Todo parece indicar que el chavismo se está preparando de una forma unida y organizada para una transición sin Chávez.
Desde finales de 2012, la atención pública de la sociedad venezolana se ha centrado en la próxima fecha del 10 de enero de 2013, establecida por la Constitución vigente como la que inicia un nuevo período constitucional y por tanto como en la que debe juramentarse el presidente electo en las pasadas elecciones del 7 de octubre. El Artículo 231 es totalmente claro: ” El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia”
Los venezolanos ya no hablan más de los resultados de las elecciones presidenciales y regionales pasadas en las que se impuso el chavismo; ni siquiera tanto de la enfermedad de Hugo Chávez de la cual ya no hay dudas. Asumiendo de hecho la gravedad de la salud del presidente, la principal preocupación ha pasado a ser si llegará a juramentarse el 10-E como lo establece el mandato constitucional.
Curiosamente, el debate sobre este tema y la posibilidad de una postergación de la juramentación presidencial fueron inicialmente colocados en la opinión pública por la dirigencia chavista, no por la opositora. Diosdado Cabello, de quien se dice lidera el sector militar del chavismo, supuestamente opuesto al sector civil cuyo líder es Nicolás Maduro -el delfín de Chávez por si hay una falta absoluta de su cargo y si se convocan nuevas elecciones presidenciales-, fue quien lanzó la propuesta apenas dos días después de celebrarse los comicios regionales, luego secundada pero más tímidamente por el propio Maduro. Desde entonces el presidente de la AN ha sostenido insistentemente la tesis de que el mencionado artículo 231 no especifica cuando, en qué fecha, puede juramentarse al Presidente ante el TSJ si no se presenta el 10-E.
Por tanto, en su opinión, dicho Tribunal puede postergar la juramentación. Su más reciente argumentación al respecto –ha dado varias- se basa en que la fecha de juramentación impuesta por la Ley “es un procedimiento, no es un Derecho Humano fundamental”, por lo que “no puede un procedimiento violentar el derecho que tiene el pueblo de elegir a su gobernante”. Para él, por meras razones políticas es que la oposición busca declarar vacío de poder si Chávez no se presenta en el Parlamento en la fecha estipulada.
Pero la oposición está dividida en este asunto. El ex candidato presidencial Henrique Capriles, actual gobernador del Estado Miranda, y otros opositores en cierta forma secundan la tesis chavistas al decir que si Hugo Chávez no se presentase el 10-E a la jura de su cargo para un nuevo período “no perdería por ello su condición de Presidente reelecto”. En ese caso aplicaría inicialmente una falta temporal (no absoluta) en la que el vicepresidente debe asumir la presidencia por 90 días prorrogables por 90 días más.
No obstante, la posición de Capriles difiere de la sostenida por la coalición opositora, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y una buena parte de los sectores democráticos, que consideran que la toma de posesión se hace ante la AN o, en su defecto, ante el TSJ siempre el mismo 10 de enero. El cambiar la fecha es cambiar la Constitución, la cual sólo se cambia a través de una enmienda, una reforma o una asamblea constituyente.
Es más, dado que sólo puede haber toma de posesión ese día, si ello no se produjere equivaldría a falta absoluta del presidente electo, ya que el nuevo período constitucional de 6 años, también según la Constitución, debe forzosamente empezar el mismo 10-E.
Siguiendo esta posición, la MUD viene solicitando al gobierno que desde el propio 10-E, o antes, se designe una junta médica que certifique si hay una inhabilitación permanente del presidente de la República. Si tal es el caso, el presidente de la AN debe asumir la presidencia interinamente y convocar el mismo día a nueva elección universal directa y secreta dentro de los 30 días continuos siguientes. (Artículo 233). El nuevo presidente de la República que surja de ella, ejercerá su mandato por el resto de un período constitucional de 6 años que, iniciado siempre el 10 de enero de 2013, concluirá el 10 de enero de 2019.
¿Cuál de estas tesis se impondrá llegado el caso? Por la forma anticonstitucional de comportarse el gobierno, es de pensar que impondrán la suya. De hecho, ya la mayoría chavista en el TSJ y en la AN están dando pasos en esa dirección. Por ejemplo, la presidenta del TSJ, Luisa Estela Morales, acaba de dictar la orden de que los magistrados del Tribunal dejen sus cargos a sus suplentes antes que la nueva directiva de la Asamblea Nacional –a escogerse el próximo 5 de enero- nombre los nuevos magistrados. Esto contraviene la ley y el principio de la continuidad administrativa que establece que un magistrado permanece en su puesto hasta que sea nombrado el sustituto por la AN. Es obvio que la magistrada Morales dio esa orden para tener unanimidad dentro del TSJ ante el caso que deba tomar decisiones a causa de la asunción o no del presidente Chávez.
Todo parece indicar que el chavismo se está preparando de una forma unida y organizada para una transición sin Chávez. Sus divisiones, que las hay y en particular entre civiles y militares, al menos por ahora quedan congeladas. Está claro en que lo principal en este momento es garantizar y consolidar el poder
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