El diario granadino EL CORREO (1913-1934), fué fundado por quien fuera su Director, Carlos Rocha Avellán y es sobre todo recordado por haber dado acogida a las publicaciones literarias del Movimiento de Vanguardia, "Rincón de Vanguardia" y "Página de Vanguardia", a cargo de Pablo Antonio Cuadra Cardenal y Octavio Rocha Bustamante, hijo éste último de don Carlos y padre de Luis Rocha Urtecho, quien, junto con su nieto Luis Javier Espinoza Rocha, retoman hoy "El Correo Nicaragüense"; un blog pluralista, que agradece la reproducción de su contenido.

miércoles, 13 de abril de 2011

COMENTARIOS A LA DEFENSA DE LO INDEFENDIBLE DE DON TOMÁS BORGE


Es cierto que entre todas las alternativas disponibles a este gobierno para reprimir la manifestación cívica del sábado 2 de abril, la Policía Nacional con su Jefa máxima a la cabeza y un grupo selecto de cadetes y muchachas policías (respaldados, eso sí, sombríamente, por los antimotines, quienes llevaban sus Akas terciadas en las espaldas, como se pudo claramente ver en las tomas de la TV), fue la más suave que pudo escoger. Se trataba de negar a la ciudadanía el derecho de marchar desde la Plaza “del Fraude” a la sede del CSE, y el pelotón policíaco, con los antimotines en guardia, eran sólo uno de los elementos para realizar esa ilegal, antidemocrática, dictatorial negación. El primer medio eficaz tomado para poner en ejecución esa medida dictatorial había sido avisar a última hora que la ciudadanía no tenía permiso para marchar ni para posicionarse ante el CSE, pues, sin dar ninguna explicación a la discriminación rampante, quien tenía permiso para estar esa mañana en la tal plaza, eran los simpatizantes del gobierno que habían organizado una contramarcha. Eso dejó a los ciudadanos prohibidos con la única alternativa de ir a manifestar su cólera ante el retén policial, sin ninguna posibilidad remota de poder romper esa valla respaldada por las fuerzas más represivas de las que dispone el gobierno y la policía nacional, que sí estaban convenientemente armados hasta para, si era necesario, masacrar (¿no fue don Tomás Borge quien nos dijo repetidas veces que para mantener a este gobierno en el poder ellos van a echar mano DE CUALQUIER MEDIO QUE SEA NECESARIO?, ¿cuál es la garantía de que reprimir por armas y garrote al pueblo, al estilo Plaza de México bajo Echeverría, no era un medio que el gobierno no iba a considerar disponible?). En otra ocasión , el medio eficaz para reprimir una concentración pacífica de la sociedad civil, en este caso de la Coordinadora Civil, en agosto 2008, fueron turbas de jóvenes disciplinados para reprimir y supervisados por hasta viceministras de la familia, y en esa ocasión la Policía Nacional actuó de testigo maniatado, pues en sus narices se pateó a ciudadanos, se los apedreó, se les lanzaron botellas llenas de hielo a la nuca, se los insultó a mansalva, y la Policía no movió un dedo para parar esos desmanes (¿sería que las víctimas antes tenían que llenar un denuncia en la Fiscalía? Bueno, la denuncia se llenó después, pero hasta ahora la Policía no ha respondido ni mu…).


Don Tomás está siendo cínico, farisaico e hipócrita. Todos sabemos que este gobierno siempre va a minimizar las desventajas en su contra, y una de ellas en este caso era la vehemente sospecha de que iban de nuevo a utilizar sus turbas ante la paciencia digna de Job de la Policía Nacional, y eso les iba a acarrear cierto desprestigio ante nuestra ciudadanía y ante la opinión internacional. Entonces recurrieron al, igualmente dictatorial y tiránico, remedio de negar los permisos que no podían constitucionalmente negar (por eso, no eran “permisos” sino reconocimiento de que los ciudadanos tenían pleno derecho a marchar por donde les diera la gana). Y, como medida complementaria, pondrían una valla “civilista”, muy estrechamente supervisada por una pelotón de antimotines, para disuadir, como de hecho lo consiguieron, a los ciudadanos que intentaran romper esa valla. La primera medida era evidentemente odiosa, pero la consideraron necesaria y decidieron asumir el costo político que les está acarreando. La segunda, creyeron, más bien les traería ventajas, el prestigio de ser civilizados en su represión, y están tratando de demostrar esa civilidad, aunque a los ciudadanos golpeados, arrastrados y sacados de la vía no les convence tal civilidad.

