La Ley Electoral nuestra avala y recomienda la presencia de observadores electorales, nacionales o extranjeros, en nuestros comicios, pues son procedimientos que obviamente contribuyen a que la transparencia y honestidad con la que todos los responsables de organizar las elecciones deben actuar sea más posible. Pero ni la observación electoral ni las prohibiciones o recomendaciones que establece la Ley Electoral son garantia de que no haya fraude en las elecciones. La única garantía es o que todos los actores que toman parte y hacen posibles las elecciones quieran cumplir la Ley Electoral, o que, al menos, tanto las autoridades del Consejo Supremo Electoral y de los Consejos Electorales territoriales como las del Gobierno quieran honestamente cumplir la ley, la cumplan y hagan que los que quieren transgredir la ley tengan que cumplirla –pues la Ley misma los ha investido de poder suficiente para ello.
Si no hay estos requerimientos, habrá fraude siempre en nuestras elecciones, y por falta de estos requerimientos ha habido fraude en varias de nuestras elecciones a partir de 1996 –fraude que ha permitido que quien fuera reconocido ganador (Alemán) lo haya sido con más votos de los que le correspondían, o que quien no hubiera sido el ganador verdadero (FSLN) fuera reconocido como ganador en la mayoría de los municipios en 2008, o que no fuera posible conocer quién fue el verdadero ganador (Gadea u Ortega), como sucedió en las recientes elecciones presidenciales de noviembre del año pasado.
Todos estos casos, recientísimos en nuestra historia, han sido verdaderos fraudes. No nos enredemos. No hace falta que el fraude se perpetre en el 60, 75 o 100 por ciento de las urnas para que pueda hablarse de elecciones fraudulentas. Con una manipulación sagaz en el 10 o 15 por ciento de las urnas es posible revertir unos resultados del 55 contra el 45 por ciento de los votos en un sentido hacia el 62-32 por ciento en el sentido opuesto (hay fundamentos para sospechar que eso fue lo que sucedió en noviembre pasado, pero el fraude ha hecho imposible demostrar eso o lo contrario).
Y el fraude ha sido posible porque tanto el Consejo Electoral, a todos sus niveles, como el Gobierno no han querido cumplir la Ley Electoral en todas esas ocasiones y son ellos, precisamente, los que han perpetrado el fraude. Y para establecer esto no hace falta que los observadores internacionales, a los que parcialmente el Gobierno y el CSE toleraron que actuaran o que los observadores nacionales, a los que absolutamente, contrariando la Ley, ellos no permitieron que hicieran su labor, declaren que hubo fraude. Basta con lo que unos y otros han dicho y declarado para que los ciudadanos infiramos, con mucha evidencia, que sí hubo fraude y que los resultados proclamados por el CSE no son válidos, ni legales, ni legítimos ni creíbles. Sobre todo, si el testimonio de los observadores coincide con lo que nosotros, como votantes, o como fiscales electorales, observamos que, a todas luces y con todo descaro, sucedió el día de las elecciones.
De modo que no sigamos dando oídos a las argumentaciones infantiles, farisaicas, cínicas e irracionales que el CSE, o los funcionarios del gobierno o los simpatizantes del partido en el poder utilizan para defenderse de la acusación vergonzosa de que cometieron fraude. Dicen que no existió fraude porque la autoridad electoral máxima reconocida por la Constitución en materia de elecciones, pero que es la principal acusada por la ciudadanía, con base en los hechos establecidos, de haber cometido el fraude, el CSE, ha declarado que no hubo fraude –ni modo, ¿qué va a decir quien es acusado de fraude sino que él no cometió fraude, y que credibilidad debe dársele a un acusado, por muy encumbrado que esté en la pirámide del poder, que afirma que él no es culpable?, si al menos se atreviera a publicar los resultados de las elecciones junta por junta, como, además , se lo manda la Ley… O dicen que las encuestas confirman los resultados proclamados por el CSE –pero la única encuesta válida y absolutamente creíble sobre quién ganó serían unas elecciones, libres, transparentes y absolutamente libres de fraudes, y estas elecciones podrían empezar a ser consideradas libres de fraude si se publicaran los resultados junta por junta… O dicen que otros gobiernos del mundo –afirman públicamente que en Nicaragua no hubo fraude --¿y por qué otros gobiernos del mundo, aliados, por lo demás, con el orteguismo por intereses geopolíticos, deben saber más que nosotros, los ciudadanos de este país, sobre lo que pasó en estas elecciones…?
