Por Rogelio Cedeño Castro.
La frase tantas, veces repetida por Óscar Arias Sánchez, de que durante el
conflicto armado centroamericano de los años setenta y ochenta del siglo
anterior, los centroamericanos ponían los muertos y las superpotencias
ponían las armas, no es más que un lugar común o verdad a medias cuyos
alcances convendría examinar, con especial cuidado y atención. Aquel no fue
simplemente un conflicto más de la no tan fría guerra que libraron la URSS y
los USA, a lo largo de varias décadas; más bien, cabe destacar que las
causas de ese conflicto fueron endógenas y será, desde ese ángulo que
intentaremos reflexionar sobre lo ocurrido, durante el cuarto de siglo
transcurrido desde que empezaron a ponerse en ejecución los acuerdos de
Esquipulas.
El mero hecho del cese del fuego, con el que se pretende muchas veces poner
fin a un largo y cruento conflicto bélico, dentro de una determinada área
continental, no puede ser confundido con la construcción de una paz positiva
y duradera, basada en la superación de las causas profundas que le dieron
origen, a partir de acuerdos cuya materialización debe conducir a profundas
transformaciones sociales, políticas y económicas dentro de las sociedades y
naciones donde han tenido lugar los enfrentamientos armados. Ese y no otro
es el caso de la escalada de los enfrentamientos armados que tuvo lugar en
el istmo centroamericano, a lo largo de varias décadas, como consecuencia de
los graves problemas de legitimidad del poder de las elites regionales,
originados en la crisis profunda de las formas tradicionales de la
dominación, la que se puso de manifiesto a partir de las crecientes demandas
de participación democrática efectiva y de una redistribución de la riqueza,
el conocimiento y el poder, las que fueron cobrando presencia e intensidad
crecientes, a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, en la
conciencia y en el actuar de las grandes mayorías centroamericanas.
Debido lo anterior, puede afirmarse que los acuerdos de paz de Esquipulas,
Guatemala firmados hace veinticinco años, en el mes de agosto de 1987, no
trajeron la paz a la región centroamericana, puesto que de lo que se trató
de la ejecución del plan maestro de una contrarrevolución blanda (ver
nuestro libro La desmovilización militar en América Central Dice Libro
Editores San José Costa Rica 2008), ejecutado a contrapelo de la fórmula
reaganiana de intervención militar directa de la armada estadounidense en
todo el istmo, todo un plan político a partir de cuya paulatina
materialización quedaron a salvo los intereses de las oligarquías
centroamericanas, a pesar de algunos cambios cosméticos en las formas
políticas de la dominación. De esta manera, se pasó de la era de las
dictaduras militares y las formas más groseras de la dominación tradicional
a unas democracias de baja intensidad, a las que calificamos de esa manera,
empleando una especie de paráfrasis de las guerras de baja intensidad (Low
intensity conflct) promovidas por el Pentágono Estadounidense, durante la
década de los ochenta y noventa. Es decir democracias formales, con
periódicas consultas electorales, pero con la condición de que, a partir de
sus resultados numéricos, no se vieran afectados los intereses de las viejas
élites regionales, las que salieron fortalecidas y parcialmente
relegitimadas, al ponerse fin a los enfrentamientos armados en el transcurso
de la década de los 1990.
El incumplimiento constante y reiterado de los acuerdos de paz en materia de
derechos humanos, en su dimensión política, para no hablar de los de
carácter económico y social que tienen sumida a la región en la violencia y
la miseria más degradantes y extendidas, fueron una parte esencial de esa
gran mentira que buscaba no sólo mantener intacto del statu quo regional,
sino que a acentuar las políticas neoliberales en beneficio de ciertos
intereses locales y con preferencia, en beneficio de algunas empresas
transnacionales, lanzadas al saqueo de los recursos naturales. La impunidad
para los criminales de guerra, en su mayoría integrantes de las fuerzas
armadas de cada país y de algunos cuerpos paramilitares fue la nota
dominante, a lo largo de las más de dos décadas transcurridas desde el
inicio de la materialización del llamado plan de paz regional, habiendo sido
llevados a juicio sólo unos pocos de los responsables. El reciente golpe
empresarial-militar en Honduras, del mes junio de 2009, ejecutado en uno de
los países más violentos del mundo, lugar que disputaba con El Salvador, no
ha sido otra cosa que una exacerbación de las mismas políticas sociales y
económicas, impulsadas por quienes consideran que ellos ganaron –por así
decirlo- el conflicto armado, fue el inicio de una grave sucesión de
eventos, caracterizados por su secuela de asesinatos sistemáticos de
dirigentes populares, periodistas y funcionarios del derrocado gobierno del
presidente Manuel Zelaya, todo ello dentro de la misma visión totalitaria de
las derechas regionales y de la administración estadounidense de los Obama-
Clinton, en su afán de recuperar el control de su patio trasero que se ha
visto reducido, en cierta medida, en algunos países situados el sur del
continente.
