Necesidad, oportunidad y riesgo

“Saber que se puede, querer que se pueda” (Color Esperanza, Diego Torres)

17 de marzo de 2012

(Edición No. 190)

A raíz del fraudulento proceso electoral de noviembre 2011, han sido numerosas las voces nacionales e internacionales que se han alzado reclamando transformaciones profundas en el sistema electoral, incluyendo autoridades del mismo, como paso primario e indispensable en el proceso más amplio de rescate de la institucionalidad democrática.

El gobierno ha permanecido sordo frente a esos legítimos reclamos y, por el contrario, como si no le apretara el zapato, de manera irresponsable se ha limitado a hacer uso de la sorna para dejar caer una y otra vez rumores de “negociaciones” con el único ánimo de desprestigiar a la Alianza PLI, estableciendo un paralelismo entre esas supuestas negociaciones y los pactos prebendarios y antidemocráticos del pasado.

Pero no se crea, al gobierno le aprieta el zapato. El entorno de factores nacionales e internacionales que ha favorecido hasta ahora a Ortega se ha relativamente desconfigurado, y otro proceso electoral como en 2008 y 2011 sería la gota de agua que rebalsaría el vaso de sus adversidades. Su lerda reacción frente a las demandas de un diálogo serio, abierto y transparente se explica, por un lado para ganar tiempo frente a las elecciones municipales de noviembre y, por otro, para que la oposición llegue desgastada y dividida al diálogo.

Como recientemente se acentuaron las informaciones sobre un eventual diálogo, he señalado que el mismo es una necesidad, una oportunidad y un riesgo.

Es una necesidad porque la actual situación de ilegalidad, con un Presidente de la República de facto, una Corte Suprema integrada por gran número de Magistrados de facto, un Consejo Electoral de facto, una Contraloría de facto, y un sistema electoral absolutamente colapsado, debe ser superada. Esa situación de facto está incubando inseguridad jurídica, desconfianza política y  una nueva recurrencia de la violencia, porque cuando las puertas del derecho se cierran se abren las puertas de los hechos. De modo que el diálogo y la negociación abierta y transparente son una necesidad, si de actuar con responsabilidad frente al país y las futuras generaciones se trata. Hay que atajar, ahora, con menos costo, las situaciones de violencia que tanto hemos conocido, y que están haciendo explotar regímenes autoritarios en todo el mundo.

Es una oportunidad porque no se trata solamente de superar esa situación de facto, sino de empezar un proceso que remueva las causas que dieron origen a que el Estado de Derecho Democrático esté en escombros.

Es un riesgo porque Ortega puede utilizar el diálogo para dividir a la oposición, y desprestigiarla, o simplemente para maquillar su gobierno de facto. Son varias las prevenciones que pueden tomarse al respecto. Sin ánimo ni pretensión de establecerlas todas, hay algunas que resultan indispensables. La primera, el mega-objetivo: se trata de refundar el país, alcanzando acuerdos que coloquen a Nicaragua más allá de la excluyente polarización sandinismo-antisandinismo, que dominó durante tres décadas, pero ya está agotada. Debemos construir un país de todos y para todos, y en ese sentido recuperar la posibilidad de alternabilidad en el poder, sin consecuencias negativas dramáticas para ningún sector, es esencial.

Segundo, y aunque los resultados del diálogo deberían terminar en la Asamblea Nacional, no se puede aceptar que el desequilibrio que ahí existe entre las bancadas sea expresión de la correlación real de fuerzas a nivel del país, porque la integración de la Asamblea es producto de un proceso electoral irregular de cuyos verdaderos resultados no se tiene en absoluto certeza. Se trata de un diálogo entre iguales, en que las partes deben despojarse de complejos de mayoría o minoría.

Tercero, y vinculado a lo anterior, no se trata solamente de un diálogo entre políticos. Como lo han señalado líderes religiosos, del diálogo deben formar parte otros actores importantes  -gremiales, religiosos, sociales-  porque se trata de un diálogo nacional y no partidario.

Cuarto, en torno al mega-objetivo de refundar a Nicaragua, deben establecerse los contornos estratégicos de unas pocas políticas de Estado  -en educación, salud, energía, infraestructura, derechos de propiedad-  que nos saquen de la pobreza y el atraso.

Quinto, el diálogo debe establecer un mecanismo de verificación y seguimiento que de confianza en el cumplimiento de sus acuerdos.

Así las cosas, no hay que temer al eventual diálogo. 

Los pequeños, también importan

Cuando hace pocas semanas comentamos casos de abusos de las autoridades en materia de derechos de propiedad, en verdad procesos de reconfiscación, indicamos que los mismos adquirían notoriedad ya fuese por la envergadura de las propiedades en cuestión o la visibilidad de los personajes involucrados. Pero indicábamos, a continuación, que los conflictos de propiedad eran bastante más numerosos, y que con el actual gobierno de Ortega se venían incrementando.

Recientemente, y en buena hora porque se trata de un caso relativamente modesto, aunque para el afectado es la totalidad de su vida, tuvo trascendencia noticiosa el caso de un mediano propietario de las inmediaciones del Memorial Sandino, en los suburbios de Managua, supuestamente afectado en sus derechos por una Procuraduría General de la República que resulta cada vez más escandalosamente abusiva.

Ayer me llamaron de San Juan del Río Coco, en el Departamento de Madriz, informándome de supuestos abusos del Alcalde Orteguista de ese municipio que no solamente habría despojado de su propiedad a un ciudadano, sino que habría obtenido el encarcelamiento del mismo e incluso de su abogado defensor.

El caso debe ser investigado periodística y judicialmente, pero también debería ocupar la atención de los Organismos de Derechos Humanos y del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP).

Lo que quisiera destacar es que el COSEP y otros organismos gremiales del sector privado también deberían involucrarse cuando de estos casos de pequeños y modestos propietarios se trate, como el que supuestamente se ha dado en San Juan del Río Coco, porque así como la libertad es indivisible  -no puede haber libertad para unos y no para otros-  tampoco el respeto a los derechos de propiedad es divisible, que se irrespete para unos y no se termine irrespetando para todos.