“Diálogos” contra constitucionalidad

Onofre Guevara López

La Alianza-PLI es un ente unitario, y podría seguirlo siendo mientras sea multipartidaria, multiideológica, amplia y de aspiraciones democráticas, pero dejaría de serlo si, en la práctica, negara su respeto y fidelidad hacia estos cuatro pilares sobre los cuales se estructuró. Lo indica la más simple lógica. Y toda lógica se rompe cuando lo “aprobado por la razón como bien deducido y pensado”, deja de reflejarse en los hechos.

Para la Alianza-PLI, ¿ha dejado de ser lógica su aprobada unidad multipartidaria por cuanto Nicaragua aún no alcanza categoría de país democrático? ¿Acaso el bien deducido y pensado hecho de que Daniel Ortega fue un candidato ilegal y se impuso por medios inconstitucionales, no lo convierte en un presidente ilegítimo? La primera interrogante tiene respuesta negativa: no, su unidad sigue siendo necesaria, porque la situación de Nicaragua lo reclama; la segunda tiene respuesta positiva; si, por haber sido un candidato ilegal, Ortega es un presidente ilegítimo.

Hasta hoy, ni el MRS ni los otros componentes de la Alianza-PLI han dejado de señalar la candidatura y la elección de Ortega como dos hechos fuera de la ley. Entonces, ¿por qué discrepan sus integrantes con respecto al diálogo?

Todos los sabemos: porque no  existe causa que lo justifique. Para Fabio Gadea Mantilla –lo ha repetido muchas veces— con el “diálogo” se busca “exigir los cambios de los magistrados, tanto de poder electoral como judicial, por personas idóneas”, y “no cuotas partidarias de cambio, sino gente honorable”. Para el MRS –lo declaró oficialmente—, “El régimen (…) no ha dado muestras de ningún interés en negociar constructivamente sobre los aspectos fundamentales del restablecimiento democrático en Nicaragua, ni hay razón creíble que permita pensar que tenga es voluntad.”

Entre tanto, Ortega sigue en su olímpico silencio. Pero es un silencio táctico, pues ha lanzado a sus portavoces a jugar sombra con el “diálogo” y la Alianza-PLI.  Es que  a nadie más que a él le conviene un “diálogo” para seguir “de victoria en victoria”. Primera victoria: a cambio de reconocer su ilegitimidad –que, además, le es imposible ocultarla— cambiaría a varios individuos, pero quedándose con el control de los poderes del Estado; segunda: con esos cambios cosméticos, agradaría a sus aliados vergonzantes de la burguesía (Cosep, etcétera); tercera: le restaría armas críticas a los jerarcas católicos; cuarta: ganaría puntos a favor de su Cardenal privado, pues, una vez más, gustoso, le daría su bendición a otra “victoria” orteguista; quinta: lograría desprestigiar a la Alianza-PLI ante sus votantes; sexta: metería una cuña envenenada en su estructura.

Con el hecho de aceptar  “el diálogo”, Ortega, ¿quedaría legitimado automáticamente, como presidente de Nicaragua? No ante la Constitución, pero sí, internacionalmente. Y ese es el milagro que Ortega espera se lo haga la Alianza-PLI, sin necesidad de tener que rezarles a sus santos.  

¿Quién ignora esto?: Ortega ha construido su pedestal en la cumbre del poder con sentido de propiedad, violando todas las leyes. Y pedirle que destruya su pedestal, cuando ya lo está disfrutando a plenitud, no parece muy sagaz.  En términos comparados –y no tan despistados— sería como pedirle a alguien que ha robado en tu casa, que se arrepienta y se siente a “dialogar” con vos, para pedirle que te devuelva lo robado.

Además de inútil, es triste. Incluso, viendo esta situación con sentido de caridad pública, el único argumento para justificarlo es: que no hacer nada –es decir, no dialogar con Ortega— “le haría más daño al país.” Lo que haría más daño al país, sería destruir la unidad lograda a través de la Alianza-PLI por causa del “diálogo”, acomodarse a la situación irregular que vive el país y renunciar a la lucha franca. 

La historia es imborrable, y la han recordado ya muchos ciudadanos: no ha habido pactos, componendas, arreglos o diálogos políticos que no se hayan hecho esgrimiendo los intereses del país, pero la experiencia histórica dice que le han causado tanto daño, que hasta hoy no se ven las soluciones para sacarlo del sótano del desarrollo centroamericano, ya no digamos latinoamericano.

Y no es que los diálogos sean malos por sí mismos, sino que se han utilizado para favorecer mezquinos intereses de los oligarcas de todos los colores y origen social (el clan Ortega-Murillo, es ejemplo de eso). Lo que queda en el fondo, es un problema vital para la democracia: que los pactos políticos, abiertos o disfrazados, se han montado al margen, en contra o sobre las constituciones.