Las personas electas deben presentar su Declaración de Probidad de Servidor Público ante la Contraloría General de la República, dijo Rosario Murillo de Ortega en otra de sus demagogas declaraciones.
¿Para qué? La ciudadanía no tiene acceso a conocer cuánto dinero acumula un funcionario público y la Contraloría dice no estar en capacidad de auditar aún cuando haya denuncia contra un alto empleado estatal.
El señor Walter Porras, de la Dirección General de Ingresos fue denunciado, investigado y corrido, pero la CGR jamás brindó un informe y el ex director no fue procesado judicialmente, se encuentra libre adulando a Daniel Ortega, supongo pretendiendo lo reintegre al séquito o le asigne una embajada.
Igual sucedió con Nelson Artola, del Fondo de Inversión Social de Emergencia, quien resultó un pésimo operador político y excelente abusador de los recursos del Estado, jamás la CGR ha dicho algo, y el susodicho fue premiado como embajador en República Dominicana. Y cantidad de gente fue testigo del uso de bienes del FISE en el canal privado de televisión del Artola.
En este pueblito que es Nicaragua cada quien conoce cómo ingresa un político a trabajar al Estado y cómo cambia o aumenta su nivel de consumo y petulancia.
¿Para qué la señora habla de honestidad revolucionaria y probidad? Si nada más está interesada en controlar quién se puede estar yendo arriba en la acumulación de capital, pues quien tiene más dinero tiene más poder, y el matrimonio presidencial no quiere competidores en su grupo partidario.
Rosario, no está interesada en la honestidad; vive en otro mundo, el de la millonaria excéntrica, el cual ella se ha creado (con el poder de controlar a su marido por causas ya conocidas), para disfrutar de mando, surrealismo, profecía, la servidumbre de sus cortesanos, la divinidad de la supremacía, el fetichismo reluciente, y el vitoreo de la plebe.
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