La petrolera estatal PDVSA y las Fuerzas Armadas son las dos instituciones que han servido de columnas para la revolución bolivariana desde que Hugo Chávez obtuvo el poder en 1998. Una aporta el poder financiero de los petrodólares y la capacidad real para ejecutar los sueños de redención social que el chavismo encarna; la otra, no solo el poder de fuego sino, además, sus capacidades logísticas y de gestión.
Ambas son agujeros negros, inescrutables tanto para el público como para los otros poderes del Estado. Pero mientras la petrolera tiene una cara visible, la del ministro de Energía y presidente corporativo, Rafael Ramírez, del sector militar solo se sabe que es un archipiélago de logias agrupadas en torno a criterios de lealtad a liderazgos, de conveniencia económica y de principios profesionales e ideológicos.
Hay un consenso en que todos esos grupos quedarán amalgamados en caso de que la transición que se inicia el próximo 10 de enero, cuando se espera que Hugo Chávez no sea capaz de presentarse a su juramento como presidente de Venezuela para el período 2013-2019, desborde los cauces institucionales y de que la necesidad de restablecer el orden público por la disuasión o por la fuerza exija, entonces, un espíritu de cuerpo. Pero ese sería el último escenario. En general, la oficialidad prefiere evitar intervenciones abiertas. Las ocasiones en las que desde el 27 de febrero de 1989 se vio obligada a cumplir funciones de represión, el costo para la institución ha sido alto, en términos de resquebrajaduras de la disciplina interna y de causas judiciales abiertas a uniformados que sienten haber sido abandonados a su suerte por el sector civil de la política. Además, tal exposición colocaría a los militares en el punto de mira de la comunidad internacional, que dispone de expedientes sobre actividades ilícitas y violaciones de los derechos humanos suficientes para ejercer presión sobre algunas de sus figuras claves.
Así que el papel que se espera de las Fuerzas Armadas conformaría una especie de “escenario egipcio”, en el que los militares tras bastidores definirían las “rayas rojas” hasta donde se podrían tolerar las indefiniciones y el desorden. La tutela vigilante por parte de las Fuerzas Armadas, en medio de una transición constitucional del poder, supondría un reordenamiento interno para dirimir quién llevaría la voz cantante de esa supervisión. ¿Quiénes estarán en liza? Lo seguro es que las facciones más proclives a representar la opinión castrense durante la crisis mantienen su fidelidad al proceso bolivariano, bien por convicción política o por una sujeción más abstracta al hilo constitucional. Aun así, se pueden reconocer matices que diferencian a tres grupos, que de manera esquemática se pueden rotular como los Ideologizados, los Pragmáticos y los Institucionalistas.
De los primeros, el representante actual es el ministro de Defensa en funciones, almirante Diego Molero. Resulta significativo que Chávez, sabedor del trance de salud que enfrentaba, lo haya nombrado para el cargo en octubre pasado. ¿Por qué confiar en Molero en un momento tan delicado? Tal vez por su declarada convicción socialista. Según algunas fuentes, el nombramiento de Molero encontró resistencia en los cuarteles. Se trata de un oficial con escasas credenciales profesionales —ocupó el puesto 53 entre 56 graduados de su promoción— y sin respaldo entre las tropas. Su ascenso tuvo que ver con las encendidas proclamas políticas. La enfermedad de Chávez, no obstante, lo deja en posición de debilidad. De hecho, el presidente apenas alcanzó a juramentarlo el 10 de diciembre, dos meses después de su designación, y a minutos de que Chávez partiera a La Habana para ser operado. De modo que el líder no tuvo oportunidad para legitimarlo entre sus pares, sobre todo del Ejército, que recela de un oficial de la Armada al frente de una cartera clave.
Molero fue una auténtica sorpresa. Quienes parecían destinados a ocupar el ministerio eran el general del Ejército Wilmer Barrientos, actual jefe del Comando Estratégico Operacional (CEO), y el general Carlos Alcalá Cordones, comandante general del Ejército. Los dos pertenecieron a la clase de 1983 y estuvieron vinculados en su momento al MBR 200, la logia interna que en 1992 afloró con la intentona golpista conducida por Chávez y otros tres comandantes. Pero mientras a Alcalá Cordones se le tiene por un militar institucionalista, apegado en última instancia a los parámetros de la profesionalidad castrense, Barrientos sería un pragmático, de la facción dispuesta a esperar a saber de qué lado soplan los vientos para tomar partido.
Las virtudes de Alcalá Cordones resaltan por su aparente contraste con la actuación de su hermano, el también general Clíver Alcalá Cordones, comandante de la IV División Blindada, la más poderosa del Ejército con base en Maracay, ciudad a una hora al oeste de Caracas. Clíver, que también ha tenido puestos de comando en los Estados de Zulia y Carabobo, no ha tenido empacho en intervenir en la política regional y está acusado de corrupción y vínculos con el crimen organizado, hasta el punto de quedar incluido desde este año en la lista de personas vinculadas al narcotráfico y el terrorismo que prepara el Departamento del Tesoro de EE UU.
También se espera que cumplan algún papel los once oficiales en retiro recientemente elegidos como gobernadores de Estado. Además de la influencia personal que cada uno, en especial los generales (como los exministros de Defensa García Carneiro y Rangel Silva, o el gobernador del Estado de Bolívar, Rangel Gómez), pueda mantener entre las filas castrenses, se les considera conocedores de los entresijos de la política, un bagaje que resultará crucial en algún escenario donde se deban tender puentes entre civiles y militares.
No se puede descartar que en la oscuridad de la caja negra militar esté germinando otro liderazgo aún desconocido, como lo fue el mismo Chávez hasta la madrugada del 4 de febrero de 1992.
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