Reportaje especial: la barrida en el gobierno Ortega
Primera entrega
Roberto Fonseca L. |
Yahaira del Carmen Sánchez conoce en carne propia que en la sede central del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) no cobra importancia, ni se practica, aquella máxima del Comandante Ernesto “Ché” Guevara, referida a “la cualidad más linda del revolucionario”. La de sentir en carne propia cualquier injusticia, en cualquier parte del mundo.
Esta mujer, ex Secretaria Ejecutiva del MTI y Secretaria de Actas y Acuerdos del sindicato “Andrés Castro” de esa institución pública, fue despedida injustamente en febrero del 2007. Hoy tiene dos sentencias judiciales a su favor. La primera, del Juzgado Primero de Distrito del Trabajo y la segunda, del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Managua Sala de lo Laboral.
Ambas ordenan a las autoridades del MTI reintegrarla en las mismas condiciones laborales y pagarle además los salarios caídos desde su despido (febrero 2007). Sin embargo los altos funcionarios de ese ministerio, con Pablo Fernando Martínez a la cabeza, han ignorado y desacatado ambas sentencias, pese a que la resolución del Tribunal de Apelaciones les recordó que el incumplimiento conlleva a acciones legales establecidas en el Arto. 438 del Código Penal de Nicaragua y el Arto. 167 de la Constitución. Multas e inhabilitación especial para ejercer el cargo.
“Tengo un año de estar esperando que hagan justicia conmigo, que cumplan con las resoluciones judiciales, que me reintegren y me cancelen los salarios caídos, pero a la fecha nada. Este ha sido el período más difícil de mi vida, ha sido una pesadilla. Quiero que termine este capítulo y que concluya a mi favor”, señaló.
Yahaira Sánchez ingresó al MTI como Secretaria Ejecutiva en el Departamento de Transporte Acuático, en 2006, tres años después de entrar en vigencia la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, que fue aprobada para dar estabilidad a los empleados del sector público. Según esta Ley 476, el empleado público sólo puede ser separado de su puesto en dos circunstancias: por renuncia del mismo o despedido debido a reestructuración y reorganización institucional. Sin embargo, ése no fue su caso.
A partir del 10 de enero del 2007, tras el cambio de gobierno, relató que empezaron los despidos arbitrarios por oleadas en el MTI. El 15 de febrero le tocó el turno al Departamento de Transporte Acuático, donde Yahaira laboraba junto a unas 30 personas. Le pidieron presentarse ante Recursos Humanos, donde una señora de nombre Francis le entregó una carta indicándole que “por órdenes superiores” prescindían de sus servicios. Ninguna referencia al Código del Trabajo, ni al procedimiento establecido en la Ley 476.
“Ella me dio la carta, pero no se la recibí porque era un despido injusto, ilegal”, así que pasó directamente a las instancias judiciales. A su favor se pronunció primero el Juzgado Primero Distrito del Trabajo de la Circunscripción Managua, el 20 de mayo del 2009, indicando que el Estado de Nicaragua –en los siguientes tres días-- debía reintegrarla a su mismo puesto de trabajo, en idénticas condiciones de empleo y debería pagarle los salarios dejados de percibir desde su despido hasta su efectivo reintegro. A esta sentencia apeló el representante del MTI.
Apelaciones falla a su favor
Meses después, el 13 de noviembre del 2009, se pronunció a su favor también la Sala de lo Laboral del Tribunal de Apelaciones, Circunscripción de Managua, con los votos a favor de dos Magistrados (Humberto Solís Baker y O. Lúquez G.) y el disentimiento de la magistrada Aidalina García, ya que según la funcionaria judicial, el cargo de Secretaria Ejecutiva entra en el campo de Cargo de Confianza, por tanto no procedía la acción de reintegro. Sin embargo, prevaleció la mayoría.
Un año después, las autoridades del MTI siguen en rebeldía, ya que no la han reintegrado, ni le han pagado un centavo. Así que ha vivido verdaderos apuros. Redujo drásticamente sus gastos. Vive actualmente con su mamá, quien la ha apoyado siempre. Y a su hija Alejandra García, de 8 años, la colocó en una escuela pública.
