Por
Néstor Avendaño, economista
La prudencia
es la madre de la ciencia y Miguel Savastano, subdirector del Departamento del
Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), volvió a patinar
en sus declaraciones sobre la economía de Nicaragua, publicadas en la edición
del diario La Prensa el 24 de septiembre de este año, al considerarla como “muy
sana”. La prudencia fue la base de su afirmación, pero no la de él sino la de
la política fiscal y de la política monetaria; sin embargo, el agua rebalsó el
vaso cuando dijo que Nicaragua “no tiene un problema macroeconómico, por lo
tanto no necesita un programa con el FMI.”
La prudencia
macroeconómica exige pensar y bien, con gran atención, no sólo sobre la
economía, sino principalmente sobre uno mismo. Es allí en que se logra identificar
la rectitud y la ética profesional, es decir, las virtudes cardinales de un
economista ajeno a lo que llamo “calores políticos” y “lisonjas al gobernante”.
Si Savastano no conociera muy bien la situación macroeconómica de nuestro país
reflexionaría sobre su voluntad de no juzgar sin conocer y cuidar su acción,
pero al conocerla puso en riesgo su credibilidad profesional.
Para todos es
conocido que la economía de Nicaragua continúa siendo muy “vulnerable” ante los
choques externos, porque aún dependemos en gran forma de la cooperación
internacional para financiar un déficit en cuenta corriente de la balanza de
pagos equivalente a 14% del Producto Interno Bruto (PIB). Si Nicaragua tuviese
una economía “muy sana”, el FMI no mantendría la condicionalidad fondomonetarista
de que se mantenga un elemento mínimo de concesionalidad del 35% en la contratación
de la nueva deuda pública externa del país y no existiría la prohibición del policía
financiero internacional de no endeudarnos en el mercado financiero
internacional. También no hubiésemos observado los candentes comentarios
nacionales sobre los riesgos económicos de Nicaragua si el presidente de
Venezuela, Hugo Chávez Frías, fracasaba en su tercer intento de reelegirse por tercera
vez como mandatario de la nación sudamericana. Lastimosamente, Savastano olvidó
que Nicaragua no es sujeto de crédito en el mercado financiero internacional.
Entre los
problemas de largo plazo, Savastano nos prescribe, entre otras recetas
estructurales, la actual disposición del FMI que preconiza en Europa y Estados
Unidos, es decir, “reducir la deuda a niveles más bajos de los actuales”, pero
obvió que el FMI, nombrado a finales de 2006 por el Grupo de los 7 (G-7) el
administrador de la reducción de la deuda externa de 43 países pobres muy
endeudados, un club del cual tenemos el extraño honor de ser uno de sus
miembros, no ha colaborado con Nicaragua para restructurar el 40% del saldo
actual de la deuda pública externa, un saldo que en 2011 es equivalente a 44%
del PIB. Este porcentaje de endeudamiento público externo indica que Nicaragua
ha dejado de estar severamente endeudado con sus acreedores externos, pero
sigue siendo pobre al no tener capacidad de pago ni ser sujeto de crédito en el
mercado financiero internacional.
Aún más, en
el terreno de la deuda pública interna, en 1997 el representante residente del
FMI de Nicaragua de ese entonces mantuvo un silencio sepulcral cuando Noel
Ramírez, presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN) endeudó a los
nicaragüenses con una tasa de interés “dolarizada” de 15%, mayor que el costo prohibido del mercado financiero
internacional, en la inversión financiera de 75 millones de dólares que realizó
Lehman Brothers al adquirir CENIs “subastados” por la autoridad monetaria; o en
2001, cuando Noel Ramírez liquidó al INTERBANK con la entrega de CENIS
Bancarios con valor precio de 152.7 millones de dólares y con tasas de
rendimientos de 15%, 17.65% y 21.43%, es decir, con una tasa ponderada de
19.45%, mucho más elevada que el costo de los préstamos en el mercado
financiero internacional, que arrojó un valor facial de esos títulos valores
del orden de 257.4 millones de dólares. Tampoco podemos olvidar que el panorama
fiscal continuó siendo torpedeado con la reestructuración de la deuda pública
interna por las liquidaciones bancarias de 2000 y 2001 y con la subasta de
activos de los bancos liquidados, acciones en las cuales se distinguió
principalmente el entonces ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo
Montealegre. Y Savastano nos pide reducir más la deuda pública, en vez de pedir
que se sancionen los ilícitos que han elevado esa deuda.
En la arena
de las finanzas gubernamentales, Savastano sabe que el déficit fiscal de
Nicaragua es apenas igual a 1% del PIB en 2011 y recomienda seguir fortaleciendo
el ámbito fiscal. Esta recomendación aparentemente es un mea culpa muy discreto
del aval del FMI para que el BCN registrara la asistencia financiera de
Venezuela en la cuenta de capital de la balanza de pagos del país, a sabiendas
que con esos recursos se financia un gasto público importante, por ejemplo el
bono salarial de 750 córdobas entregados a cada uno de los 165 mil 943
empleados públicos que devengan salarios bajos y cuyo costo anual es de 1 mil
400 millones de córdobas, o sea, el 60%
los ingresos tributarios esperados con la reforma tributaria en ciernes.
Recurriendo
al argot fondomonetarista, el déficit fiscal sobre la línea sería igual a 7% del PIB en 2011, en vez del dato
oficial 1% del PIB, que hubiese sacado a Nicaragua del Programa “Servicio de
Crédito Ampliado 2007-2011” (SCA) y obligado al gobierno a la adopción de un
programa sombra con el FMI, es decir,
que el país cumpliera siempre las condicionalidades suscritas sin recibir
ningún préstamo de divisas líquidas de libre disponibilidad para apoyo
presupuestario y para apoyo a la balanza de pagos de parte de los organismos
financieros multilaterales.
Hubiese sido mejor que Savastano haya afirmado
que la situación macroeconómica de Nicaragua “está bien” pero también es
“frágil” y que es necesario, en el menor plazo posible, iniciar las
conversaciones entre el gobierno de Nicaragua y el FMI para suscribir el quinto
programa económico trienal para la
atracción de la inversión extranjera directa que apoye un crecimiento económico
sostenible en el corto plazo y el desarrollo económico en el largo plazo, para que
Nicaragua tenga acceso a las ventanillas de préstamos muy concesionales del
FMI, Banco Mundial (BM/IDA) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para que
el gobierno pueda contratar divisas líquidas atadas al financiamiento de los
proyectos de inversión pública, para fortalecer el mantenimiento de un presupuestario
equilibrado y la posición de las reservas internacionales, y para disponer de
financiamiento multilateral en la ejecución de reformas estructurales acordadas
con el FMI, como son los casos de la reforma tributaria, la reforma de fondo de
pensiones de seguridad social y el establecimiento de una banda cambiaria que
sustituya al régimen de tipo de cambio
deslizante o reptante.
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