El día de ayer, Juan Carlos Pineda Menjíbar, empresario sandinista, inició una huelga de hambre, en el parque de Somoto, acompañado por su familia. Pineda alega ser un perseguido político, acosado por un jefe policial de la localidad y por el secretario político departamental del FSLN, que según dice, le han mandado a cerrar su restaurante en varias ocasiones, lo han multado y finalmente le clausuraron el negocio de manera definitiva.
En el mismo departamento de Madriz, no hace mucho, recién pasadas las elecciones fraudulentas de noviembre del año pasado, unos jefes policiales y un secretario político del departamento, se conjuraron para asesinar a José Mercedes Pérez Torrez y sus dos hijos, de la comunidad de El Carrizo, cuyo único delito era ser opositores. Los tribunales de justicia los trataron con guante de seda y en muy poco tiempo, con seguridad, los encontraremos en la calle disfrutando de libertad.
Desgraciadamente no se trata de casos aislados y excepcionales, sino de la conducta sistemática de agentes del régimen orteguista contra todo aquel que se interponga en su camino de concentración de poder político y económico. Aquellas personas que no son comprables, que no practican la autocensura, que hablan, reclaman y pretenden ejercitar sus derechos; todas aquellas personas consideradas un obstáculo al régimen y sus argollas de poder en todas las localidades, son acosadas, despedidas de sus trabajos, hostigadas en su modo de vida, en sus negocios, o en el ejercicio de su profesión u oficio; son hostilizadas por las instituciones del gobierno que les hacen la vida imposible. En otros casos, las personas son hostigadas, perseguidas, amenazadas mediante llamadas telefónicas, secuestradas y golpeadas, como fue el caso de la joven Lisseth, una de las que protestaba frente al edificio del Consejo Supremo Electoral y hasta asesinadas como el conocido caso de El Carrizo en San José de Cusmapa.
Esos son los rasgos inconfundibles que caracterizan a una dictadura y el pueblo nicaragüense ya vivió esa cruda realidad. A contrapelo de quienes afirman que este régimen es, solamente, un gobierno de mano un poco pesada, que garantiza estabilidad y seguridad, la realidad se encarga de subrayar lo contrario. No se aporta a la estabilidad y a la seguridad condenando a las personas a la quiebra, la insolvencia bancaria, el desempleo y la pobreza, por la razón que sea. Tampoco se cultiva la estabilidad y la seguridad, manteniendo una sistemática persecución política contra las voces discordantes.
Son esos hechos: la reelección inconstitucional, los fraudes electorales, la violación a los derechos políticos, económicos y sociales del pueblo nicaragüense los que afirman la ilegalidad y la ilegitimidad del régimen. El orteguismo, consciente de esa situación, ya está tendiendo los hilos para un nuevo pacto político después de las votaciones de noviembre, confiado en que encontrará un nuevo acompañante en esa aventura.
Como hemos dicho repetidamente, solamente tenemos a mano la movilización y la protesta ciudadana. No el voto, que ni será contado. Sólo la protesta y la movilización del pueblo. Ese es nuestro imperativo.
En el mismo departamento de Madriz, no hace mucho, recién pasadas las elecciones fraudulentas de noviembre del año pasado, unos jefes policiales y un secretario político del departamento, se conjuraron para asesinar a José Mercedes Pérez Torrez y sus dos hijos, de la comunidad de El Carrizo, cuyo único delito era ser opositores. Los tribunales de justicia los trataron con guante de seda y en muy poco tiempo, con seguridad, los encontraremos en la calle disfrutando de libertad.
Desgraciadamente no se trata de casos aislados y excepcionales, sino de la conducta sistemática de agentes del régimen orteguista contra todo aquel que se interponga en su camino de concentración de poder político y económico. Aquellas personas que no son comprables, que no practican la autocensura, que hablan, reclaman y pretenden ejercitar sus derechos; todas aquellas personas consideradas un obstáculo al régimen y sus argollas de poder en todas las localidades, son acosadas, despedidas de sus trabajos, hostigadas en su modo de vida, en sus negocios, o en el ejercicio de su profesión u oficio; son hostilizadas por las instituciones del gobierno que les hacen la vida imposible. En otros casos, las personas son hostigadas, perseguidas, amenazadas mediante llamadas telefónicas, secuestradas y golpeadas, como fue el caso de la joven Lisseth, una de las que protestaba frente al edificio del Consejo Supremo Electoral y hasta asesinadas como el conocido caso de El Carrizo en San José de Cusmapa.
Esos son los rasgos inconfundibles que caracterizan a una dictadura y el pueblo nicaragüense ya vivió esa cruda realidad. A contrapelo de quienes afirman que este régimen es, solamente, un gobierno de mano un poco pesada, que garantiza estabilidad y seguridad, la realidad se encarga de subrayar lo contrario. No se aporta a la estabilidad y a la seguridad condenando a las personas a la quiebra, la insolvencia bancaria, el desempleo y la pobreza, por la razón que sea. Tampoco se cultiva la estabilidad y la seguridad, manteniendo una sistemática persecución política contra las voces discordantes.
Son esos hechos: la reelección inconstitucional, los fraudes electorales, la violación a los derechos políticos, económicos y sociales del pueblo nicaragüense los que afirman la ilegalidad y la ilegitimidad del régimen. El orteguismo, consciente de esa situación, ya está tendiendo los hilos para un nuevo pacto político después de las votaciones de noviembre, confiado en que encontrará un nuevo acompañante en esa aventura.
Como hemos dicho repetidamente, solamente tenemos a mano la movilización y la protesta ciudadana. No el voto, que ni será contado. Sólo la protesta y la movilización del pueblo. Ese es nuestro imperativo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario