La soberanía, esa mitología colonial de la modernidad

Adriano Corrales Arias*

En el año 1994 fueron reordenados los mojones que señalan el límite fronterizo entre Nicaragua-Costa Rica. En esa nueva “densificación” al parecer, un par de centenas de ticos, la mayoría indígenas de la etnia Guatuso o Maleku, quedaron, con sus propiedades, del lado de Nicaragua. Por esa razón, decidieron crear un octavo Estado en Centroamérica, acción que provocara revuelo y estupor entre los gobiernos de ambos países en 1995, los cuales, por supuesto, no reconocieron la existencia de la autoproclamada nueva república.
En un área de 213 km2, el grupo de “colonos” costarricenses pretendía crear el nuevo Estado con la protección de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pues aseguraban haber sido desamparados por el gobierno de Costa Rica el cual cedió sus terrenos a Nicaragua, tras la demarcación fronteriza. La mayoría de los pobladores pertenecían a la etnia Guatusa, por lo que nombraron a su nación “Airrecú” -palabra de la lengua maleku que significa Amistad -, y que contaba con unos 5.000 habitantes, según los representantes del pretendido nuevo Estado.
Al proclamar como tierra de nadie a Airrecú, sus pobladores designaron a su propio presidente: Augusto Rodríguez. El conflicto -que según la ONU debía ser resuelto por ambos gobiernos- tuvo sus orígenes en una entrega de tierras a campesinos por parte del Instituto de Desarrollo Agrario de Costa Rica y a los cíclicos diferendos fronterizos sostenidos entre ambos países (especialmente cuando en Managua hay crisis política) que, desde 1860, firmaron el Tratado Cañas-Jérez, el cual delimita una frontera de más de 300 kilómetros de humedales, montañas y selvas. En medio de la "indefinición fronteriza", el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) de Costa Rica repartió parcelas a costarricenses en "territorio nicaragüense".
No obstante, expertos de ambos países revisaron y ajustaron la demarcación fronteriza con base en el Tratado, el cual fue delimitado por la denominada Comisión Alexander en el año 1900, tras lo cual las autoridades de ambos países cayeron a la cuenta del "error" del IDA. Asesorado por Omar Jaén -estudioso de la situación limítrofe-, el proclamado presidente de “Airrecú” argumentaba que Nicaragua se apropió de 213 kilómetros cuadrados con el consentimiento de la cancillería costarricense. En un comunicado oficial, dicha cancillería certificó la plena soberanía de Nicaragua sobre el polémico territorio desde 1859, y calificó la creación de “Airrecú” como contraria al derecho internacional.
Tras considerar ilógico y absurdo el caso, el gobierno de Nicaragua amenazó con desalojar a los “colonos” costarricenses y pidió a las autoridades de Costa Rica trasladarlos porque estaban "violando" el territorio nicaragüense. El entonces canciller de Nicaragua, Ernesto Leal, aseguró que el territorio nicaragüense ocupado era de unos 100 km2 y no de 213 km2, y que estaba habitado por unas 250 familias en vez de 5.000 personas, como argumentaban los representantes de la denominada Airrecú. El presidente costarricense de entonces, José María Figueres, prometió en Managua que el IDA aceleraría las gestiones de reubicación de los costarricenses que se establecieron por error en territorio nica. Y así, al parecer, se hizo.
Sin embargo, el biólogo costarricense y catedrático de la Universidad Nacional, Dr. Freddy Pacheco, en un artículo publicado durante el gobierno de Oscar Arias (“A dos millas del lago”) y a partir de una revisión de aquel amojonamiento solicitada por la Defensoría de los habitantes de Costa Rica (y rechazada, claro está, por el gobierno), señala que “gracias a la generosidad de ciertos funcionarios ticos, Nicaragua estaría viendo aumentado su territorio en un área equivalente (…) a doscientos noventa y siete kilómetros cuadrados (297 km2) de territorio costarricense (…), en un acto de altruismo excepcional, en la zona limítrofe al sur del Lago de Nicaragua”.
Para el académico costarricense “Resulta que el Tratado Cañas - Jerez dice claramente que "La línea divisoria de las dos Repúblicas…" ha de seguir "un curso que diste siempre dos millas… de la margen derecha del propio Lago". Sin embargo, nuestros brillantes y generosos funcionarios, hace tan solo ocho años (en 1994) insistieron en una línea divisoria que en un punto está alejada ¡5, 5 millas de dicha margen! Línea divisoria que, como lo puede comprobar usted amigo lector con solo echar una rápida mirada a cualquier mapa de Costa Rica, jamás sigue lo estipulado en el Tratado firmado hace 144 años. ¿Y por qué? se preguntarán ustedes. Pues porque algunos se arrogaron la soberanía de Costa Rica y actuando a nombre propio, promovieron y siguen defendiendo (un poco en las sombras) una delimitación que nada tiene que ver con lo acordado a mediados del siglo XIX y que tiene plena vigencia”.
Señala don Freddy que “han hecho uso torcido de los textos de las actas de la llamada Comisión Alexander (unos librotes enormes de 40 X 30 cm y varios cientos de páginas llenas de mapas, cifras y diagrama que se robaron de la cancillería, según declara en 1995 el ex-vicecanciller don Rodrigo Carreras). Y decimos indebido pues, como se lo manifestara con claridad al actual ministro de Justicia el ciudadano Rafael Gamboa, "el Sr. Alexander fue una persona extremadamente correcta, que actuaba de conformidad a los principios de la ética profesional y me niego a creer que pudo estar de acuerdo, en colocar un mojón más allá de las dos millas establecidas." Y es que consecuente con lo anterior, el Gral. Alexander, en el Laudo N°4, cita cinco veces, que la distancia de la frontera a la margen del Lago, ha de ser de 2 millas. Así que por citar un documento que ni siquiera tenían en su poder, los funcionarios públicos del Instituto Geográfico y la Casa Amarilla, para justificar el regalo que hacen de nuestra Patria, no queda más que mandarlos a estudiar y analizar con más cuidado, pues ya va siendo costumbre tener que referirse a las "tortas" de esos dos entes del Estado. Por otro lado, más allá de los inmerecidos maltratos a que han sido sometidos los vecinos de las tierras regaladas por unos despistados empleados públicos, por su investidura, ha de tomarse en cuenta lo expresado por el ex presidente José María Figueres: "…se realizó un amojonamiento en línea recta, cuando lo que correspondía era hacerlo paralelo al borde del lago de Nicaragua, según lo establece el Tratado Cañas Jerez" (La Prensa Libre, 7.9.94)
Todo indica que en 1994 le donamos al estado nicaragüense la no despreciable suma de 297 km2 sin que político alguno dijera “agua va”. Y entonces nadie levantó la voz para defender la soberanía nacional, cosa que sí hacen muchos xenófobos y cabezas calientes hoy por una isla que hasta hace un mes nadie sabía que existía. Si vamos a luchar por la soberanía del suelo costarricense empecemos exigiéndole al actual gobierno (del mismo partido político que el de entonces) explicaciones ante aquél oscuro regalo técnico-diplomático que hasta ahora nadie nos ha explicado contundentemente.


*Escritor costarricense.