Para enfrentar las restricciones y superar los apuros, ha hecho trabajitos temporales, entre ellos, como asistente de ventas en una empresa privada. Son “rumbitos” para sobrevivir, ya que en el mejor de los casos sólo ha logrado reunir un tercio de lo que devengaba en el MTI.
En febrero del 2010, tras meses de desacato, recibió una carta del MTI solicitándole que sostuvieran una reunión, para “negociar” el pago de los salarios caídos. “Dijeron que no tenían dinero y que me pagarían en cuotas, yo les pedí que cumplieran con la sentencia, mi reintegro y el pago de los salarios caídos, así que no se dio la negociación”.
Cansada de la insensibilidad institucional y oficial, acudió recientemente –el 3 de noviembre—ante el Ministerio Público, para que la acompañe en una acusación contra el Ministro del MTI, Pablo F. Martínez, por desacato contra la autoridad, discriminación y desobediencia de autoridad de funcionario público, tipificado en los Arto. 427 y 438 del Código Procesal Penal.
“Dijeron que van a ayudarme, que van a acompañarme en esta demanda penal, veremos si cumplen”, dijo.
A la vez, junto a su abogado defensor, Yahaira Sánchez prepara una demanda contra el Estado de Nicaragua ante una instancia internacional de justicia, ya que en nuestro país se sigue incumpliendo la justicia. “Yo no me meto en política, pero no me gustan las injusticias”, concluyó.
* FEDETRASEP y CPDH contabilizan un total de 18,538
Desde enero 2007 hasta agosto 2010, la Federación Democrática de Trabajadores del Sector Público (FEDETRASEP) y la Oficina de Asuntos Laborales de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) contabilizan un total de 18,538 empleados públicos despedidos. Si se excluyen a los de las Alcaldías Municipales, sumarían 14,785 personas.
Según estos reportes elaborados por las oficinas de la FEDETRASEP en cada una de las instituciones públicas y entes autónomos, el Ministerio de Salud (MINSA) ha despedido o forzado a renunciar a 1,556 empleados. Le siguen el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MINED), con 1,322 empleados y la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), con 1,130.
“La Ley 476 y su Reglamento nacen con el propósito y el objetivo de darle estabilidad al servidor público del Estado de la República de Nicaragua, específicamente a aquellos que dependen del Poder Ejecutivo en el organigrama de la Ley 290, y con este gobierno se iba a poner a prueba verdaderamente su efectividad. Pero tristemente, hasta la fecha, la Ley 476 ha sido pisoteada, violentada, con los despidos masivos”, afirmó el Dr. Alvaro Leiva, Secretario de Asuntos Laborales de FEDETRASEP.
Además, en ese mismo período contabilizan 54 organizaciones sindicales, que han sido descabezadas por razones políticas o ideológicas, amparados en el despido de sus líderes o dirigentes de base, pese a que gozan del fuero sindical. Por tanto, es importante apuntar que el Estado de Nicaragua viola sus derechos constitucionales, laborales y sindicales, cometiendo incluso delitos.
Leiva aseguró que las cifras proporcionadas se basan en el monitoreo constante que la FEDETRASEP realiza sobre más de 50 instituciones públicas, entes autónomos, poderes del Estado y Alcaldías, donde tienen presencia sindical. Según las estimaciones de Leiva, al ritmo con que se ejecutan los despidos, no duda que la administración de Ortega cerrará con unos 25,000 empleados públicos despedidos u obligados a renunciar por presiones políticas.
“Podríamos decir que la Ley 476 ha fracasado con este gobierno, el cual ha demostrado no tener la menor sensibilidad por la condición humana, ni voluntad de respetar las leyes ni los derechos humanos. Hay que decirlo con claridad, el Estado de Nicaragua va a terminar siendo acusado ante instancias internacionales de justicia y tendrá que verse obligado a pagarnos, ya que aquí se nos ha negado la justicia”, dijo Leiva, quien fue despedido injustamente del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), quien fue despedido en septiembre de 2008.
“Estoy seguro que la justicia tendrá que ventilarse y encontrarse en las instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que hay retardación y recursos de amparo oscuros, que han sido admitidos por los conjueces y que representan atrocidades contra los trabajadores”, añadió Leiva, sin entrar en mayores detalles.
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