ¡van!
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