Estoy muy de acuerdo con el análisis que hace Sofía Montenegro sobre el dilema de la Policía de Nicaragua (que también es un dilema de Nicaragua).
Está muy claro también que la "mano pachona" de Lenín Cerna estuvo detrás de la decisión de la Policía de no sólo cambiar la ruta obligadamente a la marcha ciudadana, sino permitirle cambiar la ruta anunciada a la marcha orteguista y ocupar, sin que la Policía chistara, el lugar adonde la a marcha cívica no se le permitió acceder: la Plaza del Fraude (alias Plaza de Las Victorias, frente al Hotel Princess). Ahí estaban las hordas verdaderas, no las de las chicas que bailaban palo de mayo en otros lugares, por si acaso algún despistado o algún atrevido de la marcha ciudadana lograba llegar allá.
Esa mano pachona y sus decisiones es lo que doña Aminta no puede evitar ni evadir. Las órdenes de la Comisionada Mayor de la Policía dependen de las decisiones de Lenín Cerna, brazo ejecutivo de Ortega y su consorte. Si esas decisiones lesionan derechos ciudadanos consignados en los artículos 53 y 54 de la Constitución sobre la libertad de asamblea (cuyo ejercicio, según el texto constitucional "no requiere permiso previo") y de concentración, de manifestación y movilización pública, eso es irrelevante para el Presidente, para su Ministro de Gobernación y para la Policía Nacional. Claro que, posiblemente, Aminta Granera, en su fuero interno, rechace tener que cumplir este papel de ejecutora, a veces, de la represión. Pero si decide mantenerse en el cargo hasta que no decidan sustituirla, tiene que seguir cumpliéndolo. Por ello con ocasión de la represión salvaje de las turbas orteguistas (reforzadas en esa ocasión por pandilleros) ante la protesta contra el fraude, doña Aminta declaró, sin ambages, que la Policía Nacional sólo podía comprometerse en estas circunstancias a garantizar el derecho a la vida (y, puesto que no habló de esos otros derechos cívicos que acabo de mencionar, claramente admitió que no podía comprometers a garantizarlos). Lo peor es que, cuando ella declaraba esto, ya un reportero de TV había sido acuchillado en el estómago por las hordas, y un año más tarde, integrantes de la Coordinadora Civil pudieron haber muerto apedreados o pateados por esas mismas hordas. De modo, que para ser precisa, doña Aminta debió haber declarado que ella no podía comprometerse con la ciudadanía, porque Daniel Ortega no se lo permite, a garantizar ni los derecho cívicos y políticos y ni siquiera el derecho a la integridad física y a la vida.
Y el dilema de la ciudadanía se está convirtiendo,entonces en: ¿debo arriesgarme a rebelarme para defender la legalidad, la institucionalidad y la democracia, o debo alinearme y obedecer dócilmente toda orden de la policía o del gobierno que conculque mis derechos cívicos?, o, también: ¿debo aceptar que la Policía sea liderada por la actual Comisionada Mayor, que, al fin y al cabo, tiene, porque lo sabemos, sentimientos humanos y trata de creer en principios éticos y en derechos democráticos, pero que va a seguir actuando condicionada a los intereses políticos o partidarios del orteguismo, o debo más bien esperar que el gobierno la destituya y nombre en su lugar a cualquier fanático orteguista, incluso emparentado con la familia, para quien las órdenes de Lenín Cerna no le causen ningún problema de conciencia? No tengo respuesta. A lo mejor la respuesta sólo la puede dar doña Aminta, así como otros muchos funcionarios que en este momento han de estar sintiendo el escozor de que si no renuncian están siendo cómplices de la instauración de una dictadura familiar, militar y represiva, cuya consolidación se va a sellar si en noviembre sigue Ortega como candidato y sus Consejo Supremo Electoral realice esta vez un fraude electoral de mucha mayor magnitud que el de 2008, pero que si renuncian, el gobierno los va a sustituir por verdaderos verdugos ciegos de los derechos ciudadanos.
