Hugo J. Vélez Astacio
Consultor independiente
Fue a mediados del año 2005, que don Enrique
agobiado y turbado por la presión de las acciones desestabilizadoras de Ortega,
firmó un pacto afines de gobernar en paz su último año. “Calma hoy, que desastres vendrán mañana”. Nos referimos al pacto en
que don Enrique se quedó sin lapicero por maña vieja del otro pactista. Como
resultado en enero del 2007, el presidente Bolaños en relación al aspecto
macroeconómico bajo la frase “la mesa
está servida” le entregó la banda presidencial.
A partir de entonces el
horizonte político se nubló manchando el azul celeste.
¡Y empezó el calvario! El
eterno candidato del frente sandinista ha venido saciando su sed de poder
ejerciendo un autoritarismo a niveles absolutistas, desconociendo el estado de
derecho y copando la independencia e institucionalidad de los distintos poderes
del Estado, facilitado por el predominio de funcionarios mediocres y sin
dignidad, dócilmente sometidos actuando de facto porque “la calle esta dura”. Ortega maquiavélicamente ha venido acumulando
poder, escalando peldaños hacia su entronización dictatorial, caracterizándose
por violar la Constitución Política para entre otros reelegirse ilegalmente,
por lo que actúa de hecho como un espurio presidente al margen de la ley.
En correspondencia con lo
anterior, en el país vivimos una crisis de valores donde el régimen orteguista
promueve un sistema de corrupción en el que la justicia está a la orden de la
impunidad de los delitos al erario público con resultados de múltiples
enriquecimientos ilícitos de
funcionarios ampliamente cuestionados. Como explicación de lo anterior, el
pueblo afirma a voces públicas, que lo anterior es la contrapartida de pago por
favores políticos al espurio presidente. La Contraloría está pintada sin que
exista algún acusado de corrupción, muy a pesar que como país estamos
catalogados como de los peores en América Latina. Pero si bien el régimen
orteguista vive en ese fango, cabe destacar que su estrategia de sostenimiento
político se fundamenta entre otros pilares, por: a) El abuso de la cooperación
venezolana en beneficio del enriquecimiento económico de la familia, e
implementación de la política populista a objeto de ganar clientelismo político.
b) Por la existencia de una oposición dividida y timorata con resabios de una
filosofía de participación y logros de espacios políticos a base de prebendas y
curules. c) El mantenimiento de un sistema electoral de fácil manipulación e
interpretación, a la orden y dominado por dizques “honorables magistrados” de facto, con especialidad en cometer
fraudes en beneficio del orteguismo. Fraudes evidentes que últimamente han sido
impuestos, con la colaboración sumisa, a favor del orteguismo, de instituciones
represivas como la policía y a la acción coercitiva e intimidatoria del ejército
ante las enérgicas protestas de la ciudadanía por el respeto y voluntad de su
voto.
Y por último y no por ello
menos condenable, la complaciente alianza y pacto que tiene con el orteguismo, la
predominante cúpula de la empresa privada constituida en el COSEP a fin de
darle continuidad a una política de explotación del gran capital neoliberal,
sin importarles en absoluto el resquebrajamiento de la institucionalidad de la
Nación; la politización de las instituciones; la violación de los más
elementales derechos humanos que a diario se comenten; el atentado a la
libertad de expresión, ante el dominio, monopolio e instrumentación de los
medios de comunicación, así como el no importarle y valerle un comino, la NO existencia
de una justicia con ecuanimidad ajustada a derecho.
No hay duda, los
miembros del Cosep, están haciendo negocios como socios del régimen dictatorial
orteguista. ¿Bien valen esas utilidades, el costo infringido a la democracia y
futuro de la Nación y a sus conciudadanos nicaragüenses? 
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