La otra cara de esta contrarrevolución blanda, hábilmente impulsada y
ejecutada por la figura más relevante del régimen de la dictadura en
democracia, a quien por estos días de conmemoración de los Acuerdos de
Esquipulas, Guatemala, del mes de agosto de 1987, se ha pretendido canonizar
por parte de algunos de sus más notables corifeos, ha sido la ejecución de
los planes del Consenso de Washington con su acelerada destrucción regional
del Estado de Bienestar Social o Welfare State. Todo ello con el propósito
de hacer retornar a las mayorías centroamericanas, obreras y campesinas, por
no decir incluso a muchos sectores empresariales, a las condiciones de vida
de por lo menos un siglo hacia atrás, en vísperas de lo conoce ahora como la
Primera Guerra Mundial (1914-1918), sin organizaciones sindicales, seguridad
social, prestaciones, pago de riesgos del trabajo y otras conquistas
sociales no menos importantes por las que hubo que luchar hasta con pérdida
de vidas, de manera heroica y tenaz, a lo largo de las primeras décadas del
siglo anterior.
El plan de paz de Óscar Arias Sánchez, para el caso de Costa Rica, una
nación que tuvo participación indirecta en el conflicto armado, fue apenas
una fachada para la intensificación de las políticas neoliberales, con
estrategias de mediano y largo plazo para acabar con instituciones como la
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE). Durante ese período se bajó el aporte del estado a la
caja del seguro social del 3.25 al 0.25 y se comenzó a pagar esa mermada
aportación en bonos, de baja denominación y redimibles hasta por períodos de
quince años( Ver el libro de Luis Alberto Jaén Martínez EL GRAN ASALTO DEL
PLUSC AL SEGURO SOCIAL San José Costa Rica 2011), de ahí en adelante la
estrategia de la contrarrevolución blanda, caracterizada por el saqueo de
los fondos públicos y su mala administración, se basó en la negativa a
comprar equipos médicos para favorecer la contratación de servicios con las
clínicas privadas (católica y bíblica que empezaron a crecer de manera
monstruosa, como un buen negocio para los integrantes de las elites del
poder en Costa Rica), las compras irregulares y fraudulentas (préstamo
español y finlandés, a comienzos de la primera década del nuevo siglo) y un
deterioro generalizado de los servicios públicos de salud, dentro de lo que
constituye otra forma de la guerra contra el enemigo interno , dicho de otro
modo la población o los habitantes del propio país. La destrucción
sistemática del ICE, a partir de proyectos como el Combo Energético del ICE
del año 2000 o la reciente apertura en el campo de las telecomunicaciones,
ejecutada a partir de la mal llamada agenda de implementación del Tratado de
Libre comercio con los Estados Unidos (TLC-CAEU-RD), también fueron parte de
estas estrategias de la contrarrevolución blanda, dentro de su rostro social
y económico, el que convendría analizar y estudiar con detenimiento.
Tal y como habíamos señalado en nuestro libro LA DESMOVILIZACIÓN MILITAR EN
AMÉRICA CENTRAL, al que habíamos hecho mención supra, las presuntas
políticas de paz llevadas a cabo en el istmo marcharon a contrapelo de lo
que había indicado el economista inglés John Maynard Keynes, integrante de
la delegación de Inglaterra en la conferencia de paz de Versalles de 1919-
1920, en relación con la reconstrucción del tejido social europeo después
del primer conflicto bélico, a escala mundial, cosa que no de no hacerse
(tal y como ocurrió) llevaría a otra conflagración armada, al condenar a
Alemania y Austria al pago de indemnizaciones de guerra a los vencedores.
Las políticas económicas y sociales de shock, en el mejor estilo del
neoliberal /neoconservador Consenso de Washington, no fueron otra cosa que
la continuación de la guerra por otros medios, sólo que en contra de los
vencidos, en este caso las grandes mayorías empobrecidas que habitan en el
istmo centroamericano, lo que ha traído una exacerbación de otras
expresiones de la violencia en la región, articuladas en las maras y toda
clase de organizaciones del crimen organizado. En síntesis, el engaño de una
paz que nunca fue otra cosa que un espectáculo para la platea de incautos,
en ciertos casos o de interesados cortesanos, en otros.
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Firma responsable: Rogelio Cedeño Castro, Catedrático de la UNA.
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