"Los
indígenas, que estaban predestinados a ser campesinos, obreros, porteros o
meseros, hoy son ministros, legisladores, directores de empresas públicas,
magistrados de justicia, gobernadores o presidente"
|
Además de ser el vicepresidente de Bolivia,
Álvaro García Linera es uno de los intelectuales de izquierda latinoamericanos
más relevantes en el continente. Aunque su carrera original es la de matemático
(la estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México), se formó como
sociólogo en la cárcel y en la práctica.
Él ha teorizado la experiencia de transformación
boliviana como nadie lo ha hecho, es decir, con originalidad, profundidad y
frescura. Y la experiencia boliviana hoy es una referencia obligada y cada vez
con mayor ascendencia en el movimiento popular latinoamericano. García Linera
conoce y domina a profundidad el marxismo clásico, pero está muy lejos de ser
doctrinario. Su pensamiento está muy influido por la obra de Pierre Bordieu.
En entrevista con La Jornada, el
vicepresidente señala que el hecho fundamental que se ha vivido en el actual
proceso de transformación política en curso es que los indígenas, que son
mayoría demográfica, hoy son ministros y ministras, diputados, senadores,
directores de empresas públicas, redactores de constituciones, máximos
magistrados de la justicia, gobernadores; presidente. Este hecho señala es la mayor revolución social e
igualitaria acontecida en Bolivia desde su fundación.
García Linera caracteriza el modelo
económico de su país como posneoliberal y de transición poscapitalista. Un
modelo que ha recuperado el control de los recursos naturales que estaban en
manos extranjeras para colocarlos en manos del Estado, dirigido por el
movimiento indígena.
Hace seis
años que ustedes gobiernan Bolivia. ¿Se ha avanzado realmente hacia la
descolonización del Estado?
En
Bolivia, el hecho fundamental que hemos vivido ha sido que aquellas personas,
mayoría demográfica antes y hoy, los indígenas, los indios, a quienes la
brutalidad de la invasión y los sedimentos centenarios de la dominación habían
establecido en el propio sentido común de las clases dominantes y las clases
dominadas, que estaban predestinados a ser campesinos, obreros de bajo oficio,
artesanos informales, porteros o meseros, hoy son ministros y ministras,
diputados, senadores, directores de empresas públicas, redactores de
constituciones, máximos magistrados de la justicia, gobernadores; presidente.
La
descolonización es un proceso de desmontamiento de las estructuras
institucionales, sociales, culturales y simbólicas que subsumen la acción
cotidiana de los pueblos a los intereses, a las jerarquías y a las narrativas
impuestas por poderes territoriales externos. La colonialidad es una relación
de dominación territorial que se impone a la fuerza y con el tiempo se naturaliza, inscribiendo la dominación en los comportamientos normales, en las rutinas
diarias, en las percepciones mundanas de los propios pueblos dominados. Por
tanto, desmontar esa maquinaria de dominación requiere mucho tiempo. En
particular el tiempo que se necesita para modificar la dominación convertida en
sentido común, en hábito cultural de las personas.
Las
formas organizativas comunales, agrarias, sindicales del movimiento indígena
contemporáneo, con sus formas de deliberación asambleística, de rotación
tradicional de cargos, en algunos casos, de control común de medios de
producción, son hoy los centros de decisión de la política y buena parte de la
economía en Bolivia.
Hoy, para
influir en los presupuestos del Estado, para saber la agenda gubernamental no
sirve de nada codearse con altos funcionarios del Fondo Monetario, del Banco
Interamericano de Desarrollo, de las embajadas estadunidense o europeas. Hoy
los circuitos del poder estatal pasan por los debates y decisiones de las
asambleas indígenas, obreras y barriales.
Los sujetos
de la política y la institucionalidad real del poder se han trasladado al
ámbito plebeyo e indígena. Los llamados anteriormente escenarios de conflicto, como
sindicatos y comunidades, hoy son los espacios del poder fáctico
del Estado. Y los anteriormente condenados a la subalternidad silenciosa hoy
son los sujetos decisores de la trama política.
Este
hecho de la apertura del horizonte de posibilidad histórica de los indígenas,
de poder ser agricultores, obreros, albañiles, empleadas, pero también cancilleres,
senadores, ministras o jueces supremos, es la mayor revolución social e
igualitaria acontecida en Bolivia desde su fundación. Indios
en el poder, es la frase seca y despectiva con la que las
señoriales
clases dominantes desplazadas anuncian la hecatombe de estos seis años.