Éstos fueron los cálculos de la cúpula, entre la cual se cuenta a don Tomás Borge. En esos cálculos fríamente decidieron sacrificar a Aminta Granera y a la Policía Nacional, pues, aunque no se los pueda acusar de violentos en su actuación para parar la marcha, el prestigio de esa persona y de esa institución ha quedado bastante lesionado. Ha quedado bien claro que, más que un cuerpo institucional y legal del orden público, la Policía Nacional es un instrumento de las conveniencias del partido y de los objetivos políticos del gobierno. De una fuerza constitucional sometida a la Constitución y las Leyes, autónoma en su poder para discernir lo que ellas le exigen, la Policía Nacional ha sido relegada a una fuerza obediente de las decisiones de la Ministro de Gobernación y de las interpretaciones que esta funcionaria, así como el Presidente de la República y su poderosa consorte, manejen en cada momento. La Ministro, por ejemplo, consideró , y así lo expresó, a un nivel de hilado intelectual bastante grueso, que la contramarcha de los orteguistas era una actividad “social” y de diversión (sin reconocer en absoluto la intención política innegable de tal contramarcha), y que en cambio la marcha de la ciudadanía era una marcha “política” (dando por supuesta, además, sin que conste en absoluto, la verdad de tal distinción) y que este tipo de actividades deben subordinarse a las primeras, y que por tanto debía ser prohibida para permitir la celebración tardía de la otra (¿por qué? Nadie me lo podría demostrar). Y la Policía Nacional, por obediencia típica de regímenes dictatoriales, se plegó a esa interpretación y actuó de acuerdo a la misma. La Policía Nacional, de esta forma, ha quedado subordinada a los planes estratégicos y tácticos de represión delineada por Lenín Cerna y por su lugarteniente, Moncada Lau, y sus fuerzas de choque (¿eran ellos los que, vestidos de civil, esperaban a los marchistas de la ciudadanía en la “Plaza del Fraude”, en caso de que éstas se atrevieran y tuvieran éxito en rebasar las vallas de la Policía y de las fuerzas antimotines?).

Yo le guardo mucha consideración a doña Aminta Granera y a los dilemas que su puesto en este gobierno le crea. En el fuero de su conciencia, probablemente, ella guarda un respeto por la Constitución, las leyes y la forma de actuación de cualquier gobierno que se considere democrático, que no se encuentra en ningún alto funcionario de este gobierno, caracterizado por un grado elevado y perenne de discrecionalidad y de ignorancia de principios constitucionales, leyes y normas democráticas y civilizadas de procedimiento. Por eso, en una marcha anterior de la ciudadanía, doña Aminta pudo hacer las cosas a la manera que a ella, y a quienes apreciamos las conductas cívicas y democráticas, nos gusta. Y los contramarchistas orteguistas tuvieron que aceptar otro horario y otro itinerario para su actividad y la ciudanía no orteguista, que había sido la primera en solicitar fechas e itinerarios, pudo realizar su marcha de acuerdo a su solicitud. Sin embargo, esta vez Aminta tuvo que obedecer, pues la opinión de Lenín Cerna y sus huestes era que bajo ningún pretexto, se podía tolerar una protesta de la ciudadanía en frente del ya totalmente desprestigiado Consejo Supremo Electoral. Y por ello, no cabía otra alternativa que prohibir la marcha ciudadana por el camino y con el cierre que sus organizadores la planearon, y se le asignó arbitrariamente otro punto de partida, otra ruta y otro final de marcha, sin ninguna relación con el objetivo legítimo de la misma, que era plantear una propuesta enérgica al Consejo Supremo Electoral. En otra ocasión, Aminta Granera, instruida por sus superiores jerárquicos en el gobierno, también tuvo que obedecer y tuvo que permitir que los ciudadanos que protestaban contra el fraude fueran reprimidos con mucha violencia física por las turbas orteguistas, y que no pudieran marchar por donde querían. En esa oportunidad, Aminta lo único que pudo hacer fue declarar que la Policía Nacional en las circunstancias que entonces se daban (léase, de acuerdo a las órdenes de los altos funcionarios del gobierno) sólo podía garantizar el derecho a la vida de la ciudadanía, sugiriendo que no podía garantizar el derecho de reunión, de marcha, de asamblea y de protesta. Que conste que para cuando la Comisionada Mayor expresó a la prensa ese mensaje ya había habído un periodista acuchillado en las calles por las hordas orteguistas, quien sólo por un milagro logró conservar su vida (de forma que a él la Policía Nacional no le garantizó el derecho a vivir). Considero que Aminta estaba dando el mensaje de su insatisfacción por el papel ridículo y hasta denigrante que el gobierno la estaba forzando a asumir. Pero hasta ahí puede llegar la Comisionada Mayor de la Policía Nacional en este gobierno de Daniel Ortega. Y la culpa no es de ella.

Iván García Marenco

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