Ha habido, pues, fraude, antes de noviembre de 2011, y ese fraude lo cometió el Consejo Supremo Electoral y los Consejos territoriales a éste subordinados con el apoyo del gobierno de Daniel Ortega. Y mientras persista la unión política actual de este gobierno con este Consejo Electoral va a seguir habiendo fraudes en todas las elecciones en Nicaragua. Y por ese fraude, con la apariencia de legalidad y legitimidad, Daniel Ortega seguirá siendo proclamado vencedor de cualquier elección futura y su partido seguirá siendo proclamado inválidamente mayoritario en la Asamblea Nacional, en las Alcaldías y en los Concejos Municipales de Nicaragua. Eso es una verdad incontrovertible y evidente a toda la ciudadanía nicaragüense que aborrece la dictadura y el continuismo ilegal.
De modo que si queremos auténtica democracia en Nicaragua, elecciones libres, transparentes y confiables, debemos romper la alianza de este presidente y este partido con este consejo electoral. Y esto sólo es posible si 1- TODOS los actuales miembros del CSE son sustituidos por ciudadanos honestos, no comprometidos con ningún partido ni caudillo político y reconocidos por su lealtad primaria con Nicaragua y la Constitución del país. Si, además, 2- los nuevos integrantes del CSE expulsan de las estructuras administrativas del Consejo Electoral, a nivel nacional y territorial, a todos los funcionarios partidizados que ahora lo constituyen, antes de cualquier nuevo evento electoral. Pero, también, 3- si se garantiza a las tres instituciones electorales nacionales ya existentes que realicen su observación electoral con absoluta libertad de movimientos y de ubicación durante todo el proceso electoral desde sus inicios y que publiquen los resultados de su observación sin ningún impedimento –esta observación oficialmente reconocida es la única forma de impedir que el nuevo Consejo Electoral sea cooptado por el gobierno y el partido de Daniel Ortega. Debería también, 4- permitirse la observación electoral de todas las misiones de observación electoral internacional reconocidas –de la UE, de la OEA, del Centro Carter y todas las que lo soliciten, que daría mayor fortaleza a la acción de la observación electoral nacional apartidista y patriótica— con igual nivel de libertad de movimientos, ubicación y de publicación dentro del territorio nacional.
Sobre estos prerrequisitos, la ciudadanía nicaragüense que estima y desea la auténtica democracia, debe adoptar una posición de vigilancia, de denuncia y de protesta contra toda ilegalidad que se conozca durante los procesos electorales venideros.
Sin estos prerrequsitos, algunos dicen que sí deberíamos participar en las elecciones venideras, y en particular en las municipales de noviembre próximo.
Y yo pregunto: ¿para qué? No será ciertamente para evitar que el orteguismo gane las alcaldías y concejos municipales que ha planeado ganar por otras elecciones aún más fraudulentas que las anteriores. Dicen que para dar a conocer la ilegalidad con que actúa el orteguismo. Pero a mi me parece que esa ilegalidad está ya claramente establecida en Nicaragua y fuera del país. Me parece que participar en nuevas elecciones sin establecer los prerrequisitos que he descrito anterioremente, es legitimar ingenuamente al orteguismo y su reelección. Ya la participación de la ciudadanía opuesta al orteguismo en estas elecciones, esperando que el nivel de fraude que el orteguismo perpetró en noviembre de 2008 no iba a ser escalado por el que se realizó en noviembre de 2011, para el cual no estábamos preparados, al menos consiguió poner en evidencia –en Nicaragua y en el mundo-- las tácticas y estrategias mafiosas del partido en el poder para oficialmente imponer una falsa victoria electoral y una reelección. Pero una nueva participación con un fraude esperado con toda evidencia y sin poderlo evitar, sería marchar al matadero irresponsablemente.
Iván García Marenco
No hay comentarios:
Publicar un comentario