¿Cómo
caracterizar el modelo económico que se ha puesto en práctica? ¿Es una
expresión del socialismo en el siglo XXI? ¿Es una modalidad de
posneoliberalismo?
Básicamente
posneoliberal y de transición poscapitalista. Se ha recuperado el control de
los recursos naturales que estaba en manos extranjeras, para colocarlo en manos
del Estado, dirigido por el movimiento indígena (gas, petróleo, parte de los
minerales, agua, energía eléctrica); en tanto que otros recursos, como la tierra
fiscal, el latifundio y los bosques, han pasado a control de comunidades y
pueblos indígeno-campesinos.
Hoy el
Estado es el principal generador de riqueza del país, y esa riqueza no es
valorizada como capital; es redistribuida en la sociedad a través de bonos,
rentas y beneficios sociales directos de la población, además del congelamiento
de las tarifas de los servicios básicos, los combustibles y la subvención de la
producción agraria. Intenta priorizar la riqueza como valor de uso, por encima
del valor de cambio. En ese sentido, el Estado no se comporta como un
capitalista colectivo propio del capitalismo de Estado, sino como un
redistribuidor de riquezas colectivas entre las clases laboriosas y en un
potenciador de las capacidades materiales, técnicas y asociativas de los modos
de producción campesinos, comunitarios y artesanales urbanos. En esta expansión
de lo comunitario agrario y urbano depositamos nuestra esperanza de transitar
por el poscapitalismo, sabiendo que también esa es una obra universal y no de
un solo país.
¿Cómo se
ve desde Bolivia el proceso de integración regional? ¿Qué papel juegan Estados
Unidos y España? ¿Qué espacio tienen China, Rusia e Irán?
El
continente latinoamericano está atravesando un ciclo histórico excepcional. Gran
parte de los gobiernos son de carácter revolucionario y progresista. Los
gobiernos neoliberales tienden a aparecer como retrógrados. Y a la vez, la
economía latinoamericana ha desplegado iniciativas internas que le están
permitiendo afrontar de una manera vigorosa los efectos de la crisis mundial.
En particular, la importancia de los mercados regionales y la vinculación con
Asia han definido una arquitectura económica continental de nuevo tipo. Hay que
apostar por profundizar esta articulación regional y, si es posible, por
proyectarnos como una especie de Estado regional de estados y naciones.
Comportarnos como Estado regional en el ámbito del uso y negociación planetaria
de las grandes riquezas estratégicas que poseemos (petróleo, minerales, litio,
agua, agricultura, biodiversidad, industria semielaborada, fuerza de trabajo
joven y calificada..), e internamente, respetar la soberanía estatal y las
identidades nacionales regionales que tiene el continente. Sólo así podremos
tener voz y fuerza propia en el curso de las dinámicas de mundialización de la
vida social.
¿Hay un
papel activo de Washington para sabotear la transformación boliviana en curso?
El
gobierno estadunidense nunca ha aceptado que las naciones latinoamericanas
puedan definir su destino porque siempre ha considerado que formamos parte del
área de influencia política para su seguridad territorial, y somos su centro de
acopio de riquezas, naturales y sociales. Cualquier disidencia a este enfoque
colonial coloca a la nación insurgente en la mira de ataque. La soberanía de
los pueblos es el enemigo número uno de la política estadunidense.
Eso ha
pasado con Bolivia en estos seis años. Nosotros no tenemos nada contra el
gobierno estadunidense ni contra su pueblo. Pero no aceptamos que nadie, absolutamente
nadie de afuera nos tenga que venir a decir lo que tenemos que hacer, decir o
pensar. Y cuando como gobierno de movimientos sociales comenzamos a sentar las
bases materiales de la soberanía estatal al nacionalizar el gas; cuando
rompimos con la vergonzante influencia de las embajadas en las decisiones
ministeriales; cuando definimos una política de cohesión nacional enfrentando
abiertamente las tendencias separatistas latentes en oligarquías regionales, la
embajada de Estados Unidos no sólo apoyó financieramente a las fuerzas
conservadoras, sino las organizó y dirigió políticamente, en una brutal
injerencia en asuntos internos. Eso nos obligó a expulsar al embajador y luego
a la agencia antidrogas de ese país (DEA).