Iván García Marenco
Está muy claro también que la "mano pachona" de Lenín Cerna estuvo detrás de la decisión de la Policía de no sólo cambiar la ruta obligadamente a la marcha ciudadana, sino permitirle cambiar la ruta anunciada a la marcha orteguista y ocupar, sin que la Policía chistara, el lugar adonde la a marcha cívica no se le permitió acceder: la Plaza del Fraude (alias Plaza de Las Victorias, frente al Hotel Princess). Ahí estaban las hordas verdaderas, no las de las chicas que bailaban palo de mayo en otros lugares, por si acaso algún despistado o algún atrevido de la marcha ciudadana lograba llegar allá.
Esa mano pachona y sus decisiones es lo que doña Aminta no puede evitar ni evadir. Las órdenes de la Comisionada Mayor de la Policía dependen de las decisiones de Lenín Cerna, brazo ejecutivo de Ortega y su consorte. Si esas decisiones lesionan derechos ciudadanos consignados en los artículos 53 y 54 de la Constitución sobre la libertad de asamblea (cuyo ejercicio, según el texto constitucional "no requiere permiso previo") y de concentración, de manifestación y movilización pública, eso es irrelevante para el Presidente, para su Ministro de Gobernación y para la Policía Nacional. Claro que, posiblemente, Aminta Granera, en su fuero interno, rechace tener que cumplir este papel de ejecutora, a veces, de la represión. Pero si decide mantenerse en el cargo hasta que no decidan sustituirla, tiene que seguir cumpliéndolo. Por ello con ocasión de la represión salvaje de las turbas orteguistas (reforzadas en esa ocasión por pandilleros) ante la protesta contra el fraude, doña Aminta declaró, sin ambages, que la Policía Nacional sólo podía comprometerse en estas circunstancias a garantizar el derecho a la vida (y, puesto que no habló de esos otros derechos cívicos que acabo de mencionar, claramente admitió que no podía comprometers a garantizarlos). Lo peor es que, cuando ella declaraba esto, ya un reportero de TV había sido acuchillado en el estómago por las hordas, y un año más tarde, integrantes de la Coordinadora Civil pudieron haber muerto apedreados o pateados por esas mismas hordas. De modo, que para ser precisa, doña Aminta debió haber declarado que ella no podía comprometerse con la ciudadanía, porque Daniel Ortega no se lo permite, a garantizar ni los derecho cívicos y políticos y ni siquiera el derecho a la integridad física y a la vida.
Y el dilema de la ciudadanía se está convirtiendo,entonces en: ¿debo arriesgarme a rebelarme para defender la legalidad, la institucionalidad y la democracia, o debo alinearme y obedecer dócilmente toda orden de la policía o del gobierno que conculque mis derechos cívicos?, o, también: ¿debo aceptar que la Policía sea liderada por la actual Comisionada Mayor, que, al fin y al cabo, tiene, porque lo sabemos, sentimientos humanos y trata de creer en principios éticos y en derechos democráticos, pero que va a seguir actuando condicionada a los intereses políticos o partidarios del orteguismo, o debo más bien esperar que el gobierno la destituya y nombre en su lugar a cualquier fanático orteguista, incluso emparentado con la familia, para quien las órdenes de Lenín Cerna no le causen ningún problema de conciencia? No tengo respuesta. A lo mejor la respuesta sólo la puede dar doña Aminta, así como otros muchos funcionarios que en este momento han de estar sintiendo el escozor de que si no renuncian están siendo cómplices de la instauración de una dictadura familiar, militar y represiva, cuya consolidación se va a sellar si en noviembre sigue Ortega como candidato y sus Consejo Supremo Electoral realice esta vez un fraude electoral de mucha mayor magnitud que el de 2008, pero que si renuncian, el gobierno los va a sustituir por verdaderos verdugos ciegos de los derechos ciudadanos.
Iván García Marenco
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