La marcha cívica contra la reelección ilegal e inconstitucional de Daniel Ortega concluyó con un llamado a “una movilización permanente” por unas elecciones libres, justas y transparentes el próximo 6 de noviembre, fecha en que Nicaragua elegirá a las próximas autoridades del Ejecutivo (Presidente y Vicepresidente de la República), diputados nacionales, diputados departamentales y diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Julio Ycaza, del consejo directivo del Movimiento por Nicaragua, una de las organizaciones promotoras de la marcha cívica, exhortó a las autoridades nacionales y a la comunidad internacional a velar porque se realicen elecciones libres, justas y transparentes, que sean vigiladas por organismos nacionales e internacionales.
"La actual encrucijada presenta grandes similitudes con la historia que vivimos los nicaragüenses en 1990. Si entonces el voto ciudadano representó la salida pacífica al infernal laberinto de la guerra, una oportunidad para la paz y la reconstrucción de un país destruido por el odio fratricida, las elecciones que tendrán lugar el próximo 6 de noviembre representan la última oportunidad para salvar la democracia y con ella el camino civilizado para construir la convivencia y encontrar las respuestas adecuadas para salir de la pobreza y la miseria", señaló Ycaza.
"Por eso estamos aquí y debemos de continuar nuestra lucha por unas elecciones libres, honestas y transparentes, en las que la voluntad ciudadana expresada en el voto sea respetada. Es inaceptable la candidatura inconstitucional e ilegítima de Ortega. Debemos impedir que el Consejo Supremo Electoral continúe en manos de usurpadores y corruptos, responsables del gigantesco fraude electoral llevado a cabo en las pasadas elecciones municipales", añadió.
El luchador cívico señaló que es obligación cívica exigir la observación electoral nacional e internacional, la cual es un derecho adquirido por el pueblo nicaragüense, practicado durante los últimos tres comicios nacionales.
De igual forma --añadió-- tenemos absoluto derecho a demandar de este gobierno, la inmediata entrega de las cédulas de identidad ciudadana sin hacer excepciones y gratuitamente.
"Si todas las arbitrariedades e irregularidades cometidas por el CSE en este proceso electoral nos indican que se prepara un fraude colosal para el próximo 6 de noviembre, con mayor razón debemos de ir a depositar nuestro voto en contra de un gobierno autoritario y dictatorial, para que esa montaña de votos sea una prueba contundente e irrefutable del fraude", agregó Ycaza, exhortando así al voto popular masivo en noviembre de 2011.
El luchador cívico –igual que lo hicieron organizaciones civiles días atrás—llamó la atención de la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua, donde la sociedad civil valora que el proceso de transición política y de democratización, que inició tras el fin de la guerra civil, hoy se encuentra amenazado por retrocesos en la institucionalidad y atropellos a las reglas democráticas.
"Queremos hacer un llamado a la comunidad internacional. Su papel en 1990 fue determinante para terminar con la guerra e iniciar el camino hacia la democracia. Su contribución a la reconstrucción y democratización de Nicaragua a lo largo de estos años ha sido fundamental. Los derechos humanos, civiles y políticos, de los nicaragüenses están por encima del cacareado alegato del principio de no intervención, en el que usualmente se escudan los dictadores para oprimir y masacrar a sus pueblos".
Ycaza, por su parte, al cerrar su intervención de cierre, demandó el cambio de los magistrados del Poder Electoral, por haber permitido y perpetrado el fraude electoral de los comicios municipales del 2008 y, además, porque ya se les venció el término de su mandato de cinco años a todos ellos, militantes del FSLN y del PLC.
“Democracia sí, dictadura no”, clamó Ycaza.
Forcejeo con Policía
La marcha cívica concluyó tras intentar avanzar por la ruta solicitada con anticipación, en dirección al Consejo Supremo Electoral (CSE), pero no logró llegar más allá del casino Pharaos, ya que la Policía colocó varios anillos de seguridad con efectivos y con vallas metálicas, contra los que forcejaron los marchistas.
Hubo enfrentamientos verbales, físicos, hasta denuncias de detenciones y represión física policial, sin embargo no se conocen cifras ni de presos, ni de heridos. A través de la radio Corporación, manifestantes y pobladores en general llamaron criticando el comportamiento y la parcialidad policial.
Por su parte la Primera Comisionada Aminta Granera, Directora Nacional de la Policía, en declaraciones a Radio La Primerísima, señaló que la institución cumplió con su deber de evitar un derramamiento de sangre y por ello impidió que los marchistas siguieran avanzando después del Pharaos y enfrentarse a las fuerzas de choque del partido de gobierno.
Granera señaló que la Policía jugó el papel de un pararrayos, "de forma consciente", al evitar enfrentamientos entre ambas fuerzas opositoras y pro gobierno. Lamentó que algunos sectores políticos y cívicos no lo comprendan, pero valoró que era lo mejor a realizar.
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