Desde
entonces los mecanismos de conspiración se han vuelto más sofisticados: se usan
organizaciones no gubernamentales, se infiltran a través de terceros en las
agrupaciones indígenas, dividen y proyectan liderazgos paralelos en el campo
popular, como quedó recientemente demostrado mediante el flujo de llamadas
desde la propia embajada a algunos dirigentes indígenas de la marcha del
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), el año pasado.
En todo
caso, nosotros buscamos relaciones diplomáticas respetuosas, pero también
estamos atentos a repeler las intervenciones extranjeras de alta o baja intensidad.
Desde
algunos sectores de izquierda se ha señalado que el bloque conservador ha
logrado rearticularse y tomado la ofensiva, mientras el movimiento social que llevó
al MAS al poder ha sido absorbido por la política institucional. ¿Es correcta
esta apreciación?
Hoy el
bloque conservador, de oligarquías extranjerizantes, no tiene un proyecto
alternativo de sociedad capaz de articular una voluntad general de poder. El
horizonte de la actual política boliviana está marcado por un trípode virtuoso:
la plurinacionalidad (pueblos y naciones indígenas al mando del Estado); la
autonomía (desconcentración territorial del poder), y la economía plural
(coexistencia articulada por el Estado de diversos modos de producción).
Derrotado
temporalmente el proyecto neoliberal de economía y sociedad de la derecha, lo
que hoy caracteriza a la política boliviana es la emergencia de tensiones creativas en el interior del mismo bloque nacional-popular en el poder.
Pasados los grandes momentos de ascenso de masas, donde se construyó el ideario
universal de las grandes transformaciones, el movimiento social vive en algunos
casos un proceso de repliegue corporativo. Tienden a prevalecer por momentos
intereses locales por encima de los nacionales, o las organizaciones se
enroscan en pugnas internas por el control de cargos públicos. Pero también
emergen nuevas temáticas no previstas sobre cómo conducir el proceso
revolucionario. Es el caso del tema de la defensa de los derechos de la madre
tierra, tensionados con la exigencia también popular de industrializar los
recursos naturales.
Como se ve, se trata de contradicciones en
el interior del pueblo, tensiones que someten a debate colectivo el modo de
llevar adelante los cambios revolucionarios. Y eso es sano, es democrático y es
el punto de apoyo de la renovación vivificante de la acción de los movimientos
sociales. Aunque también se trata de contradicciones que podrían ser usadas por
el imperialismo y las fuerzas de derecha agazapadas que de modo ventrílocuo y
travestido proyecten sus intereses de largo plazo, a través de algunos sujetos
populares y de discursos aparentemente altermundistas y ecologistas.
En
septiembre del año pasado, la marcha de los pueblos indígenas en defensa del
TIPNIS y en contra de la construcción de una carretera fue reprimida por la
policía. El hecho fue presentado ante la opinión pública como la pérdida de
apoyo indígena al gobierno de Evo Morales. Se afirmó que el gobierno boliviano
se empecinó en construir la carretera porque había recibido apoyo económico de
la empresa petrolera brasileña OAS. ¿Es cierto?
La
población indígena en Bolivia, al igual que en Guatemala, es mayoritaria
respecto del resto de los habitantes. El 62 por ciento de los bolivianos son
indígenas. Las principales naciones indígenas son la aymara y la quechua, con
cerca de 6 millones de personas ubicadas principalmente en el altiplano, los
valles, las zonas de yungas y también en tierras bajas. Otras naciones
indígenas son los guaraníes, moxeños, yuracares, chiman, ayoreos y otras 29 que
habitan la Amazonia, la Chiquitania y el Chaco en tierras bajas. La población
total de estas naciones de tierras bajas se estima entre 250 mil y 300 mil habitantes
en total.
El
conflicto sobre el TIPNIS ha involucrado a algunos pueblos indígenas de tierras
bajas, pero se mantiene el apoyo de los indígenas de tierras altas y valles,
que son 95 por ciento de la población indígena de Bolivia. Y de los indígenas
movilizados, la mayor parte eran dirigentes de otras zonas que no son
precisamente del TIPNIS, pero que cuentan con un apoyo sistemático de
organismos no gubernamentales ambientalistas, varias de ellas financiadas por
la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), además
del respaldo de las principales redes de comunicación televisiva privada, de
propiedad de viejos militantes de la oligarquía separatista, y con amplia
influencia en la construcción de la opinión pública de clase media. Estos días
ha llegado a La Paz otra marcha, también de indígenas de tierras bajas, y con
mayor presencia de indígenas del TIPNIS, que demandan la construcción de la
carrtera por el parque, argumentando que no es posible que se los margine de
los derechos a la salud, educación y transporte, a los que hoy sólo pueden
acceder después de días de caminata.
El
problema es complejo. Están entremezclados temas propios del debate
revolucionario, como el del difícil equilibrio entre el respeto a la madre
tierra y la necesidad urgente de vincular al país después de siglos de
devertebración aislacionista de regiones. Está el debate entre la relación
orgánica y el liderazgo de los pueblos indígenas de tierras altas en el Estado
plurinacional, diferente a la relación aún ambigua con el Estado plurinacional
por parte de los pueblos indígenas de tierras bajas.
Pero
también está de por medio la estrategia de la oligarquía regional cruceña de
impedir esa carretera, que desvincularía la actividad económica de toda la
Amazonia de su control empresarial. Está el interés estadunidense de resguardar
la Amazonia como su reservorio de agua y biodiversidad, y el de promover
divisiones entre los liderazgos indígenas para crear condiciones para la
expulsión de los indígenas del poder estatal. Está el interés de algunas ONG
acostumbradas a hacer grandes negocios privados con los parques.
En todo caso, en medio de esta trama de
intereses, como gobierno tenemos que tener la capacidad de resolver
democráticamente las tensiones internas, y de develar y neutralizar los
intereses contrarrevolucionarios que muchas veces se visten de ropaje
seudorrevolucionario.
¿Por qué
construir esa carretera a pesar de la oposición de una parte de la población?
Por tres
motivos. El primero, para garantizar a la población indígena del parque el
acceso a los derechos y garantías constitucionales: agua potable para que los
niños no se mueran de infecciones estomacales. Escuelas con profesores que
enseñen en su idioma, preservando su cultura y enriqueciéndola con las otras
culturas. Acceso a mercados para llevar sus productos sin tener que navegar en
balsas una semana para vender su arroz o comprar sal 10 veces más cara que en
cualquier tienda de barrio.
El
segundo motivo, la carretera permitirá vincular por primera vez la Amazonia,
que es una tercera parte del territorio boliviano, con el resto de las regiones
de los valles y altiplano. Bolivia mantiene aislada a la tercera parte de su
territorialidad, lo que ha permitido que la soberanía del Estado sea sustituida
por el poderío del patrón de hacienda, del maderero extranjero o el
narcotraficante.
Y el tercer motivo es de carácter
geopolítico. Las tendencias separatistas de la oligarquía, que estuvieron a
punto de dividir Bolivia en 2008, fueron contenidas porque se les derrotó
políticamente durante el golpe de Estado de septiembre de ese año, y porque
parte de su base material, la agroindustria, fue ocupada por el Estado. Sin
embargo, hay un último pilar económico que mantiene en pie a las fuerzas
retrógradas de tendencias separatistas: el control de la economía amazónica,
que para llegar al resto del país, obligatoriamente, tiene que pasar por el
procesamiento y financiación de empresas bajo control de una fracción
oligárquica asentada en Santa Cruz. Una carretera que vincule directamente la
Amazonia con los valles y el altiplano reconfiguraría radicalmente la
estructura de poder económico regional, derrumbando la base material final de
los separatistas y dando lugar a un nuevo eje geoeconomico al Estado. Lo paradójico
de todo esto es que la historia haya colocado a algunos izquierdistas como los
mejores y más locuaces defensores de los intereses más conservadores y
reaccionarios que tiene el país.
Se ha
dicho que Bolivia sigue siendo un abastecedor de materias primas en el mercado
internacional y que el modelo de desarrollo en práctica (que algunos analistas
han calificado como extractivista) no cuestiona este papel. ¿Es cierto? ¿Se
trata de una fase transitoria de acumulación que se acompaña de una
redistribución de la renta?
Ni el
extractivismo ni el no-extractivismo, ni el industrialismo son una vacuna
contra la injusticia, la explotación y la desigualdad. En sí mismos, no son ni
modos de producir ni modos de gestionar la riqueza. Son sistemas técnicos de
procesar la naturaleza mediante el trabajo. Y dependiendo de cómo se usen esos
sistemas técnicos, de cómo se gestione la riqueza así producida, se podrá tener
regímenes económicos con mayor o menor justicia, con explotación o sin
explotación del trabajo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario